Por Alejandro Tomás Scasserra
Mucho se habla en estos días de la inflación, el déficit fiscal y de la crisis de deuda externa como problemáticas centrales a resolver para emprender un nuevo camino de crecimiento en nuestro país. Como si fuera poco, la pandemia ha golpeado aún más a un país que no logra un crecimiento real de su PIB desde 2011.
Este último elemento dejó al descubierto la precariedad de los sistemas de pago en nuestro país y el predominio de la cultura del efectivo, al encontrarnos con la necesidad de mantener el distanciamiento social y el menor contacto con los billetes. En otras palabras, se dejó en evidencia la falta de inclusión financiera.
Según el BID, el concepto de inclusión financiera se refiere la posibilidad de “acceder a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades ?transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro? prestados de manera responsable y sostenible”. La falta de acceso a estos servicios tiene múltiples causas, pero podemos dar un pantallazo diciendo que hay un gran componente en la falta de educación financiera (por parte del sistema formal y del núcleo familiar), factores socioculturales, falta de confianza en el sistema financiero, poca confianza en la tecnología, presión impositiva, búsqueda de la informalidad a través del efectivo, segregación social y falta de historial dentro del propio sistema financiero formal, entre otros.
Los números son contundentes: se estima que aproximadamente sólo el 50% de la población de nuestro país está bancarizada (tiene una cuenta en un banco y recibe acreditaciones periódicamente) y 8 de cada 10 adultos extrae todo el efectivo por ventanilla o cajero automático luego de cobrar, lo que repercute en casi 30% del PIB en negro. Existen cientos de miles de personas en nuestro país cuyo único punto de contacto con el sistema financiero es el cajero automático.
Todos estos factores fomentan la economía informal, la evasión impositiva, el trabajo en negro, el desarrollo de actividades ilegales y, ahora también, el contagio de enfermedades. Además, la fabricación, transporte y gestión del efectivo repercute en enormes costos y riesgos para las empresas e individuos.
Afortunadamente, hace algunos años se viene produciendo el fenómeno de la digitalización de las finanzas a través de las fintech y bancos digitales. Sin ir más lejos, a fines de 2017 fue fundada la Cámara Argentina de Fintech, con el objetivo de promover el crecimiento y desarrollo de la industria.
Desde entonces, la cantidad de empresas de este tipo no ha parado de crecer. De acuerdo a datos aportados por la propia Cámara, la cantidad de empresas fintech pasó de 133 a fines de 2018, a 223 a fines de 2019, colocando a Argentina como el tercer país en importancia regional en el desarrollo de estas empresas, solo por debajo de Brasil y México. Durante 2019, año de profunda crisis económica y financiera en Argentina, el sector fintech fue uno de los pocos que no ha parado de crecer. Tampoco ha dejado de hacerlo durante la pandemia en lo que va de este 2020.
Asimismo, durante estos últimos años han sido lanzados tres nuevos bancos digitales en nuestro país, y los bancos tradicionales han comenzado a transformar sus procesos internos hacia la cultura digital para ofrecer a sus clientes productos más accesibles, transparentes y económicos.
Los informes sobre actividad financiera proveniente de países desarrollados y organismos multilaterales, señalan una y otra vez la importancia del crecimiento de empresas que promuevan la inclusión financiera a través de la tecnología, entendiéndolas como una herramienta fundamental para el desarrollo del crédito, el ahorro y el uso transaccional del dinero. Una mayor inclusión financiera ayuda a la aparición de nuevos micro emprendimientos, uso más inteligente del gasto y el ahorro, y la una mayor formalización de la economía.
Las fintech además promueven el desarrollo del conocimiento en tecnología a través de la demanda de personal cualificado que posea diversas aptitudes: desde programadores, diseñadores y técnicos, hasta comerciales, personal de producto y expertos en marketing, pasando por las clásicas disciplinas bancarias como financieros, analistas de riesgo y actuarios. Incluso muchas demandan psicólogos y coachs para entender mejor a sus clientes y ayudar en el clima organizacional interno. Se calcula que, a mediados del año pasado, sólo el sector fintech empleaba a más de 9.500 personas, y muchas de las empresas que lo componen han anunciado que continuarán contratando personal a pesar de la pandemia.
Esta demanda generada por el nuevo sector ha llevado a muchas universidades a crear sus programas de capacitación ejecutivas, maestrías y carreras de grado centrados en este nuevo modelo de negocios financieros. El sistema educativo baila al ritmo del mercado laboral, como pieza fundamental en esta cadena de generación de conocimiento.
El fenómeno fintech se inició durante la crisis norteamericana de 2008. En ese contexto, la falta de confianza en el sistema financiero tradicional y la necesidad de servicios financieros más rápidos, transparentes, accesibles y baratos, disparó el proceso de transformación de la industria financiera. Desde entonces, no se han dejado de crear nuevas empresas que han crecido de manera exponencial en todo el mundo.
Pero no solo ha traído nuevas oportunidades en los mercados más desarrollados, sino que trajo consigo la gran oportunidad para lograr mayor riqueza en países en vías de desarrollo.
En Argentina, existen más casi 7 millones de billeteras virtuales, hay record de apertura de cuenta comitentes producto de la posibilidad que dan algunas fintech de invertir el saldo a la vista en fondos comunes de inversión, la compra de criptomonedas no para de crecer y los pagos con QR se han convertido en un commodity, sobre todo en las grandes ciudades.
En medio de la crisis económica, en Argentina aparece el sector fintech como una oportunidad para desarrollar el empleo calificado y llevar educación financiera a la gente a través de servicios más accesibles. La democratización de los servicios financieros está ocurriendo y tenemos la oportunidad de convertirlo en una ventaja competitiva para nuestro país. Sector privado y público deben unir fuerzas para seguir trabajando en el desarrollo de una nueva economía digital.
