Por Javier Okseniuk Director de LCG
El debate económico, de a poco, se iba acomodando en la mesa. Podríamos simplificar y afirmar que sus participantes se ubicaban en alguno de los siguientes grupos.
Quienes ven un problema en el desequilibrio externo (en esencia, déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos) pero lo supeditan estrictamente al desequilibrio fiscal.
Quienes ven una relación externo-fiscal pero en las actuales circunstancias ponen más el acento en lo externo (con economía débil, reducción fuerte del déficit fiscal puede no ser necesario ni suficiente para estimular tipo de cambio real más alto).
Quienes no ven un gran inconveniente en el déficit externo, y se concentran más en el déficit fiscal (presumiblemente por cuestiones inherentes a la dinámica de la deuda pública).
Los tres asumen, también, la inflación como muy problemática, aunque difieren en cómo ubicarla en la secuencia de prioridades. Sin tener encuestas a mano, hasta hace poco se me antojaba decir que el grupo 3 no estaba muy poblado. Tampoco lo está el grupo 2, aunque en las últimas semanas sus relativamente escasos integrantes alzaron la voz en diversos foros y en algunos medios de comunicación (adelanto, incluyendo esta pequeña columna).
Pareciera que la postura del primer grupo domina el saber de los queridos colegas y da la sensación de que ha vestido, con naturalidad avasallante, la configuración de las políticas públicas. De la lectura de sus adeptos, se aprecia que está sustentada en lo que los economistas denominamos modelo de tres brechas, que más que modelo es una relación, inexpugnable, de variables macroeconómicas: el ahorro privado, el ahorro público y el ahorro externo terminan compensándose entre sí, de algún modo.
¿Qué se ve hoy en esas tres brechas? Que el superávit privado es prácticamente nulo, con ingresos (después de impuestos pagados e incluyendo jubilaciones y otras transferencias) empardando la suma de consumo e inversión. El ahorro externo (la inversa del superávit comercial), flamante destino de la preocupación para algunos, ronda el 5% del PIB. Y el ahorro público (sí, el superávit fiscal) resulta casi su espejo, con un número negativo en 5-6% del PIB? ¡Piedra libre! Dedos delatores se alzan y acusan: el déficit fiscal está provocando el desequilibrio (ahorro) externo. Desde ya, en distintas etapas en la conformación de nuestra estructura inflacionaria y deficitaria, seguramente lo fiscal tuvo un rol importante. Más aún, la enorme presión tributaria sobre la actividad productiva atenta contra la rentabilidad del sector transable, en tanto no financia bienes públicos que mejoren la productividad. Bajar gasto público para reducir impuestos puede, efectivamente, mejorar de a poco el desequilibrio externo. Sin embargo, los caminos hacia la competitividad de una reducción del gasto público que achica déficit, pero no impuestos, no son tan directos.
Quiero alertar sobre un uso tan mecánico de estas tres brechas. Vale decir, esa identidad contable incorruptible se da tanto con una economía creciendo al 10%, como en una depresión profunda, y se requiere algo más que números similares para ver las interrelaciones, las cuales comprometen variables monetarias y financieras, ausentes (con aviso) en la ecuación. Imaginemos una reducción inmediata del déficit fiscal primario a 0% (lo que se dice un flor de ajuste) y una eventual decisión política de mantener el dólar a $25. ¿Realmente pensamos que el déficit de cuenta corriente se va a equilibrar inmediatamente? Probablemente impacte más en la brecha privada, a través de la reducción del ingreso disponible. El déficit externo en parte se achicará, pero parcialmente y sólo por efecto de la recesión que eso generaría.
Y en el medio del debate, llegó el acuerdo con el FMI, ciertamente una buena noticia en tanto reducirá la incertidumbre sobre la brecha de financiamiento en los próximos años. Vale decir, si el ajuste fiscal y el acuerdo llegaran a fomentar incluso un nuevo ciclo de euforia financiera que apreciara todavía más el tipo de cambio, la brecha externa se ampliaría.
No se conocen precisiones de la Carta de Intención, pero se divulgó que el acuerdo girará alrededor de una adecuada consolidación fiscal (para poder curvar la deuda con un eventual tipo de cambio más elevado) y de la flotación cambiaria, pero en el marco de una renovada priorización de la reducción de los niveles de inflación. No hay mención al déficit externo ni tampoco surge implícitamente de la combinación de políticas. El haber puesto como prioridad inmediata la inflación (por un año y ya desde julio, debe ser del 22%) antes que la corrección fehaciente y previa del déficit externo, implicará que todo el esfuerzo para la reducción de este último se concentrará en el marco recesivo (menor demanda de importaciones por menores ingresos) y no cambiando precios relativos (menor demanda de importaciones por tipo de cambio más alto).
Como de costumbre, un dólar todavía barato podría ser sostenible algún tiempo en un marco de confianza. Pero ya hemos visto que esto puede suspender el necesario despegue de proyectos de inversión en los sectores transables, o incrementar riesgos de una repentina recalibración de las expectativas de depreciación, que no será inocua para la actividad económica y puede llegar a ser muy inoportuna. Será interesante ver cómo reaccionará el BCRA frente a una disyuntiva de este tipo, dado que tanto las ventas de dólares para contener su precio como el rebrote inflacionario que surgiría de un dólar más alto les estarán vedados.
Por último, seguirá estando latente el desafío de alcanzar una nueva configuración de precios relativos que pueda sostenerse en el tiempo. Aun con un dólar a $25-26, los costos laborales medidos en dólares son uno de los más altos del mundo cuando se los compara con la modesta productividad de nuestra economía. Países que han visto crecer esta productividad en las últimas décadas lo han hecho a partir de costos inferiores. Resolver esto, con todos los dilemas que dispara, debería ser uno de los componentes necesarios hacia el objetivo de incrementar las cantidades exportadas, estancadas desde 2007, objetivo sobre el cual debería girar el debate y el compromiso político futuros.
