Cristina Kirchner tendrá un febrero agitado en Tribunales. Mientras mantiene expectativas de que el inicio del primer juicio oral en su contra por corrupción, previsto para el 26 de febrero, se posponga, o se traslade a Santa Cruz, ayer el juez federal Claudio Bonadio volvió a citarla a declarar en la causa de los cuadernos. La exmandataria deberá regresar a Comodoro Py el 25 de febrero.
Para Cristina, febrero marcará el regreso de sus visitas a sede judicial. Bonadio la citó a declaración indagatoria para el lunes 25 de febrero. Y, si no se admiten los cambios presentados por su defensa en la causa conocida como “La de Vialidad”, en la que se la acusa de haber direccionado la obra pública santacruceña hacia empresas de Lázaro Báez, el día siguiente deberá afrontar el comienzo del juicio oral en su contra por ese caso.
Ayer, la expresidenta fue convocada por Bonadio para dar explicaciones en el tramo de la investigación que analiza los contratos de obra pública sospechados de haberse conseguido a través del pago de coimas. Por esa parte del expediente, hace 20 días, el magistrado ordenó procedimientos en más de 70 empresas en busca de datos sobre conformación societaria.
Cristina deberá presentarse en Comodoro Py el 25 de febrero, pero no será la única obligada a comparecer. El juez también llamó a indagatoria al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta. Varios empresarios de firmas constructoras, como Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack y Angelo Calcaterra están incluidos en el llamado a indagatoria del magistrado, que incluye a un centenar de personas. También fue citado Cristóbal López, empresario que está detenido en Ezeiza. La rueda de indagatorias comenzará el 20 de febrero. El último en declarar será De Vido, también detenido, pero en Marcos Paz, por presunto fraude con fondos para la mina de carbón de Río Turbio.
Será la tercera vez que la expresidenta se presentará en indagatoria ante Bonadio por el caso de los cuadernos. En las dos anteriores, el 13 de agosto y el 3 de septiembre del año pasado, presentó escritos y no respondió preguntas del magistrado. En la causa, ya está procesada y con prisión preventiva aunque, amparada por sus fueros de senadora, no pueden apresarla. Los delitos por los que se la acusa son asociación ilícita y cohecho, este último reiterado en 27 oportunidades.
En esta causa se espera que hoy siga la declaración del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Además, el juez Bonadio deberá resolver un pedido de excarcelación presentado ayer por la defensa de la arrepentida Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner.
El juicio oral
En paralelo a la citación del juez Bonadio en la causa de los cuadernos, corren los tiempos para que se inicie el primer juicio oral y público contra Cristina por corrupción. Es el expediente en el que se la investiga por un presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz en favor de empresas de Lázaro Báez. El inicio del juicio está previsto para el 26 de este mes, pero la defensa de la exmandataria busca que se posponga y, también, que el proceso se traslade a un juzgado de Santa Cruz.
El viernes pasado, el abogado de la exjefa del Estado, Carlos Beraldi, presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que integran los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, para plantear que el juicio no empiece hasta tanto no se terminen las pericias dispuestas en la instrucción suplementaria. Y también pidió que el juicio se traslade a los tribunales de la provincia de Santa Cruz.
Con respecto al pedido de posponer el arranque del juicio oral y público, ayer se pronunció en contra el fiscal que participará del proceso, Diego Luciani.
El abogado de Cristina pidió el traslado del proceso judicial a Santa Cruz porque consideró que la Justicia provincial “resulta competente para juzgar el supuesto delito de defraudación por el que se ha requerido en esta causa la elevación a juicio”.
Beraldi justificó su pedido de traslado en que ya se investigaron en Santa Cruz delitos “idénticos a los que se encuentran descriptos en los requerimientos de elevación a juicio que dan origen a la intervención de este tribunal [por el TOF 2]”. Y solicitó que “se declare la incompetencia” de ese tribunal para que el caso se remita “al Juzgado Criminal de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz”. Ese juzgado está a cargo de Rosana Suárez.
En esta causa se esperan los testimonios de al menos 142 testigos, entre los que están Calcaterra y Wagner. Las audiencias están previstas para los días lunes y martes. A la expresidenta se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta. Se investigó la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46 mil millones de pesos.
