Los elementos que, en las últimas semanas, se fueron acumulando para dibujar una relación cada vez más distante y tensa entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno, pueden incrementarse. El Máximo Tribunal deberá tomar una nueva decisión en el marco del fallo con el que instaló una medida cautelar que ordenó a la administración de Mauricio Macri no afectar las arcas provinciales con los recortes en IVA y Ganancias, que anunció tras las PASO. Los gobernadores opositores exigen a los ministros del Alto Tribunal que intimen al Gobierno a cumplir la sentencia de forma inmediata. Las presentaciones de los gobernadores generan expectativa sobre el acuerdo de esta semana en la Corte y sus posibles decisiones.
El viernes, los 15 gobiernos provinciales que reclamaron contra la decisión de Mauricio Macri de quitar el IVA a alimentos y aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, por considerar que afectaba impuestos que se reparten entre las provincias por coparticipación, presentaron reclamos ante la Corte para que el Gobierno cumpla inmediatamente con la medida cautelar que el tribunal tomó hace dos semanas. Esa decisión, que respaldaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y que rechazó el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ordenó que “los efectos fiscales” de las decisiones impositivas que tomó el Gobierno tras las PASO y que las provincias cuestionaron “sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional”.
Quince gobiernos provinciales presentaron reclamos ante la Corte para que el Gobierno cumpla con la medida cautelar.
Los gobiernos provinciales presentaron cálculos de los perjuicios económicos por los recortes impositivos de impuestos nacionales. La provincia de Entre Ríos ?cuyo recurso presentado contra las medidas fue el que tomó la Corte para dictar la cautelar y extender su alcance al resto de las jurisdicciones que reclamaron? solicita en su presentación que se le aseguren $ 2.093 millones hasta fin de año. El fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, dijo a El Economista que ve probable que la Corte “decida este martes (por hoy), porque la cautelar debe ser cumplida, no puede ser ordinarizada”.
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno hizo una presentación en la que solicitó aclaraciones sobre el alcance de la decisión y pidió una audiencia con todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo sobre cómo cumplir la medida cautelar. Esa presentación tuvo las firmas de los ministros de Hacienda, y de Trabajo y Producción, Hernán Lacunza y Dante Sica, respectivamente. Pero, además de esos funcionarios, también los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Germán Garavano (Justicia) cuestionaron el fallo y pidieron aclaraciones, haciendo de distintas declaraciones en los medios. Garavano señaló que la Corte “es tan independiente que parece opositora”. Frigerio, por su lado, afirmó que el fallo los “sorprendió” porque “hay una historia, una tradición, que es no hacer fallos de este tipo en plena campaña electoral, a pocas semanas de una elección presidencial”.
En la presentación que hizo Entre Ríos ante la Corte, a la que accedió El Economista, se pide que “se intime al Estado Nacional para que comience a cumplir de inmediato la sentencia cautelar” para que se giren “de manera automática y periódica los fondos que le corresponde percibir a Entre Ríos”. La provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet afirmó que “los efectos fiscales” de la medidas presidenciales (materializadas en los decretos 561 y 567) “ya han comenzado a dimanar consecuencias sobre el erario entrerriano”, y que concluye que el costo en su caso es de $ 2093 millones “haciéndose eco del informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Rodríguez Signes, dijo que ve probable que la Corte “decida este martes (por hoy)”.
El reclamo que presentó la provincia de Entre Ríos el viernes incluye reproches por otras decisiones impositivas del Gobierno, que Bordet, por medio de la Fiscalía de Estado, aprovecha para recordar. Entre esos puntos, figura la eliminación del Fondo Sojero.
Sobre la intención planteada por el Gobierno a la Corte de reunir a las partes involucradas para discutir sobre los alcances del fallo, en la presentación de Entre Ríos se subraya que la provincia “no se someterá a una audiencia meramente informativa”. Las provincias que reclamaron contra los recortes impositivos del Gobierno son Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. También acudieron a la Corte para exigir el inmediato cumplimiento de la cautelar.
La expectativa está centrada en la posibilidad de que hoy, una nueva decisión de la Corte que podría producirse traiga más cortocircuitos con el Gobierno. Además del fallo por coparticipación, la semana pasada el Máximo Tribunal sumó otra determinación incómoda para la administración de Mauricio Macri, cuando ordenó pagar a exiliados durante la última dictadura el mismo monto de indemnización que perciben las personas que estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo en los años de plomo. Contradijo, así, una decisión del Ministerio de Justicia que establece que los exiliados deben cobrar el 25% de lo que reciben los que estuvieron detenidos.
El vínculo Corte-Gobierno está resquebrajado. Un hito fundamental en esa relación deteriorada es el fallo con el que el Máximo Tribunal convalidó el cálculo de reajuste de jubilaciones a partir del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), en lugar de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), como quería el Gobierno, lo que habilitó reajustes más favorables para los pasivos.
En ese fallo trascendental por los haberes jubilatorios (conocido como caso Blanco), Rosenkrantz, presidente de la Corte, quedó en soledad con su voto a favor de la postura que sostenía el Gobierno, mientras que Lorenzetti, Maqueda y Rosatti votaron en bloque, también con el apoyo de Elena Highton de Nolasco. El voto en soledad de Rosenkrantz, diferenciándose del trío de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti se repitió varias veces luego de ese fallo por jubilaciones, y eso habilitó los rumores de una “mayoría opositora” en el Máximo Tribunal. Highton osciló entre ambos bandos.
