La llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior dice más del momento del Gobierno que del propio Santilli. El Poder Ejecutivo lo designó por decreto el 10 de noviembre y oficializó su nombramiento al día siguiente en el Boletín Oficial, en un paquete de normas que, en paralelo, reescribió la Ley de Ministerios y reordenó áreas sensibles del organigrama nacional.
El timing no es casual: el Gobierno aterriza en la poslegislativa con una victoria importante, pero sin mayorías propias, y con un mandato social que ya no es "cambio a cualquier precio", sino continuidad condicionada por resultados y probidad. En ese marco, Interior deja de ser un ministerio relativamente "todoterreno" y pasa a ser una cartera deliberadamente concentrada en un único indicador de éxito político: conseguir votos en el Congreso, empezando por el Presupuesto 2026 y siguiendo por las reformas tributaria, laboral y penal que el oficialismo define como de "segunda generación".
La paradoja es evidente: se le asigna a Santilli una tarea más pesada, con menos palancas clásicas de gestión que las que tuvo Interior en los últimos años.
Un roadshow federal con el reloj corriendo
Antes incluso de jurar, Santilli ya se había probado el traje de ministro del Interior: junto con Manuel Adorni recibió en Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), en una primera ronda todavía sin anuncios concretos.
Con el decreto ya publicado y la jura realizada en el Salón Blanco, el esquema se aceleró. La secuencia posasunción combinó dos planos: una gira por el terriotrio que comenzó con un viaje a Entre Ríos para verse con Rogelio Frigerio e inaugurar formalmente la "gira federal" y reuniones en Buenos Aires con Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros, con Adorni sentado a la mesa buscando reforzar el mensaje gubernamental de "equipo económico-político alineado".
En Balcarce 50 hacen las cuentas con lápiz fino: en esta primera ola, Santilli prioriza gobernadores que, sumados, pueden aportar del orden de 30 votos en Diputados y al menos 10 en el Senado, suficiente para darle al oficialismo un margen de maniobra relevante en un Congreso fragmentado, pero lejos de ser dominado por La Libertad Avanza.
La estrategia sigue el manual básico de la política argentina —y, en rigor, de cualquier federalismo republicano—: segmentar actores, empezar por los dialoguistas y ofrecer una combinación de agenda compartida, previsibilidad regulatoria y soluciones micro calibradas por sector y por provincia. Para quienes hayan visto al presidente Bartlet en acción, nada de esto resulta novedoso; si sos muy joven, Google se encarga de la referencia.
En ese mapa, el ausente de la foto también comunica: Axel Kicillof y el núcleo más duro de la oposición quedan fuera de la primera ronda, en línea con un esquema de premios y castigos donde el Gobierno diferencia a quienes acompañaron el Pacto de Mayo o el RIGI de quienes se mantuvieron en oposición frontal.
Lo que hay, por ahora, es más agenda de gestión que resultados cerrados: una hoja de ruta para el Presupuesto y las reformas, y un inventario detallado de demandas provinciales —coparticipación, fondos previsionales, obra pública, beneficios específicos en hidrocarburos y minería— que Santilli escucha, pero que deberán ser validados en coordinación con Economía.
Interior, versión 793/2025
El otro dato estructural de esta etapa es el rediseño del propio Ministerio del Interior. El DNU 793/2025, publicado en la misma tanda normativa, modifica la Ley de Ministerios y reubica varias piezas clave del tablero.
Tres movimientos son centrales. Por un lado, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que hasta ahora dependía de Interior, pasa a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni: Daniel Scioli sigue a cargo del área, pero ahora le reporta al nuevo "ministro coordinador", no a Santilli. El paquete incluye organismos con presupuesto y visibilidad —como el ENARD, el INPROTUR y el Fondo Nacional de Turismo— que dejan de operar como herramientas de articulación directa entre Interior y las provincias.
En segundo término, la conducción plena de la política migratoria, así como la Dirección Nacional de Migraciones, pasa al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich (y que, según lo anunciado, quedará luego bajo la órbita de Alejandra Monteoliva). Se repite así un patrón ya conocido en la Argentina: la migración es leída ante todo como problema de seguridad, con menor centralidad para la agenda de federalismo cooperativo.
Finalmente, el mismo DNU transfiere el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a Seguridad, junto con Migraciones. Horas después, filtraciones oficiales y cobertura periodística coincidieron en que esa decisión se leyó como un "error" interno y que el Gobierno trabaja en una corrección para que RENAPER vuelva a la órbita de Interior. Algunos medios señalan que, según fuentes oficiales, esa sería la única modificación sustantiva al texto del decreto: Migraciones quedaría en Seguridad, Turismo seguiría en Jefatura y RENAPER retornaría a la órbita de Santilli.
En términos formales, hoy existe una brecha entre la redacción vigente del DNU y la decisión política anunciada de devolver RENAPER a Interior. En términos de poder, el mensaje es claro: el rediseño apuntó deliberadamente a "adelgazar" Interior, y la marcha atrás parcial con RENAPER busca, más que revertir el cambio, contener el ruido que generó entregar un organismo sensible en materia de datos personales al área de Seguridad.
El resultado es un Ministerio del Interior más liviano en funciones transversales, con menos presupuesto propio y con mayor dependencia funcional de Jefatura de Gabinete y de Economía.
Qué cambió (y qué no) en la lógica del Gobierno
Detrás de esta ingeniería administrativa hay tres desplazamientos políticos.
Primero, la alianza Milei-PRO se institucionaliza, pero no se fusiona. La designación de un dirigente del PRO como ministro del Interior consolida una convergencia que ya se veía en el Congreso y en la campaña: Santilli entra a la mesa chica donde conviven figuras libertarias y referentes del macrismo, con un mandato explícito de transformar una mayoría electoral relativa en coaliciones legislativas, ley por ley. Al mismo tiempo, Mauricio Macri juega en otro plano: celebró públicamente el desembarco de Santilli como "una incorporación muy positiva" capaz de articular con los gobernadores, pero reunió al Consejo Nacional del PRO para ratificar que el partido mantiene bloques propios, no formará un interbloque con La Libertad Avanza y sigue pensando en un proyecto presidencial propio hacia 2027. Es decir, el PRO presta cuadros al Gobierno y acompaña las reformas que comparte, pero procura preservar su autonomía política y su marca de cara a la próxima etapa. Parafraseando a Nirvana, "Smells like Cambiemos 2015". Quizás el PRO deba mitrarse en el espejo de la UCR.
Segundo, la confrontación permanente con provincias y Congreso reconoce su techo. La etapa del "gobernar por DNU y vetos" —incluyendo decisiones sobre movilidad jubilatoria, discapacidad o salud que generaron fuertes costos simbólicos— dejó señales claras en la opinión pública: la demanda de cambio convive con una intolerancia creciente a la percepción de abuso o arbitrariedad. Las encuestas de los últimos meses muestran que la corrupción desplaza a la inflación como principal preocupación, mientras la evaluación de la situación general actual sigue siendo mayoritariamente negativa. En ese clima, el Gobierno decide profesionalizar la interfaz política: Santilli no llega para radicalizar el conflicto, sino para administrarlo.
Tercero, la continuidad está en el corazón del modelo: ajuste y superávit como ancla. El superávit fiscal —pilar del relato oficial— se apoya en buena medida en la reconfiguración de transferencias, la licuación de partidas y el recorte de obras y programas que las provincias consideran parte de su contrato con la Nación. El Gobierno no está planteando, por ahora, una revisión estructural del esquema de recursos, sino una administración más fina de quién paga qué costo, cuándo y con qué compensación. En síntesis: cambia el método (se pasa de la lógica de imposición a una lógica de negociación selectiva), pero el contenido económico y fiscal del proyecto se mantiene.
Provincias más coordinadas, ciudadanía más impaciente
Del otro lado de la mesa, los actores también se reacomodaron y están dispuestos a jugar. Porque esto no es una fiesta electrónica donde se baila solo, sino un tango, que se llama "Confundido y Agotado".
Los gobernadores ya no operan sólo como lobbies aislados. El WhatsApp de los gobernadores y sus vasos comunicantes con espacios legislativos busca traducir poder territorial en capacidad parlamentaria propia, con una bancada que puede oscilar entre 20 y 30 legisladores clave para cualquier mayoría. Esa coordinación, sumada al surgimiento de nuevos bloques "federales" dialoguistas, transforma a los mandatarios provinciales en accionistas relevantes de cualquier hoja de ruta legislativa.
Las demandas que llevan a la mesa son consistentes:
- reglas más previsibles de coparticipación y distribución de recursos,
- garantías sobre fondos previsionales,
- continuidad de obras consideradas estratégicas,
- y un esquema más equilibrado de subsidios entre AMBA e interior.
La Ruta 6 es hoy la nueva Zanja de Alsina, y el clivaje siempre presente, pero no siempre observado, AMBA-Interior sigue tan vivo como en 1853.
En paralelo, el humor social se mueve. El electorado se está acostumbrando a votar en un contexto de incertidumbre elegida: frente a la "certeza del pasado", una parte importante de los votantes opta por la "incertidumbre administrada" del futuro, pero con un umbral de paciencia cada vez más corto. Nuestros relevamientos muestran una participación que ya no es automática, una brecha generacional y de género muy marcada, y un corrimiento de la agenda hacia la tríada corrupción-pobreza-seguridad.
Ese doble movimiento —provincias más coordinadas y ciudadanía más impaciente— acota la ventana de oportunidad de Santilli. No se trata sólo de conseguir votos en el Congreso: se trata de que esos acuerdos deriven en resultados visibles para territorios y personas.
¿Qué se puede esperar, entonces, del nuevo Ministerio del Interior?
Si uno mira la trayectoria del flamante Ministro, aparece como un operador clásico de la política argentina: conoce el juego Congreso-territorios, tiene rodaje en la articulación con gobernadores y ha transitado coaliciones heterogéneas, desde el menemismo hasta el PRO porteño. No llega a improvisar, llega a hacer lo que sabe: negociar.
Su margen de maniobra, sin embargo, está cruzado por tres brechas que hoy condicionan a todo el Gobierno: la fiscal, que define qué está dispuesto a poner sobre la mesa —obra, alivio regulatorio, garantías previsionales— a cambio de votos; la institucional, que marca cuánto se va a procesar por ley y acuerdos abiertos y cuánto seguirá decidiéndose vía decreto, veto o conflicto; y la de expectativas, es decir, qué siente la sociedad que recibe a cambio del esfuerzo de estos dos años.
Desde ahí se ordenan los escenarios. En el más probable, Santilli consigue ordenar una mayoría suficiente para aprobar el Presupuesto 2026 y una versión acotada de las reformas laboral y tributaria, apoyado en microacuerdos con gobernadores dialoguistas: el vínculo Nación-provincias sigue tenso, pero administrable.
En un escenario más virtuoso, la gira federal se transforma en algo parecido a un contrato: reglas plurianuales de financiamiento, mecanismos explícitos de compensación por el costo territorial del ajuste y una agenda de desarrollo coconstruida con las provincias, con Interior actuando como verdadero articulador.
En el escenario menos favorable, todo este rediseño institucional se agota en fotos y buena voluntad declamada, sin cambios reales en incentivos ni en flujo de recursos; en ese caso, los conflictos por recortes, deudas y reformas volverían rápido al centro de la escena, en una sociedad donde la fatiga, los escándalos y la centralidad de la corrupción en la agenda pública ya perforaron parte del capital político del oficialismo.
De la gira al contrato
El "raid" de reuniones con gobernadores que encabeza Santilli es la admisión de que el ciclo de gobernar "contra todos" tiene límites, incluso después de una victoria legislativa. Es una corrección de método necesaria, pero no suficiente.
La gobernabilidad de la segunda mitad del mandato no va a definirse sólo en la cantidad de fotos de Casa Rosada o en el número de decretos, sino en la capacidad del Gobierno de pasar de la lógica de la motosierra a la lógica del contrato: reglas claras, compromisos verificables y un reparto de costos y beneficios que incluya tanto a las provincias como a esos ciudadanos que, aun desconfiando, volvieron a validar en las urnas un rumbo que perciben más nítido que las alternativas.
La pregunta de fondo no es si Santilli logrará los votos para un Presupuesto. Es si, con "mucha política y poca caja", Interior puede convertirse en el espacio donde esa rebeldía de los "nadie" empiece a traducirse en institucionalidad para los "alguien": provincias menos rehenes y ciudadanos menos a la intemperie.
*La autora es Politóloga, Directora Ejecutiva de Management & Fit y especialista en gobernanza multinivel y opinión pública.
