Por Francisco Santángelo Abogado de Aguirre Saravia & Gebhardt
El complejo escenario que se presenta a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297/2020 (sus disposiciones reglamentarias y complementarias), con el objetivo de combatir la propagación del virus Covid-19 exhibe una crisis económica y financiera generalizada sin precedentes, cuya magnitud y alcances definitivos resultan difíciles de mensurar al día de la fecha.
En un contexto en el que se prorrogan las medidas de aislamiento en forma sucesiva y las hipótesis de reactivación se alteran permanentemente, es difícil dar con sectores de la economía que no se encuentren expuestos al alto grado de incertidumbre que nos presenta la realidad económica actual.
Aún así, en el marco de la referida inestabilidad generalizada, es inevitable no advertir que uno de los horizontes más oscuros es el que deberá afrontar, por un prologado e incierto período de tiempo, el turismo, en general y la hotelería, en particular. En el plano internacional, la Organización Mundial del Turismo (OMT) realizó un completo informe en el pasado mes de abril, que brindó un panorama ilustrativo exponiendo cómo se detuvo la actividad turística prácticamente en un ciento por ciento.
Según la organización que depende de la Unesco, el sector sufre una conmoción sin precedentes, ya que prácticamente todos los destinos del mundo han impuesto restricciones a los viajes desde enero de 2020, en muchos casos prohibiéndolos por completo, con el fin de contener la pandemia.
Según el referido estudio, que fuera publicada en la página web de la organización, 96% de los destinos del mundo introdujo restricciones a los viajes en respuesta a la pandemia. “Alrededor de 90 destinos han cerrado total o parcialmente sus fronteras a los turistas, mientras que otros 40 se encuentran cerrados a ciertos turistas, dependiendo del país de origen”, agrega.
Si bien desde la referida organización se instó a los gobiernos a revisar de manera continuada las restricciones a los viajes y a flexibilizarlas o levantarlas tan pronto como pueda hacerse de forma segura; en el ámbito nacional el actual estado de avance de la pandemia demuestra que desde mediados de marzo la actividad turística se encuentre detenida en su totalidad. Ante esta situación ni el más optimista de los pronósticos elaborados permite vislumbrar un escenario de reactivación en el corto plazo.
A modo ilustrativo puede señalarse que entre los varios factores que limitan (y limitarán) la actividad, no existe una fecha estimativa para la reapertura de las fronteras que posibilite el ingreso de turistas extranjeros y en el plano doméstico se encuentra vigente la resolución 144/2020 de la Administración Nacional de Aviación Civil, que restringe las operaciones regulares de pasajeros para las aerolíneas, en principio hasta el 31 de agosto de 2020.
A ello deben sumarse las diversas evaluaciones que circulan en el sector y que plantean serios interrogantes acerca de cuáles serán los nuevos hábitos de los viajeros, una vez que se habilite gradualmente la actividad turística (tanto a nivel nacional como internacional). No es un tema menor si se tiene en cuenta que, según las recientes declaraciones del propio Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, la crisis descripta involucra en nuestro país a más de 17.000 hoteles, 5.000 agencias de viajes y otras pymes del sector que emplean a 1,1 millón de personas.
Se advierte entonces que ante un contexto tan adverso como el que deberá afrontar la industria hotelera durante los próximos meses, tanto el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, implementado mediante el Decreto 332/2020 (y sus sucesivas modificaciones), como los acuerdos sectoriales que suscribió la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), cámaras que agrupan a 90% del personal de la actividad, no son más que un pequeño oasis en un desierto cuya extensión parece no tener un límite visible.
En efecto, las medidas previstas en los referidos convenios se extienden por un período de 30 días en el caso de AHT y de 60 días en el caso de FEHGRA, circunstancia que parece indicar que, ante la gravedad de la crisis, el sector en su conjunto aguarda un plan concreto del gobierno para poder adoptar medidas de mayor proyección.
Desde el referido ministerio ya anunciaron la creación del “Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo” (Pacit) para inyectar a la industria del turismo una suma que ascendería a los $6.000 millones.
Si bien los anuncios generan expectativas en el sector, la velocidad con que avanza la crisis también obliga a los empresarios del rubro a ser proactivos en la toma decisiones individuales y elaborar diversos planes de crisis que les permitan atravesar el extenso período de inactividad que tienen por delante. Al igual que sucediera en otros industrias, muchas de las empresas del rubro hotelero están afrontando un proceso de revisión integral de sus contratos, cuyos cumplimientos se ven afectados en el actual contexto.
Con los establecimientos cerrados por disposición gubernamental, se ha abierto un escenario propicio para efectuar diversos planteos de revisión, readecuación o de extinción de contratos invocando la causal de fuerza mayor y/o imprevisión, con un amplio marco para renegociar sus condiciones de continuidad.
Cabe señalar también que, ante la complejidad del marco general, no se descarta que una eventual demora o insuficiencia en la implementación de los planes anunciados por el Gobierno, sumada a una extensión en el tiempo de la parálisis del sector, puedan aumentar exponencialmente los pedidos de reestructuración judicial integral, a través de los procedimientos que brinda la Ley de Concurso y Quiebras (ley 24.522).
En efecto, ante una hipótesis de agudización de la actual crisis, una convocatoria de acreedores permitiría a las empresas que acudan a dicho procedimiento, suspender los pedidos de quiebra, el devengamiento de los intereses (con las excepciones que establece la citada ley) y los procesos ejecutivos, no pudiendo ser demandada por nuevos juicios de contenido patrimonial (de causa anterior a la presentación en concurso).
También podrían valerse del marco de contención que se prevé para canalizar parte de su pasivo laboral, reconducir las deudas fiscales a través de los planes que el fisco establece en cada jurisdicción para los sujetos concursados y eventualmente requerir al tribunal interviniente el levantamiento de algunas medidas cautelares.
Todo ello con el objetivo de alcanzar un acuerdo de pago con la mayoría de sus acreedores, que permita diferir el cumplimiento de sus obligaciones para la oportunidad en que se reactive la actividad y retorne su capacidad de pago.
