Por Claudio Caprarulo
El Gobierno asignó desde el inicio de la cuarentena $500.000 millones para mitigar el impacto del coronavirus. La acertada decisión de proteger a los puestos de trabajo y las empresas, como así también de garantizarle un ingreso a los sectores más vulnerables reduce las consecuencias de una crisis sin precedentes en la economía mundial. De esa forma, la recuperación será más rápida pero también limita el rol que podrá tener el Estado en esa etapa.
Veamos. Como consecuencia de una economía en recesión desde 2018 y con compromisos de deuda en moneda extranjera imposibles de cumplir, las finanzas públicas ya estaban en estado crítico antes de la pandemia. Pero la caída en la recaudación de impuestos (12% en términos reales durante el primer semestre) producto de la cuarentena limito aún más la capacidad financiera del Estado.
En ese contexto, el Gobierno echó mano a la única opción que tenía para inyectar recursos e intentar contener los daños del coronavirus: la emisión monetaria. En los primeros seis meses del año las transferencias de utilidades y adelantos transitorios del BCRA al Tesoro alcanzaron 4,4% del PIB. Mientras que previo a la irrupción del Covid-19, la proyección era que cierren 2020 en torno a 2,6%, mismo valor que en 2019. De todas formas, el actual nivel parece ser el límite al que está dispuesto a llegar el equipo económico si consideramos que prefirió pagar parte de la nómina del aguinaldo de los estatales en cuotas antes que recurrir nuevamente al BCRA.
Así las cosas, una vez que la emisión monetaria para financiar el gasto parece haber encontrado un techo, el estímulo fiscal del gobierno en la economía ira menguando. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser el artífice de la recuperación. La clave estará en que logré ser un Estado que facilite la implementación de políticas públicas orientadas a incrementar el desarrollo económico tanto en los sectores/regiones donde no vuelque ingresos de forma directa como en los que sí.
Vayamos a un ejemplo concreto. La merma en la recaudación de impuestos se traduce también en menores recursos para los estados provinciales. En los primeros seis meses del año, las transferencias automáticas desde el Tesoro Nacional hacia las provincias en concepto de coparticipación de impuestos y leyes especiales cayó 13% en términos reales.
En diciembre varios gobernadores ya proyectaban un 2020 difícil para las finanzas provinciales. A partir de esos pronósticos es que firmaron con el Gobierno Nacional la suspensión del Pacto Fiscal. De esa forma, postergaron la reducción de impuestos que debían realizar durante este año.
Meses más tarde, ya en el contexto del coronavirus, el gobierno volvió a hacerles un guiño y creo el Programa para la Emergencia Financiera Provincial con un presupuesto de $120.000 millones. Recordemos que a diferencia de la Nación, los estados sub nacionales no pueden financiar sus déficits a través del BCRA y suelen recurrir a préstamos o transferencias con el gobierno nacional y/o al endeudamiento con el sector privado.
Como dijimos antes, esta ayuda provista en el marco de la pandemia limita los recursos disponibles en los próximos meses para gastos que estén fuera de la emergencia. Por ejemplo, para financiar obras de infraestructura provinciales y municipales.
El principal destino de los recursos en los gobiernos subnacionales son los gastos corrientes. Por lo tanto, erogaciones como la construcción de viviendas o la compra de maquinaria (por ejemplo, podadoras y equipamiento, entre otras) depende muchas veces del financiamiento provisto por la Nación.
A pesar de la merma en sus recursos, el Estado Nacional puede ayudar a que estos gobiernos locales realicen gastos que si bien no son de primera necesidad son indispensables para su desarrollo económico y social. Por un lado, desde la macro al generar condiciones e instrumentos para que la inversión privada, real y financiera, se canalice en proyectos de infraestructura en las provincias. Y por el otro, directamente en el territorio, por ejemplo, brindando herramientas para la implementación de agendas de gobierno abierto que permiten la reducción de costos, ergo liberalización de recursos, al aumentar la competencia en los procesos de compras y contrataciones.
En resumen, la pandemia agravó la restricción presupuestaria que ya tenía el Gobierno para impulsar la demanda en una economía en recesión mientras que la necesidad de asistencia hacia las personas, empresas y gobierno provinciales aumentó. El desafío para los próximos meses es complejo y no se van a poder satisfacer todos los reclamos. El Gobierno deberá, entonces, en algunos casos modificar su rol de proveedor de recursos y asumir el de facilitador de herramientas para encontrar soluciones. Cuenta con la ventaja que en Argentina existen múltiples oportunidades de mejora que requieren más de cambios en la forma de hacer las cosas que de incrementar los gastos
