A través de la Secretaría de Comercio, el Gobierno Nacional estableció licencias no automáticas para el ingreso de agroquímicos al país. La medida se conoció el viernes, cuando apareció publicada en el Boletín Oficial, y rige para las materias primas además de los productos terminados, como herbicidas, fungicidas y glifosato granulado, entre otros. De esta manera, el Ejecutivo tendrá un plazo de sesenta días para aprobar las importaciones y, a la vez, los productos deberán ser evaluados técnicamente por el Senasa para ser aprobados.
La decisión oficial no es menor si se toma en cuenta que dirigentes del sector hace tiempo que llevan adelante un fuerte reclamo para detener la entrada de agroquímicos del extranjero, principalmente de China. Ocurre que en los últimos años, prácticamente uno de cada cuatro productos provienen de otros países, algo que puso en alerta a la Cámara de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes (Ciafa), que se reunió a principios de año con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para expresarle su preocupación. Las modificaciones macroeconómicas, sumadas a la apertura de importaciones que el Estado aplicó en algunos sectores tras la eliminación del sistema de las DJAI de la administración anterior, terminó por poner en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo en las pymes que nuclea la entidad, que en julio elevó un petitorio que no había conseguido respuesta hasta ahora.
En concreto, el pedido de los representantes de la actividad tiene que ver con reforzar los controles sobre los productos que ingresan para comprobar los estándares de calidad. “Si cumplen, que compitan con los precios normales: no nos asusta la competencia, porque hace más de cincuenta años que elaboramos y nuestro trabajo respeta las reglas y es más controlable al estar en el país. En cambio, desde acá difícilmente podremos saber si los fitosanitarios son generados en las plantas en las que dicen estar inscriptas”, explicaron.
Movimientos de mercado
Si bien entre 2011 y 2014 la entrada de agroquímicos se incrementó en más del 44%, y en 2015 mostraron un significativo retroceso, este año los números reflejaron, hasta septiembre, un nuevo aumento que ronda el 25%.
“El año pasado el mercado tuvo un movimiento de US$ 2.500 millones, pero los precios locales vienen bajando alrededor del 20% en la comparación interanual, mientras en el mundo están creciendo”, explicaron desde CIAFA.
Ley de semillas en la mira
En este marco, las entidades del agro volvieron a exigir la aprobación de la nueva ley de semillas, un proyecto que tiene fuerte impacto tanto para las empresas como para el sector productivo y para el Gobierno Nacional, sobre todo ante el inicio de la campaña 2016/17, que llega con mayor apuesta gracias a los cambios en las condiciones.
Aunque a mitad de año Agroindustria había llegado a un acuerdo con Monsanto por el cual la multinacional no cobraría más a los productores por el uso de la propiedad intelectual en soja en las terminales portuarias, desde Federación Agraria Argentina denunciaron nuevos casos y aseguraron que la situación “sigue sucediendo”.
“El fin de semana un federado recibió una carta documento por parte de Monsanto para que pague un canon. Lo siguen haciendo. Se repite. Por eso no podemos esperar al año que viene para una nueva Ley de Semillas, sino que tiene que salir este año”, disparó Omar Príncipe, titular de la entidad perteneciente a la Mesa de Enlace. En esa línea, el dirigente pidió “que gane el país” y “no las corporaciones”. “Hay que garantizar los derechos adquiridos, es un rol fundamental del Estado”, cerró.
