La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo dividido, declaró aplicable el beneficio del cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires. La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica “siempre” a todos los delitos, sin distinción alguna, más allá de la particularidad de los delitos, considerados imprescriptibles por la legislación internacional.
Este mismo argumento fue el que utilizaron los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, para votar en contra. La medida fue rechazado por la mayoría de los organismos de derechos humanos y buena parte de la oposición, mientras que el oficialismo osciló entre el silencio y el pedido de ser “respetuosos” de la decisión y de la “independencia” del Poder Judicial. Abuelas de Plaza de Mayo fue el primer organismo que manifestó en la voz de Estela de Carlotto su “indignación” por la decisión del máximo tribunal, al calificarlo de “abominable”. Luego, en conferencia de prensa, ratificaron su oposición, cuestionaron al Gobierno y convocaron a la sociedad a movilizarse porque “abre la puerta de la impunidad a los genocidas”. Mientras que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, Taty Almeida, calificó de “inaudito” el fallo y lo relacionó con el pedido de reconciliación que propuso la jerarquía eclesiástica. “Para los organismos no hay reconciliación, ni perdón, sino justicia legal”, dijo en la conferencia.
Desde el bloque del Frente para la Victoria de Diputados consideraron que la sentencia “significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado, y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los Derechos Humanos”. Mientras que la expresidenta Cristina Kirchner se preguntó si el país no está ante “una nueva mayoría automática, de esas que creíamos superadas cuando Néstor (Kirchner) impulsó la renovación de la Corte Suprema”, al resaltar que los dos miembros elegidos por el Gobierno de Mauricio Macri habían votado en favor del 2x1.
En cuanto a las voces oficialistas, no fueron muchas las que se expresaron sobre el tema. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recordó la “independencia” del Poder Judicial, llamó a ser “respetuosos” de la decisión judicial porque se trata de “un fallo del máximo órgano de Justicia” y recordó que él siempre sostuvo que “los derechos humanos son para todos por igual, y, si los integrantes del tribunal consideraron que el marco legal permitía eso, tenemos que respetarlo”. Con este argumento, declaró aplicable al caso del represor condenado Luis Muiña la Ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.
