En la última década, los feminismos y las disidencias se transformaron en unos de los movimientos más importantes de Argentina y de toda América Latina. A pesar de los avances en la región en materia de reconocimiento de derechos, la llegada de la pandemia amplificó desigualdades históricas en el plano social y económico y su impacto fue mayor en estos sectores.
La Obra Pública se ha caracterizado por ser un sector masculino por excelencia y ciego a planificar, diseñar, ejecutar y evaluar en base a criterios que tomen en cuenta la perspectiva de género y generacional. De acuerdo a estimaciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la cantidad de puestos de trabajo de mujeres en el sector osciló entre el 3% y el 5% en los últimos cinco años. La construcción de un paradigma innovador, abierto, federal en el rubro requiere indefectiblemente tomar esta variable de análisis y transformarla como uno de sus ejes centrales.
En este #8M, es importante reflexionar sobre la visibilización de los derechos de las mujeres y diversidades y sobre la importancia de pensar una obra pública igualitaria y transparente como parte de la lucha.
Incluir nuestras demandas y necesidades en la planificación, diseño, gestión y ejecución de las obras requiere de mecanismos de participación ciudadana y de datos concretos que permitan tomar decisiones basadas en evidencia.
Saber, por ejemplo, dónde se van a localizar las obras, a quiénes benefician, cuál es su cobertura territorial son aspectos claves para cerrar brechas de género, cuidados y generacionales y pensar el impacto que la Obra Pública puede tener en la vida diaria de mujeres y diversidades.
En medio de discursos negacionistas acerca de cuál debe ser rol del estado en las sociedades, se vuelve esencial que los gobiernos progresistas de la región incorporen dentro de su agenda una mirada integral acerca de las políticas públicas distributivas que esté atravesada de lleno por mecanismos de participación, acceso a la información, datos para el cierre de brechas y rendición de cuentas.
En este sentido, la pregunta que subyace es: ¿por qué la transparencia debe articularse a la lucha de las mujeres y disidencias para impulsar el desarrollo y cerrar brechas? ¿Y por qué esta agenda es central para gestionar la Obra Pública?
Información y datos abiertos para el empoderamiento
En primer lugar, es importante mencionar que la elaboración de datos abiertos a la ciudadanía contribuye de forma directa al fortalecimiento de los sistemas democráticos, ya que se requiere información para conocer, controlar, analizar, denunciar, militar, participar, etc.
Un modelo de gestión que atienda las necesidades y demandas de los colectivos de mujeres debe contar con información certera, en base a evidencia, que posibilite crear y consolidar políticas públicas concretas y perdurables en el tiempo. No es posible pensar en proyectos que busquen reducir brechas sin antes tener información basada en evidencia de cómo es la situación histórica, económica, social y federal. Los datos abiertos establecen criterios claros para luego materializarlos en obras.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación e impulsado por la decisión política del ministro Gabriel Katopodis, se han dado pasos sólidos en la búsqueda de la promoción de la perspectiva de género y la transparencia en todo el ciclo de vida de la Obra Pública con el objetivo claro de avanzar en la modificación de estructuras naturalizadas históricamente.
En esta línea, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, desde la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas se desarrolló un Índice de Inequidades en la Primera Infancia para poder identificar dónde emplazar los Centros de Desarrollo Infantil que se enmarcan dentro del programa de Infraestructura de Cuidados del MOP. A partir de esta metodología, se pueden establecer prioridades que orienten las acciones prioritarias en la cartera.
Las tareas del cuidado intensifican la carga de trabajo en los hogares monoparentales con jefatura femenina y esto impide que las mujeres obtengan mayor autonomía. El horizonte debe estar puesto en la reducción gradual de las brechas y para ello se requiere de inversión en obras de Infraestructura del Cuidado (aquellas que buscan garantizar el derecho a cuidar y ser cuidada/o).
En los últimos tiempos, los discursos oscurantistas en torno al manejo de las administraciones estatales comenzaron a formar parte del debate público, por lo que las experiencias en relación a la creación de plataformas digitales libres y abiertas que incorporen a la rendición de cuentas como un eje central, es decir que tengan una vocación por el conocimiento de la comunidad y democraticen la información, hacen posible imaginar un cambio de paradigma orientado a las exigencias que plantea el siglo XXI.
Hay aquí un punto clave: debemos empoderar a la ciudadanía para demandar evidencia en las políticas públicas. No alcanza con presentar información, sino que se debe construir una cultura que requiera que estos mecanismos estén a su alcance para luego traducirlos en impactos reales en su vida diaria. Las soluciones que nos ofrecen los avances tecnológicos generan las condiciones necesarias para que los estados se acerquen cada vez más a los barrios y a las organizaciones y, por ende, a sus necesidades.
Las nuevas políticas públicas son con participación
Por otra parte, no podemos pensar en agendas feministas y progresistas dejando de lado la necesidad de ampliar la participación en las políticas públicas. Los espacios de diálogo con los diversos actores que forman parte de la comunidad permiten no solamente amplificar los procesos de toma de decisión de los gobiernos, sino también recuperar demandas históricas y traducirlas en acciones ancladas directamente sobre los reclamos de mujeres y disidencias.
Un ejemplo claro que sucede en el ámbito de la Obra Pública tiene que ver con la consolidación del Observatorio de la Obra Pública, un espacio de articulación que creó el Ministerio de Obras Públicas de la Nación entre universidades, sindicatos, cooperativas, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, que construye políticas de manera colectiva de cara a la sociedad civil.
Más de 40 pliegos con perspectiva de género ya han sido implementados a partir del aporte de instituciones que forman parte del Observatorio y, entre sus particularidades, se destaca la utilización de lenguaje inclusivo, la obligatoriedad de contar con servicios sanitarios por sexo y el cumplimiento de entregar talles y números de indumentaria y de calzados correspondientes al personal. Y esto no hubiera sido posible sin la articulación y el trabajo colectivo con otras y otros, que acercan experiencias, mejoran la propuesta y amplían el proyecto en estos espacios.
Monitorear, evaluar y controlar para mejorar el impacto
Por último, los avances de la lucha feminista demandan fomentar una cultura de la evidencia y del aprendizaje en el quehacer público para amplificar el impacto de las intervenciones estatales y mejorar sus resultados.
Hace tiempo se viene hablando que la gestión pública debe enfocarse en los resultados y en el impacto que tienen las intervenciones. En esto es central abordar un nuevo modelo de gestión abierto e innovador, que genere las condiciones necesarias para que la ciudadanía conozca con precisión cada uno de los pasos que se producen en el ciclo de vida de las Obras Públicas.
Un paso concreto en este sentido es MapaInversiones, una plataforma de datos abiertos desarrollada desde el Ministerio de Obras Públicas y de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que brinda la posibilidad a la comunidad de saber en tiempo real el estado de los proyectos y obras que impulsa la cartera, así como también efectuar preguntas por parte de la ciudadanía que son respondidas desde el área de transparencia. Hoy cuenta con más de 5.900 obras y 960 proyectos y es la plataforma que ha sido más visitada de toda la región latinoamericana con 1.6 millones visitas.
Cada una de las políticas que se impulsan desde el Estado deben tener la capacidad de ser monitoreadas y evaluadas en las diferentes etapas en las que se encuentran. De esta manera, la toma de decisión se realizará en base a evidencia empírica, fortaleciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía. Los mecanismos de seguimiento son cruciales para construir un modelo orientado a resultados.
Esta es una agenda del feminismo
El feminismo y los movimientos disidentes han transformado históricamente los reclamos y las demandas individuales en una cuestión política y social de primer orden.
En el marco de una nueva edición del 8M, las calles vuelven a ser ocupadas por millones de personas que se movilizan para hacerle frente a las estructuras de dominación patriarcal. La generación de herramientas que le permitan a la ciudadanía no sólo controlar las políticas que afectan su cotidianidad, sino también intervenir en los procesos de gestación de las mismas resulta clave para construir un estado que incorpore demandas y las reconvierta en derechos.
La lucha debe darse también en la Obra Pública, con perspectiva de género, transparencia y participación ciudadana.
Mirá la publicación del Observatorio de la Obra Pública para el 8M:
