Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Se cumple hoy el primer aniversario del inicio de la crisis de balanza de pagos de 2018. Crisis obturada con el aporte de dólares del Fondo Monetario Internacional que todavía no se sabe cómo se van a devolver.
El origen y desarrollo de esa crisis fue la percepción de incoherencias en las decisiones de política adoptadas, de deficiencias en la forma de implementación, y de fallas de coordinación recurrentes y no transitorias. Esto significó una pérdida de credibilidad irreversible, no sólo en las políticas aplicadas, sino en los responsables de las mismas, en sus acciones y en sus palabras. El rotundo fracaso del “inflation targeting” con flotación sucia quedará por siempre en los libros de historia y de economía internacional monetaria. El error garrafal del impuesto a la renta financiera también.
La solución elegida fue el auxilio del FMI. Sus remesas de dólares están condicionados a cumplir un ajuste fiscal con aumento del costo del crédito a niveles exorbitantes. Una vía perfecta para cortar con la huida de dinero local a dólar en el corto plazo, pero insostenible en el mediano plazo. Razones no faltan: a) la adopción de una meta de crecimiento cero de base monetaria medida en términos de promedios mensuales sin estacionalidad, no en términos de niveles observados sin “ajustes” de ningún tipo, permite vaivenes exagerados de emisión y contracción de dinero como los observados de diciembre hasta ahora, b) el inicio de un sistema de banda cambiaria predeterminada con un ancho de la zona de no intervención que habilita a fuertes subas del tipo de cambio de impacto directo en la inflación local, pero asimétricamente nada ocurre cuando baja el precio del dólar, c) un compromiso con seguir aplicando tarifazos trimestrales de impacto directo en la inflación, y d) desalentar la compra de dólares subiendo las tasas de interés sin límite a la vista.
El programa del FMI sustituyó el corte de crédito externo al sector público con un corte de crédito interno al sector privado. Pero nada aporta para a reducir costos, mejorar la competitividad o volver a crecer. Por el contrario, uno de los “pilares” del ajuste fiscal ha sido la adopción de una “innovación” efectiva pero destructora de la competitividad: la extensión del cobro de retenciones a todas las exportaciones de bienes y servicios.
Aun con reducción progresiva del déficit primario, las cifras muestran recortes dificultosos y que no compensan el aumento de erogaciones por intereses de la deuda. Esto no es fuente de peligro en el corto plazo, gracias a los desembolsos del FMI. Pero transcurren los meses y cobran cada vez más entidad varias incertidumbres que siguen sin disiparse.
Si gana las elecciones el oficialismo, ¿cómo obtendrá divisas en 2020 y 2021 si la economía no crece al menos un 3%-4% anual?
¿Cómo reactivar la economía sin bajar el gasto público y los impuestos? ¿Podrá hacerlo el oficialismo? ¿Tendrá voluntad de hacerlo un Gobierno de signo opositor?
Si la apuesta es a generar divisas vía exportaciones de bienes y servicios, es claro que no alcanza con exportar poco más de U$S 60.000 millones anuales, ¿cómo mejorar el tipo de cambio real sin optar por una fuerte depreciación del peso, acompañada de un programa de estabilización con algún “mecanismo” que bloquee el traslado de la suba del dólar a tarifas y otros precios?
¿Qué estrategia de consenso sería viable para distribuir los costos de un potencial nuevo programa de estabilización y crecimiento?
¿Quiénes serían los integrantes del equipo económico del futuro Gobierno, sea éste el actual reelecto, un opositor “moderado” o un populista de tipo kirchnerista/ chavista?
Sin aclararse estas dudas, ni certezas sobre el futuro rumbo a partir de diciembre de este año, en algún momento iba a observarse una venta fuerte de deuda argentina como la de ayer. Además, los anuncios de controles de precios dejaron al descubierto, una vez más, la inexistencia de un programa de estabilización, de algunas ideas básicas (al menos) para volver a crecer, y de un ministro de economía.
Frente a este escenario, ante la aceleración de la inflación con una persistente recesión, los individuos vienen votando desde el año pasado comprando dólares. Otros, sin tanta repercusión, empezaron a votar con los pies emigrando de nuestro país. Ayer los inversores extranjeros y locales empezaron a votar en contra de la deuda argentina. ¿Puede el Gobierno quedarse inmovilizado con la simple idea de que “no hay otro camino”? ¿Entiende lo que significa un salto de 95 puntos básicos de la prima de riesgo país en 24 horas a casi 1.000 puntos básicos, y ser el segundo país de mayor riesgo soberano de la región después de Venezuela?
A un año de la crisis cambiaria, asoma ahora una potencial nueva crisis: una crisis de la deuda aun con el apoyo financiero del FMI. El mensaje de la huida de deuda argentina de ayer es muy claro: los inversores no confían en el programa económico de dicho organismo, y siguen sin tener claro si Argentina podrá o tendrá voluntad de pagar sus deudas con el FMI y con los bonistas. Algo que seguirá complicando el presente y el futuro, salvo que se introduzcan algunos cambios en el programa en curso. Cambios que aseguren con otras políticas, y probablemente con otro equipo económico, el retorno a la estabilidad de precios y a un sendero de crecimiento y solvencia fiscal percibido como factible y sostenible.
