Finalmente, Argentina y el Fondo Monetario Internacional dieron por cerrada las negociaciones del programa de facilidades extendidas para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones. Uno de los puntos que había trabado el acuerdo era la reducción de subsidios a las tarifas de energía en un contexto de precios internacionales al alza e incertidumbre por la invasión rusa en Ucrania.
Finalmente, y tal como adelantó El Economista, el Gobierno anunció ayer que avanzará en una segmentación diferente a la planteada originalmente al organismo en tres niveles que, salvo para el 10% al que se le quitarán plenamente los subsidios, tendrán subas en sus boletas inferiores a la variación salarial del año pasado. Este esquema estará vigente durante 2022 y 2023.
Sin embargo, con este nuevo esquema no habría una reducción de los subsidios. “Hasta que no estén los anexos del acuerdo no se sabrá con exactitud cuál será la evolución de los subsidios a futuro. Lo seguro es que la tendencia es al alza, más en un contexto en el que los precios internacionales de la energía están en aumento”, aseguró ante El Economista el economista jefe del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss.
Guzmán logró imponerse al sector cristinista, que había intentado ponerle un techo de 20% a la suba de las tarifas
“Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”, afirmó el Ministerio de Economía en el comunicado por el cual dio a conocer el entendimiento con el FMI.
En el marco de los objetivos de estrategia energética, explicaron, está determinado a lograr niveles de tarifas “razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales, añadieron.
Por su parte, el organismo resaltó la importancia de que el programa consensuado genere una “mejora creíble” de las finanzas públicas. “Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento, y políticas de gastos, que reduzcan los subsidios energéticos no focalizados y se reorienten hacia inversiones sociales y de infraestructura más productivas, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y apoyar la recuperación”, sostuvo el FMI.
La segmentación
Los lineamientos del plan tarifario fueron anunciados ayer por la mañana en la habitual conferencia de prensa que realiza los jueves la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien había adelantó que se estaban finalizando los trazos finos del acuerdo pero que el tema de los subsidios, la traba de las últimas semanas, estaba zanjado.
En concreto, para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, que había sido vetada por el presidente Mauricio Macri en 2018. Ese será el parámetro que, previa audiencia pública convocada para finales de abril de 2022, servirán para aplicar el sendero del bienio 2022-2023.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía aseguró que esta será una nueva propuesta tarifaria “con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”.
En detalle, las tarifas de los sectores de menores ingresos, que tienen tarifa social, aumentarán durante este año sólo 40% de lo que lo hicieron los salarios medidos por el índice de variación salarial durante 2021 mientras que habrá subas del 80% de ese indicador para los demás hogares.
Mientras tanto, habrá un universo que todavía no está del todo definido al cual se le comenzará a cobrar la tarifa plena sin ningún tipo de subsidios para los que se esperan aumentos del 200% en su factura, es decir, pagarán el triple del valor habitual. Si pagaban boletas de $1.000, ahora abonarán $3.000, explicó Einstoss.
“Si se comienza la audiencia pública a finales de abril, recién los cuadros tarifarios estarán listos en mayo por lo que en julio recién se haría efectivo la segmentación. Medio año sin modificaciones que implicará un mayor gasto en subsidios”, explicó el economista.
Einstoss proyectó que el gasto en subsidiar las tarifas seguirá previsto en US$ 15.000 millones para 2022. Vale recordar que el año pasado esas erogaciones representaron US$ 11.000 millones.
Por otro lado, Economía afirmó que durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios B y C.
Para el 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario. Esto significa que se contarán dentro de las nuevas subas a partir de abril las actualizaciones anunciadas del 20% para electricidad y 17% del gas.
Según el Indec, el CVS se incrementó 53,4% durante 2021 y, por lo tanto, para los beneficiarios de la tarifa social las subas serán sólo del 20% ya anunciado. Mientras tanto, para el universo de usuarios “medios” la suba debería ser del 43% por lo que quedaría pendiente una actualización del 23%. El 10% de mayor poder adquisitivo, pagará la tarifa plena.
Además, la propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), como las industrias, y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Plan de mediano plazo
En paralelo a este anuncio, el Gobierno aseguró que se desarrollará también un “plan energético de mediano plazo con acciones a llevar adelante en los próximos meses y años. Estas medidas vienen siendo planteadas entrelíneas por el ministro Guzmán en sus intervenciones públicas y privadas.
- Incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable.
- Reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza.
- Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso.
- Fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos.
- Asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.
