La Región Centro de Argentina está atravesando una situación de crisis desatada. El narcotráfico ha logrado abastecer el mercado minorista de drogas, gracias al vacío de control en la autopista de comercio que es la hidrovía.
No es casual que, al compás de un relevamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga que indica que indica que el cultivo de coca se ha incrementado 35% sólo entre 2020 y 2021, el tráfico de drogas por la hidrovía haya dejado de estar en el 20% del volumen para pasar a rondar el 40%.
La anemia de controles en las rutas nacionales y las fronteras ha sido suntuosamente beneficiosa para el almacenamiento de drogas e insumos primarios para su producción. La ausencia de vigilancia sobre la hoja de coca, salvando el nicho de consumo cultural en algunas localidades del norte del país, es gravemente dañina.
A la luz de esta situación, no debería llamarnos la atención la frecuencia con la que se dan a conocer casos de buques cargueros detenidos en puertos internacionales con elevados cargamentos de cocaína ocultos, como fueron los casos de los 568 kilos incautados en Brasil, o los 866 kilos que intentaron enviarse a los Países Bajos en los últimos 8 meses, ambos desde el puerto de Rosario.
En tanto, los laboratorios subrepticios donde se produce y estiran drogas proliferan. En otros lugares, se instalan verdaderas fábricas. Y esto conduce a la expansión del mercado del paco, porque allá donde haya laboratorios, hay paco y hay crack. Nada se desperdicia, hay producto para todos los bolsillos, y obviamente financiación. Y, por supuesto, no hay ya ninguna provincia del centro argentino en la cual estas sustancias no corran en la calle.
En el plano nacional, la óptica no invita a la ilusión. El Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos promovido por Nación desde 2014 en el marco de la Ley 26.934 configura más una declaración de intenciones naif que otra cosa, librado a la sazón de una lucha contra el narcotráfico que brilla por su ausencia.
La coordinación con las provincias ni siquiera es una puesta en escena. Cada provincia está obligada a sostener sus territorios con estrategias de lucha adaptadas a sus propias realidades y recursos. Mientras tanto, el derrame de sangre sigue en aumento en las provincias más afectadas del país, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Córdoba. El narcotráfico, con sus redes subterráneas firmemente erigidas, conoce al dedillo la realidad y los dobleces de la calle que el gobierno nacional ignora entre omisiones, ineptitudes e intereses propios.
En Santa Fe la situación se ha vuelto anómica, y es equiparable a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. A pesar de contar con dos "expertos" ministros, estas provincias comparten desastres que fueron debidamente anunciados y correspondientemente ignorados.
Los gobernadores los relatan como si no fuesen parte de este grave problema, o peor, los esconden bajo el halo del pretenso "F5" de esperanzas que creen que representa un nuevo eslogan de campaña. No hubo futuro para los bonaerenses, ni paz y orden para los santafesinos. Más bien, todo lo contrario.
En tanto, la criminalidad aprovecha la ocasión. Se reorganiza, se fortalece y muestra su presencia con arrogancia. Una vez más, los hilos del poder están de su lado. Los ciudadanos tienen que observar, pávidos, como sujetos en bicicleta balean una comisaría o le tiran bombas Molotov y nunca son agarrados, o como la droga es transportada, con la protección del intendente, en ambulancias del municipio que financian con sus impuestos.
Cuando los laboratorios de droga empiezan a instalarse en las ciudades, bulle la violencia y su magnitud se vuelve peor porque el negocio se abarata mucho, surge la competencia y con ello, las disputas de poder.
En paralelo, la narcocriminalidad empieza a penetrar en las fuerzas de seguridad: en especial considerando el sostenido debilitamiento al que se las ha expuesto en el país. Así, el delito se hizo del control en ambas provincias, donde las autoridades de seguridad han sido funcionales a la desarticulación del monopolio legítimo del orden y la fuerza en la calle.
Es tan normal y pujante la actividad criminal en estas dos provincias que -en muchos casos- hay 3 generaciones que trabajan en el negocio del narco, como es el caso de "Los Monos" en Rosario. Con el paso del tiempo, "florece" la estructura del negocio: conservan el narcotráfico como rama principal, pero le van agregando otras cuestiones que amplían el volumen de violencia, como la economía de la extorsión a empresarios y comerciantes, a quienes les cobran por un "servicio de protección". Traducido: "pagame para abrir tu local o te lo baleamos".
Aparece también el tráfico de armas, que crece a la sombra de la ineptitud y los vacíos por diseño de un estado tan grande como incapaz: armerías donde no hay registro de entradas, salidas y stock. Ni siquiera un Excel. Basta con una búsqueda en Google sobre el caso que recayó en manos del fiscal Matías Edery en 2022 para tener un pantallazo de lo que sucede. Oficiales con menos de 3 meses en la fuerza sustrayendo armamento que le entregan a un cartel narco a cambio de dinero, o especies.
La irresponsabilidad al subestimar este tipo de situaciones ha empoderado a la narcocriminalidad en la provincia. Despreciar a las fuerzas policiales, largarlas a la calle desprovistas de un marco institucional y legal que las proteja, desarticular la provisión de inteligencia, desertar la lucha contra el narcotráfico en las fronteras, destruir la carrera policial, su proceso formativo y desarmarlas fue la génesis de una sangrienta anomia que hoy se cobra en Rosario una vida cada 20 horas y una cada 9 horas en territorio bonaerense.
Desde la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni acumula tantos casos de inseguridad como apariciones en los medios. Mientras decide asumir el rol de candidato y hasta armador de Daniel Scioli en la segunda sección electoral, la incidencia delictiva se dispara en toda la región centro.
Además, luego de una mejora en el sistema de "checks and balances" entre 2015 y 2019 donde se investigaron denuncias contra 39.000 policías y se apartó a 13.000, ahora los desplazados vuelven a ocupar posiciones. Amparados por una gestión, la de Asuntos Internos, que hace todo menos bregar por el control y el orden.
Si el plan de estos gobiernos es que los narcotraficantes se eliminen entre ellos, el buen camino tiene una corta extensión. La inseguridad no es nunca un fenómeno casual. La lógica narco es muy compleja e involucra actores de diferentes ámbitos: políticos y funcionarios que allanan el camino del detrimento institucional, empresarios que se benefician de las ramificaciones y hacen negocios con la logística.
Nada de esto quedará circunscripto a la disputa por el control territorial de la venta de narcóticos, sino que más bien pugnará para obtener una diversificación al mercado del crédito en negro, el fútbol, el mercado gastronómico e inmobiliario, solo por citar ejemplos de los que ya tenemos casos.
A hoy en día, un kilo de cocaína producido en Bolivia se paga US$ 2.000, que puesto en puerto europeo se paga US$ 30.000. En ese marco, seguiremos viendo un spread entre estrategias de negocios paralelos: una para la droga que queda, y otra para la que sale al exterior. Por un lado, el negocio de la violencia, y por otro, la búsqueda incesante por no dejar huellas.
En este escenario, desprestigiar a la policía es un error. Dirigir la seguridad sin conocer el territorio es un error. No invertir en estrategias de inteligencia y reconocimiento del territorio es un error. No asumir la necesidad de emuladores de señal y profiling digital de criminales es un error. Imaginar que eslóganes vacíos, gritos y apariciones mediáticas son la estrategia para frenar la criminalidad es un error.
Es menester comprender que la criminalidad está organizada y empoderada tanto en las calles como en las cárceles, y que saben dilucidar si existe un liderazgo preparado en materia de seguridad.
Hoy por hoy, de la mayoría de los delitos cometidos en provincia de Buenos Aires y Santa Fe, en promedio en el 75% está el tráfico de drogas, por negocio o por consumo. Un dato que normalmente no se tiene en cuenta a la hora de fogonear la potencial legalización sin considerar la prevención, el tratamiento, y el alcance del narcomenudeo.
En este marco, los límites establecidos por la ley y el orden se han ido rompiendo a manos de la industria criminal, el miedo y una política mediática de relatoría del descontrol que se vive en la calle por parte de los responsables de combatirlo.
En lugar de anunciar el aumento de la delincuencia proyectado, deben desmantelar los carteles establecidos. Deben vigilar e investigar los corredores de drogas y desbaratar el narcomenudeo para evitar más violencia.
En vez de anunciar conteos de víctimas, deben establecer anillos de seguridad que cerquen estratégicamente los municipios, ya que son las áreas donde operan las bandas delictivas. Estos anillos deben generar escudos de protección en los barrios a través de una vigilancia estratégica y patrullajes.
En lugar de dar entrevistas alegando que "el narcotráfico ya ganó", deben trabajar para revertir la dura realidad que implica que sólo el 31% de los chicos egresen del secundario en Santa Fe y muchos de ellos terminen, captaciones mediante, en el narcomenudeo.
Deben establecer dispositivos de profiling activo y vigilancia para impedir la venta de drogas en estructuras narcotraficantes. Deben tratar a los territorios problemáticos como tales.
Si se disponen a trabajar con una coordinación de fuerzas federales, tienen que crear salas de situación conjuntas, dispositivos de enlace adecuados y llevar una planificación estratégica, planificando siempre con los peores escenarios en mente. Deben limitar la capacidad delictiva a través de tareas de inteligencia criminal. Deben ahondar en las investigaciones criminales, y purgar las policías provinciales.
Deben lograr que la criminalidad los respete y les tenga temor. No pueden ignorar que trabajan con fuerzas de seguridad. Otorguenles el respeto que se merecen, profesionalicen la carrera, brindenles las herramientas, el marco legal e institucional para protegerlos cuando deban actuar y ponganlos activamente en servicio.
No hay narcotráfico por casualidad, si pasa es porque le permiten operar.
