Por Jorge Colina (*)
Se fue el 2020. El año de la pandemia. En materia laboral, dejó desnudo la enorme debilidad del mercado de trabajo argentino.
Las autoridades encargadas de la estrategia sanitaria, desde el Presidente de la Nación y los gobernadores, pasando por los ministros de Salud nacional y provinciales, y llegando a los expertos infectólogos, desestimaron la realidad laboral argentina y tomaron las mismas medidas que los países europeos: el confinamiento estricto.
Ante la pregunta, ¿y qué va a pasar con los trabajadores? La respuesta implacable era el Estado ayudará a las empresas a mantener los puestos de trabajo.
El punto es que los mercados de trabajo europeos son muy diferentes al argentino. En Europa el 88% de los que trabajan en el sector privado son asalariados registrados en empresas y el 12% restante son cuentapropistas no profesionales (pequeños comerciantes). En este marco, un confinamiento estricto con subsidios a los empleadores contiene a la mayoría de los trabajadores. Luego, asistir a los pequeños comerciantes es más fácil porque son un porcentaje chico.
El mercado laboral privado de Argentina es diametralmente opuesto. Sobre un total de aproximadamente 14 millones de trabajadores privados, 6 millones son asalariados registrados en empresas, 4 millones son asalariados no registrados que se desempeñan en unidades productivas y otros 4 millones son cuentapropistas no profesionales. Como se observa, lo que en Europa es 88% aquí es 44% (la mitad) porque 28% son asalariados no registrados, que en Europa desarrollada no hay. Otro 28% son cuentapropistas no profesionales, que en Europa son apenas 12% (o sea, en Argentina son más del doble).
Esto es producto de que Argentina tiene un mercado laboral dual. Menos de la mitad son asalariados privados registrados mientras que más de la otra mitad son informales, sea como asalariado no registrado o cuentapropista no profesional. Adoptando la estrategia sanitaria europea (confinamiento estricto con subsidios a los empleadores) no se protegió a la mayoría sino que se protegió a menos de la mitad (estos fueron en Argentina los que recibieron los “ATP”).
De aquí que luego se observaron los resultados que cabía esperar. En el segundo trimestre del 2020 ?cuando el confinamiento fue estricto? hubo una caída de más de 3 millones de ocupados, de los cuales el 90% fueron informales (asalariado no registrado y cuentapropistas). Luego, en el tyercer trimestre del 2020 ?cuando el confinamiento se relajó? volvió al empleo la mitad, unos 1,5 millones de ocupados, de los cuales todos eran informales (dos tercios cuentapropistas y un tercio asalariados no registrados).
Se argumenta que para esta gente estuvo el “IFE” (Ingreso Familiar de Emergencia). Pero esta ayuda fue más un plan asistencial mal manejado que un subsidio al empleo. De hecho, muchos que accedieron al IFE eran jóvenes de entre 20 y 30 años que vivían con los padres y se autodeclararon como que vivían solos y recibieron el IFE.
¿Qué habría que hacer para tener un mercado laboral como el europeo?
Extremando la simplificación, algunos datos del mercado laboral argentino dan una orientación. Según datos de la AFIP, de los 6 millones de asalariados registrados en empresas, 3 millones lo están en empresas con más de 100 trabajadores. Se trata de casi 10.000 empresas.
Si, por alguna circunstancia, Argentina pudiera atraer a otras 10.000 empresas más con tamaños superiores a los 100 trabajadores, el porcentaje de asalariados registrados pasaría de 44% a 66%. Si atrajera a 20.000 empresas con más de 100 trabajadores el porcentaje de asalariados privados registrados sería de 88%, como es en Europa.
Entonces, el desafío pasa por triplicar la cantidad de empresas con más de 100 trabajadores. En lugar de tener 10.000, como Argentina tiene en la actualidad, debería tener 30.000 empresas con más de 100 trabajadores.
Para que esto suceda tiene que haber más seguridad jurídica, menos impuestos distorsivos, una legislación laboral y de negociación colectiva mucho más moderna (no como la actual que data de hace 27 y 68 años, respectivamente) y el fin del “pequeñismo” que vendría a ser el “pobrismo” entre empresas. El “pequeñismo” es atenuar las distorsiones regulatorias sólo para los microemprendimientos y dejárselas a las empresas medianas y grandes, casi como castigo por ser grandes.
Y no puede quedar en el tintero. Mejorar sustancialmente la retención escolar para que todos los jóvenes terminen la secundaria y la calidad educativa para que la mayoría tenga entendimiento de lengua y matemática (cosa que hoy la mayoría no tiene). Esto es central. Porque los informales crónicos tienen como común denominador los déficits educativos. Por eso no pueden conseguir empleo formal.
(*) Economista de Idesa
