Transparencia: en busca del “estos hacen y no roban”

5 de agosto, 2021

Transparencia: en busca del “estos hacen y no roban”

Por Marina Kienast (*)

“Todos roban. Estos roban, pero hacen”. Muchas veces escuchamos a amigos y familiares justificar con estas palabras a funcionarios corruptos. El problema es que la premisa es falsa. Si roban, no hacen. La corrupción no es un mal menor: hace un daño enorme a la economía y a la sociedad en su conjunto. Por eso, hablar sobre transparencia no es un slogan vacío o un “capricho” moral. Es una obligación para todos aquellos que creemos en que un país mejor es posible.

De acuerdo con la ONG Transparencia Internacional, Argentina está en el ranking 78 de 180 en transparencia gubernamental. Mientras que en otros países se avergüenzan de las conductas destructivas y abusivas, tanto de sus gobernantes como de sus ciudadanos, nuestro país vive escándalo tras escándalo de corrupción casi sin consecuencia alguna. El robo de vacunas en medio de una pandemia, algo que debiera ser investigado hasta llegar al último de los responsables, acá acabó solamente con la renuncia de un Ministro y una causa archivada en la Justicia.

Ahora, ¿por qué es tan importante la transparencia? ¿Por qué es algo que debería trascender las ideologías, y ser un requisito innegociable para quienes gobiernan?

Por un lado, es importante tener en cuenta que el pueblo gobierna por medio de sus representantes. Y eso no es una frase estática y sin sentido. Es la razón de nuestra sociedad democrática, por la cual cada dos años ponemos en marcha la maquinaria electoral, aún con sus fallas y conflictos. Y la salud de esa “representatividad” es fundamental para el funcionamiento de las instituciones. Conocer cómo se financia un candidato; asegurar elecciones sin fraude; poder comunicarse fácilmente con nuestros gobernantes y hacerles llegar nuestra aprobación o descontento de su gestión, construye ciudadanía y confianza. Esto tiene un impacto altamente beneficioso en el desarrollo de una sociedad.

Por otro lado, la transparencia en los datos y el diagnóstico de la situación de un país, es esencial tanto para la planificación de las políticas públicas como para la atracción de potenciales inversores, que tanto necesita nuestra economía. Sólo conociendo la realidad, sin matices ideológicos, especulaciones electorales o estrategias de impunidad, se puede encarar un rumbo de certeza y certidumbre hacia el progreso.

En el país de la corrupción, trabajar por la transparencia parece utópico. Pero no lo es. Hay muchas cosas que pueden hacerse para avanzar hacia una democracia más madura. Algunos gobiernos han intentado ofrecer herramientas tecnológicas para promover acciones en pos de la transparencia del Estado y facilitar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Ahora, contar con sistemas informáticos de los cuales pueda servirse la administración pública es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos ciudadanos comprometidos para que la deseada digitalización se traduzca en transformaciones profundas, que aceleren los trámites, simplifiquen los procesos y hagan la gestión más transparente y participativa.

Desde la política es mucho lo que se puede hacer. Fortalecer la división de poderes, trabajar por una Legislatura que controle al Ejecutivo, mejorar el acceso a la información, modernizar las agencias de control y simplificar el sistema tributario son algunos de los primeros pasos a dar. Existe en el mundo una vasta oferta de legislación, buenas prácticas, capacitaciones, y otras herramientas para encarar procesos de transparencia de campañas políticas, organismos estatales, contrataciones públicas, etc. Lo que necesitamos es renovar el liderazgo político y apostar a la participación de ciudadanos que estén dispuestos a enfrentar el status quo de la administración pública y desafiar el mito de que las cosas no pueden cambiar.

Necesitamos creer que es posible un país más transparente y animarnos a trabajar para que eso ocurra. Un país donde todos podamos decir “estos hacen…y no roban”.

(*) Abogada y Máster en Derecho y Economía. Tiene un posgrado en Prevención de Lavado de Activos. Es precandidata a Legisladora porteña por “Republicanos Unidos”.