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Déficit del sistema jubilatorio: un elefante en la habitación

Sorprende que, en el contexto actual, el rojo previsional no ocupe un lugar mayor en el debate

23-03-2017
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Argentina tiene actualmente uno de los déficit fiscales más altos entre los países emergentes. Ese déficit es particularmente alto teniendo en cuenta los niveles de tasa de interés que paga por endeudarse y su nivel de crecimiento económico potencial, que torna al déficit actual insostenible, algo que las autoridades reconocen en sus metas de consolidación fiscal.

Por otro lado, posee un nivel de presión tributaria elevado para su nivel de ingreso por habitante, lo cual quita grados de libertad para mejorar el déficit a no ser que se disminuya el nivel de informalidad. La recaudación tributaria, incluyendo al Gobierno Central, provincias y municipios, a pesar del elevado nivel de informalidad laboral, fue 33,4% del PIB en 2016, igual a la media de los países de la OCDE (33,5%) y 12 puntos porcentuales superior a la media de América Latina y Caribe (21,6%).

Números y renglones

El 2016 finalizó con un déficit fiscal primario base caja de 4,6% del PIB, si bien el déficit estructural es mucho mayor, dado que el observado incluyó ingresos de una vez por el sinceramiento fiscal, y la recaudación por ganancias de contratos a futuro, también incluye menos de la mitad de la carga que implica la Ley de Reparación Histórica, y sólo una parcial pérdida de ingresos por la detracción del 15% de retención a la recaudación de ganancias previo a coparticipación.

En contrapartida, también incluye ingresos menores a la recaudación potencial producto de la contracción económica, y el pago de algunos gastos realizados pero no pagados durante el 2015.

Este año, la principal carga en el déficit fiscal sería el Sistema Jubilatorio Nacional junto con los subsidios. Una vez que los beneficios de la ley de Reparación Histórica sean recibidos por todos los jubilados, e incluyendo el eventual traspaso de las cajas jubilatorias provinciales, el déficit del sistema jubilatorio superará el 3% del PIB. Esto implica un nivel de gasto en jubilaciones mayor al 12% del PIB, comparable con los niveles que tienen países desarrollados. Dentro de la región, sólo Brasil posee ese nivel de gasto público en jubilaciones, y los mercados le exigen una reforma en su sistema para alcanzar la sostenibilidad.

¿Lo sabemos?

El sistema de reparto argentino es estructuralmente deficitario porque se necesitan por lo menos 7 contribuyentes por cada jubilado y se poseen tan solo 3,5, una vez teniendo en cuenta el nivel de informalidad laboral y el desempleo. La estructura poblacional es aun favorable para Argentina, haciendo que el déficit de jubilación crezca lentamente en los próximos años.

Argentina tiene un crecimiento histórico medio de 2,8% anual, que es también su crecimiento potencial aproximadamente, y paga una tasa de interés por su deuda actualmente de 3%-7% dependiendo el plazo.

Si el Tesoro no logra alcanzar de forma sostenida un superávit fiscal primario, el nivel de endeudamiento del sector público indefectiblemente continuará creciendo. Eso implica que, mientras el sistema jubilatorio sea el actual, todo el resto del sector público nacional debe mostrar un superávit primario de más de 3% del PIB, comparado con un déficit de 3,6% del PIB que mostró en 2016 el sector público nacional, excluyendo a la Anses, sin los ingresos extraordinarios del sinceramiento fiscal.

Ideas se buscan?

Sorprende que, mientas se esté buscando un plan para reducir subsidios de forma gradual, esta fragilidad en nuestras finanzas públicas no ocupe un lugar mayor en el debate.

El Gobierno tiró la primera piedra a contribuir en este debate al proponer, en el proyecto de Ley de Reparación Histórica, la creación de un consejo cuya meta sea elaborar un proyecto de ley para un nuevo sistema jubilatorio sustentable, pero la oposición incluyó el término “de reparto” en la ley final.

Una oposición responsable deberá ser abierta a evaluar alternativas a este sistema. Sin una reforma del sistema jubilatorio, actualmente de reparto y universal, la sostenibilidad de la deuda argentina eventualmente será cuestionada, implicando un costo de financiamiento mayor para todos los sectores, y perjudicando el crecimiento. La potencial transición del sistema actual hacia otro tipo, en el cual el sector privado tenga un rol, de por sí implica años de costo fiscal. Las alternativas a este debate son un ajuste significativo en el nivel de gasto público de por lo menos 6% del PIB, combinados con evitar una baja en la presión tributaria, ambas de las cuales implican costos de ineficiencia a la sociedad.

Hasta entonces, el objetivo del Gobierno de disminuir la informalidad laboral, actualmente 30% de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, juega a favor mejorar el balance del sistema jubilatorio.

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