Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Con la firma del acuerdo bilateral de comercio suscripto el pasado miércoles 25 entre Estados Unidos y Japón, la Asamblea Anual de las Naciones Unidas se sumó a los escenarios laterales que tuvieron la dicha de acoger una de los alborotos mercantilistas que nacen del ingenio del presidente Donald Trump y sus apóstoles. A diferencia de otros enjuagues de política comercial destinados a manipular y desconocer las reglas internacionales con el objeto de inclinar los resultados del comercio a su favor, la nueva movida no parece inocua para el desplazamiento de otros exportadores de productos agrícolas, Argentina incluida, cosa que los referentes de nuestra política exterior y las organizaciones de la sociedad civil deberían haber notado muchos meses atrás, ya que la cocción de este acuerdito no fue una sorpresa ni un accidente hepático (ver mi columna de la semana pasada y anteriores).
Antes de volver referirme a su más que dudosa legalidad, estos US$ 7.000 millones de concesiones vinculadas con el sector agrícola que Estados Unidos obtuvo de Japón, incluyen productos de gran incidencia en el mercado global y surgen de una combinación de tácito y explícito ninguneo de la OMC en obvio perjuicio de los gobiernos que aún sostienen que la competencia agrícola no arruina la salud ni la vida erótica. Y aunque muchos de los principales foros de reflexión y lobistas de gran prestigio le advirtieron de los riesgos involucrados en este enfoque a la Casa Blanca, los apremios económicos y las doctrinas “chantas” que circulan en ese Gobierno ganaron la pulseada.
El sitio de la Oficina Comercial (el USTR) nos brinda material para decir “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Ahí se explica (traducción propia) que “?Estados Unidos espera que haya próximas negociaciones con Japón para lograr un acuerdo comprensivo que resuelva las barreras tarifarias y no tarifarias remanentes para alcanzar un acuerdo de comercio más justo y equilibrado”. Si hace falta otro acuerdo, es obvio que el papel de la negociación aprobada no llega lo suficientemente lejos.
Lo expresado implica que los gobiernos de Trump y del primer ministro japonés, Shinzo Abe, están listos para extender a los restantes miembros de la OMC sin negociación de reciprocidades, y en forma automática, las concesiones pactadas en el nuevo acuerdo, ya que no hacerlo equivaldría a violar a cara de perro el Principio de Nación más Favorecida y las reglas sobre administración de cuotas tarifarias (Artículos I y XIII del GATT). Con franqueza no creo que tal sea la intención de gobiernos que informaron que el nuevo Acuerdo suscripto crea algunas cuotas tarifarias “específicas” asignadas con nombre y apellido a Estados Unidos. Tampoco suenan muy versados los redactores del acuerdo, por cuanto deberían saber que las restricciones no arancelarias fueron prohibidas en la Ronda Uruguay, de manera que hacer un futuro acuerdo para eliminar lo que ya está prohibido suena a tomadura de pelo. Una cosa es jerarquizar, actualizar y modernizar las reglas sobre el tema y otra cosa es decir que ahora es posible burlarlas, aunque ellos tendrían razón si nos dicen “no ves como yo puedo” y nosotros nos quedamos mirando.
Si el texto que elaboró el USTR se concibió para decir que el suscripto es un acuerdo interino, y que es parte de un programa de acciones destinadas a crear un área de libre comercio o una unión aduanera en los términos del Artículo XXIV del GATT, los que concibieron el texto aprobado no saben hacer sus deberes. Tal como está redactada la comunicación oficial del Representante Comercial de Washington, nos hace evocar a cuando a Jorge Luis Borges le preguntaron qué opinaba de la concesión del Premio Nobel de Literatura a un ignoto autor, a lo que el maestro respondió “?yo siempre creí que tal distinción era el reconocimiento a una obra literaria, no un incentivo para empezar a crearla”. De paso, el USTR y el resto de los miembros de la OMC deberían recordar que existe el derecho de analizar y aprobar o desaprobar cualquier programa interino de integración (en este caso cuando el mismo exista, se plantee de entrada y cumpla los requisitos detallados en las disposiciones relevantes). Sería bueno que nuestros amigos japoneses y estadounidenses entiendan que el concepto de excepción a las reglas generales aceptado por el sistema GATT-OMC es para acuerdos regionales que son OMC plus, no OMC minus.
Según las explicaciones del USTR y otros Institutos de reflexión cuyas actividades suelo seguir con cierto detalle, algunas de las concesiones obtenidas por los Estados Unidos incluyen la eliminación o reducción de aranceles de importación, o la creación de cuotas tarifarias aplicables en el mercado japonés a carnes vacunas y porcinas frescas y congeladas (cuyo gravamen actual es del 38% para reducir ese nivel escalonadamente a 9%); al trigo y los subproductos del trigo; la reducción de aranceles generales (NMF) para el trigo y cebada; la eliminación de aranceles para las almendras, nueces, arándanos, maíz dulce, sorgo, brócoli y otros productos de estas líneas. El texto también habla de la gradual eliminación de aranceles para los productos lácteos, como los quesos (aunque en menor proporción de lo que ya se procedió a realizar para los miembros del vigente Acuerdo Comprensivo y Progresivo de Asociación Transpacífica, del que Washington se retiró a las pocas horas de asumir la presidencia el actual Jefe de la Casa Blanca, una decisión de la que ese mismo gobierno se arrepintió y ahora quiere enmendar con este acuerdo bilateral). El paquete incluye mejoras arancelarias extra-cuota para productos porcinos, avícolas, carnes y menudencias variadas (offals), etanol, vinos, papas congeladas, naranjas y cerezas frescas, productos del huevo y pasta de tomate.
Al igual que el borrador de acuerdo adoptado a fines de junio por el Mercosur y la Unión Europea (UE), el bilateral que suscribieron Estados Unidos y Japón faculta a éste último a aplicar una salvaguardia especial si se producen aumentos súbitos y de riesgo en las importaciones que puedan afectar la producción local en los sectores de carnes vacuna y porcina, naranjas, levaduras y caballos de carrera. Si bien como destaqué el 10 de julio, poner una salvaguardia en un acuerdo que al final del camino debe generar un escenario de mercado interno, es un concepto de lógica torcida e irregular, está a la vista que la racionalidad no fue el ángulo prioritario del esfuerzo realizado por los negociadores de cada uno de los países que aceptaron tan gigantesco disparate (incluyo al Mercosur).
La otra característica del nuevo acuerdo entre Washington y Tokio, es que el mercado estadounidense se abrirá para plantas y flores permanentes, té verde, chicles y, en total, 42 líneas arancelarias, por un valor de US$ 40 millones, lo que obviamente indica que eso de comercio justo y equilibrado es para la gilada, o requiere de una explicación hoy indisponible.
Los acuerdos prevén algo así como un Memorándum de Entendimiento (Executive Order) sobre intercambio digital, el que abarcará unos US$ 40.000 millones y que, en la parte sustantiva, se refiere a la noción de prohibir restricciones a la transmisión y conservación de datos, una cláusula que Estados Unidos no logró imponer en el primer acuerdo que se suscribió sobre Asociación Transpacífica. Esta regla importa a mucho a sectores como el financiero.
Sin embargo, es preciso recordar que la inquietud central del gobierno japonés era lograr que el Gobierno de Trump descarte la posibilidad de aplicar aumentos descabellados y unilaterales a la importación de automotores y autopartes (30% de sus exportaciones a ese mercado) dentro del concepto de Seguridad Nacional (sección 232 de la Ley de Comercio de 1962), que fue el resorte de “legalidad” empleado para aplicar en 2018 los caprichosos aranceles a la importación de aluminio y acero. Hasta ahora lo máximo que sacó Tokio fue un compromiso de no contradecir el espíritu del Acuerdo suscripto la semana pasada, de modo que el Primer Ministro Abe sabrá cuánto vale para él semejante promesa. En noviembre lo sabrá oficialmente.
Cabe destacar que la parte japonesa rechazó todas las concesiones que solicitara Estados Unidos en materia de ampliar la cuota de arroz (producto ultra sensible para la cultura de ese país) y la idea de expandir concesiones para la industria farmacéutica.
Según los analistas estadounidenses, la Casa Blanca sostiene que el nuevo acuerdo no requiere ratificación del Congreso, una conclusión que no es muy popular entre los miembros de esa rama del poder. De lo que son conscientes los legisladores es que la guerra comercial con China les restó mucho mercado a los productores y exportadores agrícolas. Los US$ 28.000 millones que éstos recibieron de subsidio compensatorio por los avatares que les viene produciendo la calidad negociadora del Gobierno en el último bienio, calmaron la bronca pero no están satisfechos. Ellos ven a Japón como un enorme paliativo, pero no un mercado de proporciones chinas.
Otro día será indispensable echar un párrafo acerca de la extraña geopolítica del presidente Trump, cosa que dejaré para los colegas que saben de escenarios prebélicos. Me cuesta entender, a esta altura, que rédito sacará Washington de su aparatosidad si al final del camino China sólo le devuelve ahora, como suele hacerlo, el 30% o el 50% del mercado que le sacó y estira al infinito el resto del debate. Nuestros propios productores deberían saber que, cuando esto último suceda, lo que China le reasigne a Washington saldrá de la porción de demanda que hoy atienden Argentina y Brasil.
Por último, el vaticinio de la Casa Blanca es que el nuevo acuerdo quedará pulido y activo a fines de año, lo que permitiría seguir las negociaciones para el Acuerdo mayor con Japón cuatro meses después. Claro que en noviembre de 2020 Estados Unidos tiene elecciones presidenciales, un mal momento para discutir en serio política comercial.
