Durante las últimas semanas, a partir de investigaciones periodísticas que pusieron al descubierto presuntas irregularidades cometidas por el vicepresidente de la Nación y que motivaron la intervención judicial, se precipitó una serie de hechos y declaraciones que dejan un saldo muy negativo para el sistema político del país. Luego de varias semanas de silencio ?sólo interrumpido por algún reportaje en medios de comunicación afines? Amado Boudou pronunció un discurso en el Senado en el cual repartió múltiples acusaciones y utilizó calificativos impropios de su cargo.
Dejó flotando sospechas sobre los gobiernos de Santa Fe y Buenos Aires con relación al negocio del juego, dijo que en el estudio de la familia del procurador general de la Nación se negociaba la influencia sobre los jueces, que el presidente de la Bolsa de Comercio actuaba como intermediario de un grupo empresario para sobornar funcionarios (al propio Boudou que sin embargo en su momento no denunció ? como correspondía? el caso) y afirmó que un juzgado federal se comportaba como una agencia de noticias. Por supuesto que la respuesta de los involucrados no tardó en llegar y sostienen que el vicepresidente miente.
Por otra parte, el juez Daniel Rafecas hizo declaraciones impropias a un diario sobre el caso. Poco importan si fueron hechas off the record porque se trata de cuestiones de las cuales un juez no debe hablar en ninguna circunstancia. También hay varias comunicaciones inadecuadas de Rafecas que fueron presentadas ante el Consejo de la Magistratura. Hay una sospecha generalizada de que ocurren demasiadas cosas que no funcionan como deberían en el país. Los personajes involucrados en todas estas sospechas tiene altas responsabilidades institucionales y las inconductas por las cuales se los acusa son de gravedad. Son temas que deben resolverse rápido y sobre los cuales la Justicia deberá expedirse sin dilaciones, por cuanto su irresolución no hace sino socavar la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones.
Todos estos episodios tienen un fuerte impacto político. El silencio inicial de la Presidenta sobre la cuestión no causó sorpresas porque no suele hablar de temas desagradables. Pero sí sorprendió que no hubiese habido rápidas respuestas políticas por parte de un Gobierno que no parecía preparado para enfrentar la cuestión. Sin embargo, la inacción oficial se fue disipando y comenzó una contraofensiva que se basaba en una lectura política que indica que Boudou es víctima de una operación con múltiples propósitos. Entre ellos debilitar a la Presidenta endilgándole haberse equivocado al elegir a su compañero de fórmula y restarle posibilidades a Boudou como posible sucesor.
Siguiendo ese razonamiento, el Gobierno, una vez más, pasó al campo de los enemigos a los que hasta ayer eran sus aliados. Pero más allá de la legítima lucha política, el denominado “caso Ciccone” puso al descubierto una serie de cuestiones preocupantes que requieren una respuesta adecuada de todos los actores involucrados.
