Las sanciones a bancos y fintech se triplicaron respecto de 2020

15 de mayo, 2021

Las sanciones a bancos y fintech más que se triplicaron respecto de 2020

Las multas acumuladas hasta ahora a bancos y fintech por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor representan un 264% más que los $ 6.720.500 que sumaron a lo largo del año pasado, según los números de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

Las sanciones fueron para cinco bancos, Supervielle, Galicia, BBVA, Santander y Patagonia; y cuatro financieras, Moni On Line, M2A Capital, Cuotitas y Patagonia Cred.

El año pasado las sanciones no habían alcanzado a ningún banco, aunque sí a siete fintech: Smart Cash, Punto Click, Patagonia Cred, Efectivo Urgente, Wenance, Wenance Credit Argentina y Wenance Inversiones AAGI.

“En primer lugar, vale la aclaración de que desde Defensa de las y los Consumidores no se investigan delitos, sino simplemente infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor”, explicaron a Télam desde Comercio Interior, al tiempo que indicaron que “se imponen sanciones administrativas, los delitos los investiga el fuero penal”.

De todos modos, señalaron que “más allá de esta cuestión, se puede reclamar contra los bancos y entidades financieras por no cumplir con sus deberes establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor, tanto como información del servicio, protección de la integridad de los consumidores y su información personal y el trato digno”.

El detalle

La primera sanción del año fue en enero para el Banco Patagonia, con una multa por $ 4 millones, por realizar cobros indebidos a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La última semana, el área que conduce Paula Español aplicó la sanción máxima al Supervielle por $ 5 millones, por incumplimiento de la obligación de informar, ya que no brindaron mecanismos a las y los consumidores para comunicarse a fin de canalizar consultas y reclamos respecto de los servicios y productos que tienen contratados, todo ello potenciado por la pandemia.

Además, la sanción fue por debitar de las cuentas sueldo y de la seguridad social de sus clientes sumas de dinero en concepto de seguros y servicios de cobertura o asistencia médica no solicitados, así como por cobrarles por “mantenimiento de cuenta”.

Por otra parte, también en estos últimos días, Comercio Interior imputó a los bancos Galicia, BBVA y Santander debido a que incumplieron los contratos de acuerdo a como habían sido publicitados, en cuanto a términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas; y por no garantizar la seguridad de las operaciones realizadas a través de las entidades.

Para Defensa de las y los Consumidores, cada entidad debía garantizar y ofrecer la suficiente seguridad para evitar los reiterados ilícitos.

También se imputó a estos bancos porque no habrían prevenido los daños ocasionados a pesar de que resulta esencial para la protección de las y los consumidores, que los productos y servicios se presten de manera segura para evitar que se vulneren derechos.

Desde el Galicia, el BVVA y el Santander respondieron a esta agencia que aún no habían sido notificados de la imputación.

Estos tres bancos también fueron sancionados porque no cumplieron los acuerdos celebrados y homologados en las audiencias conciliatorias del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) en el plazo fijado, por lo que las y los consumidores tuvieron que recurrir nuevamente a la autoridad de aplicación.

Estas imputaciones y sanciones se suman a las multas aplicadas en marzo por $ 10 millones a Moni On Line, M2A Capital, Cuotitas y Patagonia Cred, por irregularidades en las condiciones y cumplimiento de los préstamos.

Estas fintech otorgaron préstamos no solicitados con cargo automático en cuentas de consumidores; y a quienes sí solicitaron los créditos no les brindaron información clara y detallada sobre las condiciones, no respetaron el derecho de arrepentimiento e impusieron la prórroga de jurisdicción, que implica que los reclamos frente al Estado sólo puedan realizarse en la localidad que establece la empresa.

En algunos casos tampoco respetaron los intereses expresados en los contratos, y llegaron hasta cobrar por débito automático más de una vez en el mismo mes.