Vecinos y ambientalistas mendocinos iniciaron ayer a la mañana una marcha desde la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital de la provincia, en protesta por las reformas a la Ley 7.722 aprobada por los legisladores mendocinos el viernes, que habilitó el uso de sustancias químicas para la actividad minera. Con esta norma, la provincia buscaba desarrollar la minería a gran escala y convertirla en un gran jugador nacional como San Juan. Además la norma fue votada tanto por el radicalismo como por el peronismo.
Sin embargo, la resistencia a la minería a gran escala desató una manifestación, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la actividad y defensa del agua de Mendoza, la cual unió ese departamento con la capital provincial.
Los organizadores de la marcha, a la que se irán sumando activistas de otras localidades de la provincia por las que pasarán, tienen previsto llegar hoy por la mañana a la Casa de Gobierno provincial para reclamarle al gobernador el veto a la ley, informaron.
Por otra parte, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
Con los cambios Mendoza buscaba convertirse en un gran operador minero, como la provincia de Salta.
El viernes senadores y diputados mendocinos aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
Amenazas al gobernador
La modificación dio origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales.
En tanto, ayer cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, relacionadas con la aprobación de las modificaciones a la Ley 7.722 sobre minería, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
Al parecer, Suárez comenzó a recibir una serie de mensajes amenazantes e intimidatorios vía WhatsApp después de que se difundiera su número telefónico en las redes sociales, en el marco de las protestas. Por otra parte, las organizaciones ambientalistas nacionales también expresaron su descontento con la modificación.
Greenpeace sostuvo que “la modificación a la ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia”.
Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace, declaró que “es irrisorio que, durante la peor sequía de la que se tiene registrada, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta”.
