Por Rodrigo González Economista de la Fundación Ideal
En mayo, asumió Emmanuel Macron la presidencia de Francia. Dos hechos marcaron su agenda y prioridades: en Francia existen más de 3,5 millones de personas desocupadas. El desempleo supera el 10% (muy por encima al promedio de la OCDE), y el desempleo juvenil alcanza el 25%. Por otro lado, Francia posee un nivel de competitividad sensiblemente menor que el de vecinos como Alemania o Reino Unido, y una de las principales razones resulta la rigidez de su mercado laboral.
Ambas situaciones conviven en un contexto de intensa y acelerada revolución productiva, donde el crecimiento está impulsado por la innovación y la constante destrucción creativa. De manera vertiginosa emergen nuevos productos que destruyen viejas empresas y modelos de negocio, y nacen nuevos puesto de trabajo mientras que otros son reemplazados por penetrantes procesos automatización.
En este escenario, Macron decidió poner en juego su capital político e impulsar una reforma estructural del código laboral con cambios que se basan en cuatro pilares: a) descentralizar y promover negociaciones directas entre empleadores y empleados del sector pyme (55% de la fuerza laboral), b) facilitar la migración de trabajadores entre empresas y sectores económicos, c) ampliar el seguro por desempleo, extendiéndolo hacia trabajadores autónomos y asalariados que voluntariamente dejan su empleo para buscar otro, y d) promover un mejor diseño e implementación del sistema de capacitación y formación laboral.
De manera vertiginosa emergen nuevos productos que destruyen viejas empresas y modelos de negocio, y nacen nuevos puesto de trabajo mientras que otros son reemplazados por penetrantes procesos automatización
Estos cambios configuran un claro ejemplo de los nuevos paradigmas en materia de políticas laborales, en las cuales el concepto de flexiguridad (o flexiseguridad) pretende dar un marco adecuado para los tiempos que corren. Francia busca una reforma que promueva mayor flexibilidad para las empresas, conviviendo con una mejor cobertura de riesgos ante episodios de desempleo y una política de capacitación que promueva la reinserción. La estrategia pasa por proteger a los trabajadores con seguros de desempleo de amplia cobertura y con mejor capacitación, y no con regulaciones laborales rígidas que atentan contra el crecimiento.
El panorama local
La discusión francesa permite trazar ciertos paralelismos con los desafíos que enfrenta Argentina. Nuestro país posee una legislación laboral rígida, que discrimina a ciertas categorías de trabajadores (con bajos niveles educativos y jóvenes), quienes enfrentan no sólo mayor desempleo sino también elevadísimas tasas de informalidad.
Nuestros niveles de rigidez laboral están por encima del promedio de América Latina y países de la OCDE. Los principales desfases se relacionan con la ausencia de regímenes de trabajo temporario, y la existencia de sistemas centralizados a nivel sectorial en las negociaciones colectivas, donde los mismos acuerdos rigen para empresas grandes y pymes. Ambos aspectos limitan el rendimiento de la economía y el potencial de crecimiento ocupacional formal.
Por otro lado, a pesar de contar con el mayor gasto social de América Latina (29% del PIB) existen déficit en la protección ante el desempleo y en las políticas activas de formación para el trabajo.
Francia busca una reforma que promueva mayor flexibilidad para las empresas, conviviendo con una mejor cobertura de riesgos ante episodios de desempleo y una política de capacitación que promueva la reinserción
El seguro por desempleo en Argentina no alcanza a cubrir siquiera el 10% del total de desocupados, y su monto representa apenas 25% de la canasta básica total. A su vez, el gasto social focalizado en capacitación y formación resulta sensiblemente menor que el promedio de la región. Según la OECD, América Latina gasta 1,3 puntos del PIB en acciones de capacitación mientras que Argentina gasta apenas 0,5%. Por otro lado, este tipo de acciones exigen un elevado nivel de coordinación y previsión de las habilidades requeridas en el mercado de trabajo, aspectos no siempre contemplados en el diseño de estas políticas. Contrariamente, el 75% del gasto nacional en políticas laborales activas financia programas de empleo público, como Argentina Trabaja que contará pronto con más de 250.000 beneficiarios.
En definitiva, es momento oportuno de repensar prioridades y estrategias en la política laboral. La discusión de estos temas configurará un aspecto central para que Argentina capitalice las oportunidades de los tiempos que corren.
