Esta necesidad de ir hacia una política ambiental moderna no solo responde a deberes y compromisos asumidos, sino que también representa una oportunidad transformadora para forjar un futuro más próspero y equitativo. L
a política ambiental es una política de desarrollo y es hora de que Argentina lidere con audacia este proceso, aprovechando plenamente nuestros recursos naturales como catalizadores de un desarrollo sólido y sustentable.
Desde los fuertes vientos de la Patagonia hasta la intensidad del sol en el Norte, pasando por nuestras vastas reservas de litio y suelos fértiles, el país posee una riqueza natural que puede ser capitalizada en beneficio de todos.
Tenemos todo para ser stakeholders y tomar protagonismo en el mundo internacional si adoptamos una postura más proactiva hacia la transición energética y la descarbonización. Además, la región podría obtener mayor peso en las negociaciones si profundizaremos nuestra cooperación técnica y alianza en materia agrícola con Brasil.
En términos más específicos, la agenda política debería observar con atención que el mundo busca dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles para avanzar en el uso de fuentes de energía limpias y renovables.
La reciente COP28 celebrada en Dubai, consolidó el histórico compromiso global de comenzar a transitar lejos no sólo el carbón, sino también el gas y el petróleo. Este llamado colectivo a la acción instó a acelerar la adopción de fuentes de energía sostenibles y renovables a nivel mundial.
Además, el informe de Climate Transparency, destinado a guiar las acciones climáticas de los países del G20, recalcó la urgencia de reducir la dependencia de Argentina a dichos combustibles. En su lugar, instó hacia un crecimiento de las energías renovables respaldada por el financiamiento internacional y subsidios domésticos.
Este desafío es particularmente relevante en el ámbito de las empresas estatales, donde la transición hacia energías renovables aún está en proceso y requiere un enfoque firme con beneficios fiscales que la incentiven. Es necesario reducir los subsidios al sector fósil. Recaudar ingresos fiscales de la venta del petróleo y el gas. Dirigir todos esos fondos hacia el desarrollo de energías limpias.
Además, la implementación de un mercado de carbono o un impuesto al carbono es una medida esencial en este camino hacia la descarbonización. El proyecto de Ley Ómnibus presentado por Javier Milei reflejaba esta tendencia global al proponer la creación de un mercado de carbono en Argentina. El único guiño positivo al tema ambiental hasta el momento.
Este mecanismo permitiría gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra y venta de bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones, creando un incentivo económico para la reducción de emisiones y la promoción de una economía más sostenible.
El financiamiento a través de joint-ventures públicos y privados emerge como una estrategia clave en el panorama de políticas ambientales y energéticas. Facilitar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura es fundamental para acelerar la transición hacia una economía más sostenible y resistente al cambio climático.
Esta colaboración podría impulsar el desarrollo de infraestructuras necesarias para la electrificación del transporte público y lograr además, una mayor adaptación a los desafíos climáticos en otras áreas como la industrial.
Cabe mencionar que, Argentina y América Latina en general tienen niveles bajos de emisiones en comparación con otros países del mundo como Estados Unidos, Japón o China. Nuestro mayor desafío está en la adaptación y no tanto en la mitigación de emisiones.
Sin embargo, el sector agrícola es una de nuestra principal fuente de emisiones y su transformación es fundamental si pensamos en mitigar emisiones. Debemos encontrar un equilibrio entre la producción y la conservación, a través de la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, como la siembra directa y la rotación de cultivos, prácticas que pueden contribuir significativamente a la reducción de emisiones.
Es fundamental promover una mayor cooperación regional para descarbonizar nuestras economías, aprovechando el potencial de los principales países productores para liderar la transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles.
El establecimiento de un marco legal y regulatorio sólido es fundamental para impulsar la producción y comercialización de hidrógeno verde en Argentina. La región de la Patagonia destaca por su potencial para la generación de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable.
Sin embargo, es necesario abordar desafíos logísticos y regulatorios para aprovechar plenamente esta oportunidad, incluyendo la mejora de la conectividad en los puertos y la definición de estándares de almacenamiento y distribución.
Estos son solo algunos ejes fundamentales. La transición hacia un futuro sostenible requiere un enfoque holístico que combine políticas ambiciosas, colaboración entre el sector público y privado, y una mayor conciencia ambiental en todos los sectores de la sociedad. Solo mediante un esfuerzo conjunto podremos enfrentar los desafíos del cambio climático y construir un futuro más próspero y equitativo para todos.
(*) En colaboración con Federico Merke, Director de la Maestría en Política y Economía Internacionales de la Universidad de San Andrés
