El viernes pasado el Gobierno anunció la capitalización por parte del Estado Nacional de la empresa de tecnología e infraestructura Impsa. La compañía supo ser una de las tres principales multinacionales del país, junto a Arcor y Techint, pero estaba a punto de desaparecer debido a sus deudas.
Impsa se fundó en 1907 dentro del rubro metalúrgico y pasó a transformarse en una de las empresas argentinas más importantes e innovadoras del país. Algunos de sus productos, entre otros, son torres eólicas, puentes grúas, generadores para la industria nuclear o turbinas para centrales hidroeléctricas.
En este último punto se puede destacar la participación en la central hidroeléctrica de Bakún, en Malasia. Esta es considerada la más eficiente de todo el mundo. “Estamos hablando de turbinas que pesan cientos de toneladas, implican meses de diseño, ingeniería, fabricación, con un alto valor agregado en el que Impsa realiza todos esos procesos y exporta a todo el mundo”, aseguró el economista Martín Alfie.
Al borde de la quiebra
En agosto de 2020 la empresa envió una carta al Gobierno requiriendo asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda y no poder participar de licitaciones en otros países debido a que su fragilidad no le permitía tener avales. Primero, el Ministerio de Desarrollo Productivo comenzó a evaluar la situación de la compañía y las diferentes variantes a desarrollar.
El titular de Desarrollo Productivos, Matías Kulfas, la definió en su momento como “una empresa estratégica”. Es que no hay muchas empresas que produzcan ese tipo de equipamientos, centrados sobre todo en generación de energía: se calcula que no hay más de cinco compañías parecidas en todo el mundo.
Los hechos que llevaron a Impsa a una extrema vulnerabilidad tuvieron que ver con un proceso de internacionalización que comenzó en 2010: la apertura de Impsa Brasil y de proyectos de energía hidroeléctrica en Venezuela, principalmente. Para llevar adelante ese proceso pusieron en garantía las operaciones a Impsa Argentina.
Los cambios de Gobierno en la región y la crisis hicieron que fracasaran los dos objetivos externos, y la filial argentina terminó heredando los créditos por venta en Venezuela y los malos resultados en Brasil. La situación la admitió el propio Enrique Pescarmona, nieto del fundador y CEO de la empresa durante 50 años. "El error nuestro fue una percepción errada del Brasil moderno", expresó al diario Perfil.
De este modo, la deuda, que era de US$ 200 millones, pasó a ser de US$ 1.000 millones a finales de 2015. Ya en ese momento, Pescarmona había dejado de ser el accionista mayoritario, debido a la primera reestructuración, y se quedó con el 35% de las acciones, y el 65% restante fue para inversores.
El rescate
A partir del pedido de rescate que realizó Impsa, el Gobierno comenzó a evaluar las posibilidades a la mano. La primera acción fue un informe realizado por dos equipos ad hoc, uno de contadores y economistas y otro de abogados. Allí se determinó que existían algunos riesgos para interferir en el caso Impsa.
El principal riesgo era la posibilidad de un juicio internacional a través del CIADI, tribunal que suele fallar a favor de los acreedores extranjeros y que ponía en peligro una capitalización exitosa. El acreedor principal, el grupo chileno Moneda, era propietario de un bono internacional bajo ley Nueva York en cuyo contrato existía una “cláusula anti expropiación” que decía que si entraba el Estado, la deuda regresaba a las condiciones previas a la reestructuración, es decir que se duplicaba, ya que había sufrido una quita nominal del 50% en la primera reestructuración.
Otros acreedores eran el Banco Nación y en menor medida, el BICE, lo que no representaba un problema para el rescate. Además, el pedido de Impsa se daba justo cuando en la agenda pública estaba el caso de Vicentin, el rescate fallido que intentó Nación y terminó afectando políticamente al Gobierno.
En paralelo, la división Económico Financiera de Desarrollo Productivo concluyó que la única forma de entrar sería con una reestructuración agresiva de la deuda, que para el año 2017 ya había bajado a US$ 500 millones.
En este contexto, la Nación pensó en un esquema de renegociación de deuda con 5 años de gracia más allá del 2019, año de pago; una reducción de los intereses de 10% a 1,5%, y el inicio del pago de capital en 10 cuotas desde el año 2028. Esta fue la primera de las tres etapas del “plan Impsa”.
El segundo paso fue la aplicación del Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp), que especifica que, si una empresa ofrece condiciones para una renegociación de deuda sostenible, el Estado la asiste con el pago del 75% de los salarios. Así el Estado se hizo cargo de ese porcentaje de los sueldos a partir de diciembre pasado y de allí surge la posibilidad de que el mismo ingrese a la empresa vía una ampliación del capital.
La tercera etapa fue finalmente la estatización. Aunque para evitar conflictos ideológicos, los funcionarios de Producción prefirieron siempre utilizar el eufemismo “capitalización”. Otro punto importante era incluir en la negociación al Gobierno mendocino, que es de otro color político, como gesto de buena voluntad y para dar por tierra acusaciones como las que tuvieron lugar con el caso Vicentin.
Trabajo fino
En la última asamblea de Impsa, el 16 de marzo, el 100% de los accionistas votaron a favor de la emisión de nuevas acciones y, a su vez, decidieron en forma unánime no ejercer su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones, para permitir que se ofrezca la suscripción total de dichas acciones al Gobierno nacional y al Gobierno de la provincia de Mendoza.
Durante abril, la Legislatura mendocina convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de esa provincia, a través del cual se autorizó a Mendoza a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa S.A. Esta autorización quedó condicionada a la efectiva participación del Estado nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa.
En concreto, el Estado inyectará un total de $1.362.900.000 al capital de Impsa, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportará $454.300.000, quedándose así con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%), permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora, los Pescarmona.
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Modelo Invap
Retomando, tanto a nivel nacional como provincial, la empresa es considerada “estratégica”. Por eso resultó acertado una intervención de ambos Estados para darle una salida a la situación que no implique la desaparición de la firma.
En su negocio más grueso, las turbinas generadoras, ya sólo en Argentina podría tener potencial de captar unos US$ 2.000 millones. Se calcula que esto vendría de la renovación del parque de 10000 MW que hay en represas. Hacia adelante, tiene en carpeta trabajos en Yacyretá y Portezuelo del Viento. Por otro lado, la capitalización le dará chances de validar en licitaciones globales, con fuerte potencial para desarrollo hydro y en grúas grandes. Actualmente, está participando en una en Estados Unidos.
Lo que los nuevos accionistas quieren, además, es que Impsa se transforme en una especie de Invap, que aborde otros negocios. La compañía tiene, también, un fuerte capital humano y técnico. Cuenta con 700 empleados, 35% de los cuales son ingenieros, algo que muy pocas empresas tienen en Argentina.
Con el gobierno nacional y provincial como nuevos accionistas mayoritarios, habrá cambios en la conformación del directorio y posiblemente en el management. Tras la decisión acertada de rescatar a Impsa, viene ahora el desafío de manejarla bien.
