Lo importante no es la renegociación, sino el déficit fiscal

29 de enero, 2020

La economía cayó 2,7% interanual en julio y sumó su cuarta baja en fila

Por Jorge Colina Idesa

 

El Gobierno avanza en el Congreso con la sanción de la ley que lo habilita a renegociar la deuda pública nacional. El Ministro de Economía incluso hizo su primer viaje exploratorio para captar el clima que se vive entre la comunidad financiera respecto a la refinanciación de la deuda argentina. De todas formas, en ninguno de estos dos hechos se juega algo importante. La razón es que el problema de Argentina no es la deuda, sino su déficit fiscal crónico. En otras palabras, a la comunidad financiera internacional no le importa tanto cómo se refinanciará la deuda, sino cómo se pagará la deuda refinanciada.

 

Desde 1960 hasta la actualidad pasaron 60 años. En 45 hubo déficit fiscal. Los pocos años con superávit no pudieron ser sustentados. Algunos de ellos fueron en la década de los ’90, exigidos por la convertibilidad, y otros fueron a la salida de la convertibilidad generados a partir de una enorme licuación de jubilaciones, salarios y otros items de gasto públicos producidos por el retorno a la alta inflación. Es más, para el 2019 se había planteado la meta de “déficit primario cero”. Cerrado el año, el Ministerio de Economía informó que el déficit primario fue de 0,4% del PIB. Se podría decir que, al menos, anduvo cerca del cero.

 

El punto es que las propias autoridades económicas se encargaron de aclarar que si no fuera por los ingresos extraordinarios, el aumento de gastos impagos exigibles, el adelanto de derechos de exportación y la postergación de la devolución del IVA, el déficit primario del 2019 no habría sido sería de 0,4% sino de 1,7% del PIB. Si se sumaran los pagos de intereses, el déficit hubiese subido a 5% del PIB, o sea, igual porcentaje que había en el 2015 cuando asumió el gobierno anterior (que en su momento también advirtió que recibió déficit escondido).

 

Más allá de las picardías contables, el déficit primario de 2019 (sea 0,4% o 1,7% del producto) demuestra la alta resistencia de la dirigencia argentina para abordar cambios estructurales a fin de lograr un equilibrio fiscal genuino.

 

El año pasado, el gasto público primario se redujo en 4% del PIB. Pero el 75% de esa baja se explica por la reducción en términos reales de las jubilaciones, los salarios públicos y la inversión pública. Gracias a que la inflación fue del 53,8% anual, la recaudación impositiva subió 48% y el “esfuerzo” fiscal, entonces, se hizo atrasando el gasto en jubilaciones que creció el 44%, en salarios públicos 34% y en inversión pública un 12% anual.

 

En estas condiciones, salvo que la inflación se siga acelerando, para mantener la licuación, la reducción real del gasto público se va a revertir y el déficit fiscal va a volver a crecer. Esto se explica tanto por cuestiones legales, ya que las normas y doctrina previsional que regulan la movilidad de haberes no toleran la licuación de jubilaciones por inflación, como por presiones sindicales para el caso de la recuperación de los salarios públicos o por necesidad de que la infraestructura no se siga deteriorando para el caso de la inversión pública. Tratar de generar superávit fiscal con inflación es “el perro que busca morderse la cola”.

 

Con estos antecedentes, a la comunidad financiera internacional le es irrelevante la propuesta de reestructuración. Aunque se condonara el 100% de la deuda, el problema central de Argentina es la persistencia del déficit fiscal estructural. De aquí que lo relevante para los acreedores es un plan económico que pueda generar excedentes fiscales con baja inflación y sostenibles en el tiempo.

 

Los pilares de este plan son básicamente tres. El primero, una profunda reforma impositiva donde se unifiquen los impuestos nacionales, provinciales y municipales, se eliminen los impuestos a la producción (distorsivos) y se simplifique sustancialmente la administración tributaria. El segundo, un ordenamiento previsional que tienda a unificar las reglas jubilatorias (evitando los tratos privilegiados de los regímenes especiales y de las provincias con cajas no transferidas) y la creciente duplicación de beneficios de jubilación por vejez con pensión por cónyuge. El tercero, un reordenamiento funcional del sector público desarmando estructuras burocráticas y programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales.

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