Por Alejandro Radonjic
El déficit fiscal no es la variable más mirada por el gran público, aunque quizás sea la más importante y la que se ubique detrás de la explicación de los demás números. En concreto: a la hora de lucubrar proyecciones sobre qué será de la economía criolla hay que mirar, sin falta, las cuentas públicas.
¿Cómo estamos hoy? El Gobierno aspira a cerrar el 2017 con un rojo primario de 4% (un sobrecumplimiento de la meta de 4,2%) y uno total (incluye el costo de la deuda) de más de 5%. La suma se agranda si se incluye el rojo de las provincias, el BCRA y otros, aunque ese no es el dato que más mire el mercado ni el que se estile contabilizar.
Sin embargo, los números son algo más crueles. Según LCG, el déficit primario real de 2017 será de 4,9% del PIB. Es decir, sin el blanqueo ni los gastos adelantados a fines de 2016. “Corrigiendo por estos factores, el déficit primario de 4,2% del PIB de 2017 se elevaría a 4,9% del PIB, lo que exigiría un recorte de 1,7 punto del PIB para alcanzar la meta del año que viene”, dicen en LCG. Recordemos: la meta de 2018 es que el desequilibrio primario no supere el 3,2% del PIB. “Pero sobre esa base, ya muy demandante, se agregarán otras cuestiones que complican todavía más la situación fiscal: 1) la pérdida progresiva de ingresos a manos de las provincias, 2) el intento de empezar a reducir la presión tributaria y, 3) la automaticidad propia de una gran porción del gasto”, dice LCG. “Como hechos que jugarán a favor pueden incluirse la decisión de apropiarse del resultado del Banco Nación por de $ 20.000 millones (0,2% del PIB), contemplados por primera vez a partir del Presupuesto 2018 pero que necesitan aprobación del Congreso, así y los ingresos por revalúo por el cual el Gobierno espera obtener $ 25.0000 millones (0,2% del PIB)”, agregan.
En 2018, el Gobierno seguirá cediendo recursos a las provincias en el marco del Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo (AFF). Deberá devolverles el 60% de la detracción del 15% de la coparticipación que retiene la La Anses (neto de lo que les devuelve a Córdoba, Santa Fe y San Luis a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de estas provincias). Es decir, 9 puntos de los 15,3 puntos más que el año pasado. “Equivale a una pérdida neta de recursos del 0,2% del PIB, y ese goteo a favor de las provincias seguirá vigente hasta 2020, cuando la La Anses deje de percibir el total de esta detracción”.
A su vez, el año que viene comenzará a hacerse efectiva la baja gradual de los derechos de exportación al complejo sojero contemplada en el Decreto 1343/17 de principios de año. Se reducirían a razón de 0,5 punto por mes entre 2018 y 2019. “Esto significará una baja de 6 puntos en el primer año y otros 6 puntos en el segundo, ubicándolos en 18% a fines de 2019 (contra 30% hoy). “El costo acumulado en términos de recaudación (asumiendo que las exportaciones se mantienen constantes con relación al PIB) es de 0,4% del PIB (0,1% en 2018). Para el Gobierno, empero, el impacto se diluye parcialmente porque el 30% de lo recaudado se coparticipa a las provincias a través del Fondo Federal Solidario (FFS)”.
Finalmente, dice LCG, como todos los años, está presente el ajuste automático con que cuenta la mitad del gasto público, a partir de su evolución con la fórmula de movilidad previsional. Esto es, básicamente al gasto en seguridad social (incluyendo jubilaciones, pensiones y otros programas de La Anses). “Por la manera en que fue elaborada dicha fórmula, atando beneficios con la evolución de los salarios formales y con la recaudación de La Anses (para, en teoría, preservar la sostenibilidad del gasto previsional), un proceso de desaceleración de la inflación como el que esperamos también para 2018 garantizaría un fuerte crecimiento real de los beneficios. Concretamen
te, prevemos un aumento de los haberes previsionales y demás beneficios de La Anses del orden 23% anual (acumulado a diciembre) a partir de una suba del 12,9% en marzo y otra del 8,6% septiembre. En términos reales significaría un aumento real del 6,3% anual medido a fin de año”, calcula LCG. “Estimamos que el gasto en seguridad social, por efecto de la movilidad y por impacto del Programa de Reparación Histórica trepará 0,6 punto del PIB en 2018, alcanzando una dimensión equivalente a 13% del PIB”, señala. Contexto: esa suba relativa de 0,6% del PIB es similar a lo que se planea ahorrar en subsidios.
Todo eso a la coctelera estadística. “Así, ajustando el punto de partida del déficit primario que deja el cierre de 2017 (4,9% del PIB) con las cuestiones fiscales que ya tienen vida propia el año que viene (pérdida de ingresos + automaticidad de gasto), el rojo que debe tomarse como base en 2018 se eleva a 5,8% del PIB”, dice LCG. “Bajar ese 5,8% a 3,2% del PIB resultará muy difícil de cumplir”, concluye.
Aun así, la meta proyectada de LCG no se encuentra muy lejos de la que tienen en mente en Hacienda. En rigor, avizoran un rojo de 3,4% del PIB. Su hipótesis es la siguiente: partiendo de ese rojo de 5,8% comentado antes, las transferencias del Banco Nación aportarían 0,2% del PIB; el ahorro en subsidios, 0,7% (estipula una suba de 50% en el boleto de trenes y colectivos); 0,3% aportará la recaudación real, que aumentará con el crecimiento; la obra pública ajustará 0,1 punto; el resto del gasto primario (los operativos, por caso) proveerá un ahorro de 0,7 punto y se adelantarán gastos por 0,2 punto por el sobrecumplimiento de la meta fiscal en 2017. No será fácil.
“En resumen, por la restricción de las metas impuestas, que dejará margen únicamente para aumentar el gasto que ya cuenta con automaticidad propia (seguridad social), la política fiscal terminaría siendo contractiva en 0,8 punto del PIB en 2018”, concluyen en LCG.
