Por Sandra Choroszczucha
Una propuesta manifestada innumerables veces por los partidos de izquierda en Argentina no ha tenido repercusión, y si la tuviera, seguramente lo público podría empezar a funcionar como corresponde, lo cual cambiaría significativamente la calidad de vida de la mayoría de los habitantes que residen en la República Argentina.
Tal idea propone que todos los funcionarios públicos y sus familias, asistan a la educación y a la salud públicas, por ley.
Indigna escuchar una y otra vez a los dirigentes políticos hablar sobre las mejoras de la cosa pública, y cuando se les pregunta si ellos utilizan tales servicios, todos responden “no”.
Esto podría llamarse “caradurez” o, más elegantemente. impunidad.
¿Y cómo se acaba con esta impunidad? A partir de sumarle deberes a los derechos.
Si tan bien realizan su labor, que lo demuestren utilizando los servicios estatales. Si no su labor es mala y que se sepa, de una vez.
Sería fantástico no necesitar incentivos selectivos que obliguen a los funcionarios públicos a cumplir con determinadas normas para obtener beneficios colectivos.
En otras latitudes resulta suficiente un justo y progresivo sistema tributario, junto a una cultura que rinde tributo a la honestidad. Este cóctel maravilloso resulta en servicios públicos que funcionan y funcionan bien, sin imposiciones ni exigencias de ninguna índole.
Pero en un país donde el sistema tributario recauda religiosamente el consumo y exime sin vergüenza a un número importante de grandes contribuyentes, en el marco de un Estado que coquetea con la corrupción casi sin pausa, ese cóctel maravilloso resulta en un vulgar trago amargo.
Frente a este estado de situación, sólo falta estimular el buen comportamiento y la empatía de un número importante de funcionarios públicos, que deberían trabajar para el bien propio y ajeno, al mismo tiempo.
Cuando se logran articular incentivos selectivos y colectivos, se suele conquistar el verdadero bienestar social.
Preparados, listos, ya.
