El juez federal Sebastián Casanello pidió ayer al Banco Central que le remita información de todas las entidades financieras del país sobre cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri figure como titular y apoderado desde el 1º de enero de 2016, así como sus movimientos de fondos, en el marco de su investigación sobre los Panamá Pappers. Es en el marco de la causa que se abrió a partir de la información suministrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) en los ya famosos Panama Pappers. El titular del Juzgado Federal 5, que investiga las revelaciones sobre dos empresas off shores de la famila presidencial, también libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de los Macri. Asimismo pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de su padre Franco Macri, y de Gianfranco y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014. A la agencia recaudatoria también le ordenó que le gire información que conste en su base de datos, que le permita avanzar en la eventual participación e integraciones societarias así como cuentas bancarias extranjeras. En otra parte de su resolución, remitió exhorto internacional a las autoridades de Panamá para pedirles datos respecto de las firmas Faxchase Trading S.A y Sideco Americana. En todos los casos, se trataría de determinar si el presidente Mauricio Macri figura o figuró como accionista de esas empresas. También libró exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participaçoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.
El ICIJ publicó en estos días la base de datos de los Panamá Papers, para que cualquier persona pueda ingresar al sitio y, a través de un buscador online, encontrar los nombres de las casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos de inversión revelados por la masiva filtración. En el caso de la Argentina, aparecen mencionadas 270 firmas offshore, más de 1200 argentinos que son directivos u accionistas en paraísos fiscales, 94 entidades intermediarias y 773 direcciones locales que tienen nexos con el mundo offshore.
