El pasado lunes 2 de septiembre hemos festejado el Día de la Industria, en un momento en el que nuestro país atraviesa una intensa transición política, económica y posiblemente también cultural. En este contexto, quisiera compartir algunas reflexiones.
Una política industrial efectiva sólo es posible en un entorno macroeconómico estable, con una inflación baja y predecible, finanzas públicas equilibradas y un sistema financiero confiable. Estas condiciones son necesarias, aunque no suficientes, para que se puedan tomar decisiones de inversión, generar empleos de alta calificación y planificar a largo plazo. Ello es válido para la industria y para cualquier sector productivo.
Sin una política económica que genere estabilidad y previsibilidad no hay política industrial sostenible y con resultados virtuosos para toda la sociedad.
A modo de ejemplo, en los últimos catorce años en la cadena automotriz, y a pesar de contar con políticas específicas, unas 50 empresas autopartistas cerraron sus puertas y varios proyectos para nuevos vehículos se quedaron en el camino. O mejor dicho en la banquina.
Con una macroeconomía más ordenada es posible empezar a pensar en una política industrial focalizada en la inversión privada y la innovación de productos y procesos.
Hay que remarcar que no alcanza con diseñar una política industrial o sectorial en los papeles, en el pizarrón o en una norma, sino que también se debe contar con las capacidades de gestión institucionales. La burocracia se ha fagocitado varias políticas sectoriales bien intencionadas y bien diseñadas, malgastando recursos económicos y humanos.
La industria ha sido, es y debe ser en el futuro, un factor fundamental de prosperidad y bienestar para nuestro país tal como ocurre en los países más desarrollados.
La globalización es cada vez más dinámica y con redefiniciones derivadas del offshoring, nearshoring, reshoring y friendshoring; las que sumadas a una muy rápida evolución tecnológica generan oportunidades y amenazas.
Ello ha transformado las dinámicas industriales en todo el mundo, a lo cual indefectiblemente nos debemos adaptar. Pero la inserción a las cadenas de valor globales, como la automotriz-autopartista, requiere de un shock de competitividad y de inversiones en estricta sincronicidad con la agenda comercial. Sin esta sincronicidad se corren riesgos de transformar oportunidades en amenazas.
Mientras la industria automotriz-autopartista puja a nivel global por inversiones, la micro de cada empresa debe lidiar con una presión tributaria de los tres niveles de gobierno que asfixia a la producción.
Al mismo tiempo que se desarrollan vehículos con nuevas motorizaciones, autónomos y conectados; en muchos casos las empresas deben organizar su producción según convenios laborales de 1975. Tenemos un capital humano demasiado valioso como para no aprovechar todo su potencial dentro de esquemas laborales modernos y que promuevan el desarrollo personal y organizacional en forma dinámica.
El RIGI brinda una excelente oportunidad para grandes inversiones, con un esquema que busca romper con una historia de justificada desconfianza. Estamos ante otro ejemplo del desafío que implica su reglamentación e implementación, para que los esfuerzos tengan el mayor impacto positivo que sea posible sobre las cadenas de valor involucradas.
En esta transición surgen diferentes posiciones, con diferentes "ismos" en sus apelativos. De todas sus variantes el que debería prevalecer por sobre todos es el pragmatismo.
Es importante evitar políticas que distorsionen precios y generen ineficiencias en la asignación de los siempre escasos recursos, pero deben garantizarse reglas de juego equitativas para que en una sana competencia "gane el mejor". Dentro del pragmatismo debería actuarse en consecuencia frente a las economías que no son de mercado y que utilizan el comercio como un medio para el logro de objetivos geopolíticos.
Con una política económica previsible, una política industrial pragmática es un potenciador para el crecimiento, el empleo, la competitividad y la innovación, promoviendo un entorno favorable para la inversión, y una sana y equitativa competencia.
