Esta semana, el Ministerio de Economía dará a conocer el dato del resultado fiscal correspondiente a junio, el cual se espera que siga siendo altamente deficitario, tal como viene ocurriendo durante las últimos meses. Desde antes de la pandemia, desde enero, volvió al déficit fiscal primario luego de dos años y medio de resultados positivos en esta variable, lo cual se agravó notablemente a partir de marzo con la llegada de la pandemia al país.
Sin embargo, cerca de la mitad del aumento del déficit fiscal no corresponde a los gastos asociados con la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Así lo indicó ayer en un informe el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que afirmó que con magnitudes inéditas de déficit fiscal, la única manera de evitar una profundización de la crisis es abordando un ordenamiento integral del Estado.
“El equivocado concepto (promovido por el presidente Alberto Fernández) de que primero está la vida y luego la economía terminó llevando a la paradoja de tener que flexibilizar el aislamiento en el momento en que se registra el mayor número de contagios. Las autoridades matizan la situación argumentando que la cantidad de casos diarios no estaría creciendo. Esto es relativo ya que se desconoce la verdadera cantidad de contagios. Esto se explica porque la principal debilidad de la estrategia argentina sigue siendo no priorizar la masificación de los tests”, señaló la entidad.
Según la entidad, en base a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer semestre del año el déficit primario de la Administración Nacional ascendió al 8% del PIB. De este aumento del déficit, el 56% se explica por transferencias extraordinarias por el Covid-19 hacia las familias, los trabajadores, al sector de la salud y a las provincias. El 44% restante corresponde a aumentos de los gastos corrientes por encima de la recaudación, no ligados directamente a la crisis sanitaria.
“Estos datos muestran que la degradación de las cuentas públicas alcanza magnitudes inusitadas. No sólo porque el déficit primario llegó a un nivel inédito, sino porque los gastos extraordinarios directamente vinculados al Covid-19, los cuales cabría de esperar que desaparezcan cuando vuelva la normalidad, explican poco más de la mitad del desequilibrio. La otra mitad del aumento del déficit fiscal son excesos de gastos corrientes sobre la recaudación. Que la mitad del aumento récord de déficit fiscal sea por gastos no directamente relacionados con el Covid-19 condiciona la salida de la crisis”, afirmó.
En ese sentido, Idesa resaltó que al tener muy limitado acceso al crédito público, los desequilibrios fiscales se financian con emisión monetaria. En el primer semestre de este año, el financiamiento monetario del déficit fiscal fue de $ 940.000 millones, equivalentes al 33% del gasto público, lo cual tuvo poco impacto sobre la inflación, pero es un fenómeno transitorio asociado a la abrupta caída de la economía como consecuencia de la cuarentena, además de otros factores previos a la pandemia, como el congelamiento de tarifas y combustibles, el tipo de cambio moviéndose poco y lentamente (con cepo cambiario). Además, en el contexto de la parálisis, la ausencia de las paritarias.
“A medida que se normalice la situación será cada vez más visible la inconsistencia entre la masiva emisión monetaria y una aparente inflación controlada”, remarcó la entidad, al tiempo que señaló que la reducción del déficit fiscal depende de la recuperación de la recaudación y la reducción del gasto público. “La recaudación está muy condicionada por el cierre de empresas ocasionado por el aislamiento y la incoherencia de sostener alta presión tributaria junto con promesas de un jubileo con generosas moratorias”, indicó.
Respecto a la reducción de los gastos, señaló que requiere sincerar el retraso de las tarifas públicas, reformar el sistema previsional, cerrar los programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y eliminar la coparticipación para sustituirla por un fondo de convergencia. Asimismo, desactivar los programas creados por la pandemia una vez que ésta sea superada. “Si se quiere transformar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un 'Ingreso Universal', previamente hay que eliminar todos los planes asistenciales existentes que operan de manera desarticulada”, sostuvo.
Ante la habitual comparación entre la crisis actual y la de 2001- 2002, señaló que para que el próximo año haya una recuperación como la que hubo en 2003 habría que liberar el tipo de cambio oficial generando una “megadevaluación” similar a la de aquella crisis. “Esta sería la (dolorosa) manera de producir la enorme licuación de gasto público que permitió, en aquella época, generar superávit fiscal sin ordenamiento del Estado”, afirmó.
