En la resolución del tema de Ganancias, los actores institucionales ?Gobierno Nacional, gobiernos locales y Congreso? le cedieron la decisión a un actor corporativo, la CGT. La negociación final del Gobierno fue con los sindicatos porque los legisladores de la oposición habían anticipado que sólo avalarían un acuerdo que contase con el apoyo de la CGT. En la misma línea estaban muchos gobernadores en la medida en que se vieran recortados sus recursos, lo que efectivamente consiguieron.
Logrado el acuerdo con la CGT, el resto de las reuniones fue formal para amortiguar las consecuencias del acuerdo, pero no para discutirlo. Se han escuchado distintas versiones para intentar explicar lo ocurrido.
Una explicación formal es que tratándose de un problema que involucraba a los trabajadores, la palabra final la debían tener sus representantes. Pero el camino elegido también le sirvió a la dirigencia política porque fue una vía de escape para un tema complejo. Al haberles dado la palabra final a los dirigentes gremiales, ningún sector político apareció derrotado teniendo que ceder ante otro. Todos cedieron, pero lo hicieron frente a la CGT y no ante un competidor electoral.
El Gobierno perdió recursos pero consiguió tranquilidad y sacó un tema ríspido de la campaña de 2017. Logró también mantener, a través de diversas concesiones, su vínculo con la dirigencia gremial que le aseguró transcurrir su primer año sin grandes conflictos pese a que la situación económica no fue la mejor. La oposición pudo forzar al oficialismo a discutir el tema en otro plano.
Pero la forma en la que se resolvió el tema Ganancias también tendrá consecuencias políticas. Al peronismo le marca la necesidad de encontrar un liderazgo dado que debió recurrir a la CGT para unificar un criterio. La dirigencia sindical ya no representa a la columna vertebral del movimiento porque el peronismo hoy es una fuerza política de base territorial y de hecho hay pocas figuras partidarias de peso o legisladores de origen gremial. Su presencia es mayor en el Frente Renovador de Sergio Massa que, como contrapartida, tiene peso en la central obrera. Es evidente que la reunificación de la CGT, en la cual conviven distintos sectores, le dio mayor poder y es un modelo a observar para el peronismo. A su vez para el Gobierno, el acuerdo logrado le da ventajas, pero le marca límites. Por un lado despeja un tema conflictivo con la dirigencia gremial y se asegura, con alguna mejor económica mediante, un año electoral relativamente tranquilo en un frente que siempre fue complicado para los gobiernos de origen no peronista.
Pero, a su vez, organizaciones sindicales con más poder le van a poner un freno a cualquier iniciativa oficial destinada a modificar las relaciones laborales. En los últimos tiempos el Presidente y varios ministros salieron a cuestionar la vigencia de convenios colectivos que son del siglo pasado, también proponen introducir criterios de productividad en las paritarias y el elevado costo laboral es una preocupación constante de sectores empresarios que son afines al Gobierno pero que le reclaman cambios en ese tema. Pero ninguna de esas iniciativas está destinada a avanzar en la medida en que encontrarán resistencia en una representación sindical ahora fortalecida.
Una vez más aparece expuesta la tensión entre bajo conflicto social por un lado y competitividad económica por otro. Por la correlación de fuerzas vigente y pese a su discurso actual, el Gobierno no confrontará con los sindicatos aunque eso le valga cuestionamiento del sector empresario del cual surgieron muchos de sus funcionarios.
