Finalmente, el Gobierno nacional consiguió las firmas necesarias para dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal. La odisea de los proyectos en el Senado comenzó un mes atrás, cuando Diputados dio la primera aprobación a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo con la idea de alcanzar sanción definitiva antes del Pacto de Mayo, que se realizaría el 25 de ese mes.
Las negociaciones comenzaron rápidamente a fin de cumplir con la ajustada agenda propuesta por el presidente Javier Milei. Pero una vez caído el acuerdo que el mandatario nacional firmaría con los gobernadores, los diálogos se dilataron y fueron necesarias siete jornadas de comisiones para alcanzar un consenso.
El último plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales, también fue protagonista de varios altibajos. Las negativas del radical Martín Lousteau y José Carambia (Alianza por Santa Cruz) a firmar dictamen (prometieron presentar los propios en unos días) dejaron a La Libertad Avanza sin número para permitir el avance de la Ley Bases. Bartolomé Abdala, presidente de la comisión Legislación General y presidente provisional del Senado, pidió convocar a un cuarto intermedio para continuar negociando.
Por la noche, la llegada del flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Senado trajo nuevas ofertas que lograron torcer la voluntad del patagónico e influir sobre las voluntades restantes. Solo los radicales Lousteau y Maximiliano Abad, además de los senadores peronistas, no acompañaron el dictamen de mayoría del oficialismo.
Los cambios
Las modificaciones a contrarreloj habían comenzado temprano. Sucede que la oposición adquirió más poder, a medida que sus votos se volvían esenciales. Por eso, sin plazos para alcanzar los objetivos, los dialoguistas fueron planteando distintos requisitos para apoyar el dictamen con su firma.
Ya el martes a la noche, el Gobierno nacional había hecho circular un nuevo borrador que incluía varios de los pedidos de cambios solicitados por el radicalismo la semana anterior.
En la Ley Bases, se había concedido ampliar el listado de organismos públicos que no podían ser eliminados por el Ejecutivo: se había incluido el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Inta y el Senasa. A pedido de la UCR, a su vez, se modificó el capítulo laboral de forma tal de incluir a los bloqueos de las empresas como causa justa de despido.
En el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), el Gobierno ratificó la autonomía de las provincias respecto a decidir si adherirse o no. Incluyó, además, todo un articulado referido a la protección de la industria local frente a la competencia desleal que podría generar el Rigi, pero sin muchos detalles.
El cambio de último momento, que terminó destrabando el debate al comienzo de la jornada, fue el aumento del piso de Ganancias para la zona patagónica. Pese a la resistencia original de Milei, el gobierno terminó cediendo al reclamo de la Patagonia y habilitó incrementar un 22% el mínimo no imponible para todas las provincias del Sur. Tierra del Fuego, mientras tanto, continuará sin pagar Ganancias. Solo así, el gobierno se aseguró que el paquete fiscal, que incluye también el blanqueo de capitales y una deducción de Bienes Personales, pudiera conseguir el número para dictaminar.
En el caso de blanqueo, el Gobierno sumó a los hermanos de los funcionarios entre las figuras que no pueden sumarse al régimen. Tampoco podrán hacerlo las personas que hayan ocupado cargos en la función pública en los últimos diez años como solicitó Lousteau.
Un escenario sin soluciones
"El desempeño de la Libertad de Avanza en las negociaciones fue muy bajo, casi nulo", sentenció el analista Pablo Touzón. "Da la sensación de que el principal enemigo del Gobierno en la salida de la ley siempre ha sido el mismo Gobierno, que toma el trabajo con cierta displicencia", agregó. Y señaló que la "tecnicatura" del oficialismo "está más en la calle que en el Palacio".
En esa línea, destacó las negociaciones encabezadas por Francos, que se dieron "casi en soledad", y eso "se cristaliza en la salida de Nicolás Posse", según Touzón.
"La gobernabilidad de LLA estuvo sujeta a mantener alto su desempeño en las encuestas y el rechazo al modelo anterior; pero no existe un Gobierno si no puede sacar leyes, sin importar cuán revolucionario pretenda ser", dijo.
Esa dificultad legislativa da "una mala señal para los inversores de afuera, para el poder establecido en Argentina y para el orden mileicista, que no se puede construir", señaló el analista. Y, al mismo tiempo, la falta de una coalición estable genera un desgaste del proceso, que debe buscar mayorías desde casi cero.
"Sin coalición, tiene más flexibilidad y libertad, pero también es mucho más caótico e ineficaz el proceso de funcionamiento de un gobierno", definió Touzón.
Y agregó: "Si él no logra consolidar un armado que se sostenga en el tiempo, probablemente vuelva a tener estos problemas otra vez, por lo que va a tener que agarrar las herramientas de la Ley Bases y tratar de no volver nunca más al Congreso".
