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Córdoba

Condenas por estafas con falsas criptos

Una asociación ilícita captaba inversores bajo la promesa de ganancias en criptomonedas denominadas One Coin y Zeven Coin

El Juzgado de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba condenó al empresario Adolfo Domínguez (34) y al médico Aldo Leguizamón (54)
El Juzgado de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba condenó al empresario Adolfo Domínguez (34) y al médico Aldo Leguizamón (54)
07-11-2022
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La justicia de Córdoba, en un juicio abreviado, condenó a un empresario y a un médico cirujano como integrantes de una asociación ilícita dedicada a concretar estafas en la que captaban inversores bajo la promesa de ganancias en criptomonedas denominadas One Coin y Zeven Coin, que resultaron inexistentes.

El Juzgado de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba condenó al empresario Adolfo Domínguez (34) a tres años y seis meses de prisión, en tanto que para el médico Aldo Leguizamón (54) la sentencia fue de cuatro años y tres meses, en ambos casos con prisión de cumplimiento efectivo.

En la sentencia emitida por el juez Manuel Ayán, a cargo del juicio abreviado, detalló que en la etapa de instrucción del proceso "los acusados reconocieron de manera libre y voluntaria su participación dolosa en el delito, esto es, haber tomado parte de la organización criminal que se dedicaba a ofrecer una supuesta criptomoneda".

El fallo detalla que se probó que las criptomonedas que se ofrecían como una oportunidad de negocio rentable "no eran reales", sino que eran parte de un "ardid utilizado por los imputados para disimular una estafa piramidal".

Añade que los condenados por el delito de asociación ilícita "entregaban supuestos tokens a las víctimas a cambio de sus erogaciones", pero que "no tenían ningún valor fuera del ecosistema creado por la propia organización", que se trataba de la plataforma DealShaker.

Mediante esa estrategia, con grandes inversiones en publicidad y promesas de respaldo internacional, se captó el masivo interés de los inversores que recibían ganancias mediante un sistema piramidal hasta que dejaron de percibirlos.

Más control cripto

El fallo se da en el marco de mayores controles sobre el sector cripto, por ejemplo con los allanamientos que viene haciendo la Afip a granjas de criptomoneda. En el último, el organismo detectó una nueva granja cripto de un contribuyente no registrado en Bahía Blanca, algo que generaba unas ganancias estimadas en US$ 100.000 anuales.

El organismo indicó que en una "investigación previa se determinó la importación de equipos informáticos que no fueron comercializados sino utilizados para la minería de criptomonedas por el propio contribuyente".

Desde hace varios meses la Afip trabaja en el entrecruzamiento de información para detectar, a partir de consumos elevados de electricidad, granjas de criptomonedas no declaradas en distintos puntos del país. En esos allanamientos, los agentes constatan la existencia de la documentación de importación correspondiente de los equipos y la correcta registración tanto de la actividad de minería como de los ingresos percibidos.

En otro operativo en Quilmes se desmanteló una granja de criptomonedas clandestina que operaba con cables robados. El allanamiento se hizo en el marco de un plan más amplio contra ciberestafas que generaron un perjuicio económico de $ 50 millones y donde se investiga además el robo de electricidad.

En el operativo se localizó un galpón utilizado para el minado de criptomonedas, con una gran cantidad de placas de video y fuentes eléctricas, además de cables y diferentes tipos de conectores presuntamente para robar electricidad. También se secuestraron computadoras y notebooks; más de un centenar de teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, plastificadoras, lectores de tarjeta, DNI falsos, más de un centenar de tarjetas SIM, tarjetas de crédito y débito, posnet, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego.

Otro caso reciente fue en Rosario, donde se detectaron en un domicilio nueve rigs de minerías con 66 placas de video, por un valor aproximado de US$ 70.000.  "Los cruces de información permitieron detectar un alto consumo de electricidad superior al $ 1,5 millones pese a que el contribuyente no desarrollaba actividad económica alguna que lo justificara", aseguró la Afip. 

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