Por Agustín Maza
El segundo semestre está a punto de comenzar y las elecciones están cada vez más cerca. En ese contexto, las fuerzas políticas comienzan a teñir el debate público de un color proselitista. El Gobierno comenzó a aplicar una estrategia de mayor gasto para generar un efecto alivio en los bolsillo y la oposición a marcar las debilidades de la gestión oficial.
En diálogo con El Economista, el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe, Luciano Lapina, expresa que el Gobierno prepara “un segundo semestre con un gasto social más importante”, aunque “eso tendrá efectos negativos luego de las elecciones”.
“Es crucial ganar las elecciones para que el kirchnerismo no domine las dos cámaras y pueda profundizar el avance sobre las instituciones”, expresó el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y uno de los principales referentes económicos del espacio.
Nuestro país acordó la semana pasada la postergación de parte del pago de US$ 2.400 millones al Club de París, pero todavía falta la negociación más importante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los US$ 45.000 millones tomados entre 2018 y 2019. ¿Qué análisis hace del proceso de negociación que está llevando adelante el Gobierno?
Argentina ya reestructuró su deuda privada el año pasado y ahora tiene que lograr un nuevo acuerdo que le permita refinanciar la deuda con esos dos organismos de crédito. Lo que falta es que el Gobierno se decida a encarar dicho acuerdo. Primero se dijo que iba a ser a finales de 2020, después a principios de 2021 y ahora se habla de que será luego de las elecciones de noviembre. El tiempo pasa y las diferencias dentro del propio oficialismo son cada vez mayores en torno a cuál es la forma de encarar relaciones con el FMI.
¿Cuáles son esas diferencias y por qué desde algún sector no se querría arribar rápido a un entendimiento?
Un acuerdo sería lo más aconsejable para la economía. Creo que en el Gobierno subsisten diferencias ideológicas bastante marcadas entre quienes creen que un entendimiento con el FMI limitaría las herramientas habituales del populismo económico para ejercer su trabajo: el expansionismo fiscal, la suba de impuestos, despilfarro tarifario y energético, la falta de austeridad fiscal, entre otras. Estas políticas son incompatibles con un programa tradicional del FMI. Entonces, esto pone en máxima tensión al núcleo duro del kirchnerismo y eso es lo que está detrás de la demora. Seguramente las elecciones juegan un papel importante, pero tiene más que ver con la política económica que pretenden seguir. Lo que viene después no está nada claro, porque el orden fiscal, cambiario y monetario que pide el FMI al kirchnerismo no le gusta.
En ese sentido, esa deuda se tomó bajo la gestión de Juntos por el Cambio, o Cambiemos en ese momento. ¿Por qué el programa aplicado entre 2018 y 2019 no tuvo los resultados esperados?
Quiero destacar que el FMI no necesariamente tiene que diseñar el plan económico. Lo que puede hacer es marcar ciertos lineamientos, pero tiene que estar acompañado de un programa más integral. Un ajuste fiscal y monetario sin credibilidad en el marco de una enorme incertidumbre política como la de 2018 y 2019 tiene efectos más recesivos que uno con apoyo político y horizonte. En ese momento la medicina que se aplicó fue muy dura en un marco de incertidumbre política sin el relanzamiento de un programa sólido. No hubo una estrategia coordinada, sino simplemente medidas de austeridad fiscal importantes y eso hizo que los efectos de mediano plazo que tiene este tipo de políticas se retrasen. Se exacerbaron los costos recesivos en el corto plazo y los beneficios desinfalcionarios llegaron tarde. De hecho, la desaceleración de precios llegó muy cerca de las PASO. Después hubo un golpe devaluatorio muy grande.
¿Hay alguna similitud con el programa que está aplicando el ministro de Economía, Martín Guzmán?
Lo mismo le pasa a Guzmán hoy, que hizo un tremendo ajuste fiscal y monetario a principios de este año a costa de ajustar jubilaciones y planes sociales por el retraso de la indexación, sumado al boom de la soja que ayudó a licuar el déficit. Sin embargo, la inflación siguió de largo, a falta de un programa creíble y bien comunicado. El FMI es parte de la solución, pero se puede convertir en un problema si ese acuerdo no se articula con un programa económico respaldado en solidez política e institucional.
¿Qué espera que suceda con el gasto en el segundo semestre?
El Gobierno prepara un segundo semestre a toda orquesta con un gasto que va a ser más importante. Eso va a impactar en las cuentas públicas y eventualmente en el tipo de cambio. El principal problema que tiene el Gobierno es que el ajuste fiscal del primer semestre estuvo basado en factores transitorios: el boom de la soja, impuesto a grandes fortunas, licuación de jubilación y pensiones. Después está el problema tarifario, donde insisten en mantener subsidios a la energía con una inflación anualizada al 50% en el primer semestre, eso no tiene futuro.
¿Habrá consecuencias luego de las elecciones?
Nada de lo que se hizo en materia fiscal y monetaria es sostenible, y por eso el mercado no cree. La austeridad fiscal se debería lograr en base a reformas, no en base a pisar la caja o con aumentos impositivos, que a mediano plazo tiene efectos recesivos. Esta dinámica está presionando el tipo de cambio, más allá de que el Banco Central acumuló poder de fuego con la soja en estos meses. Hasta las elecciones hay cierto poder, pero luego de las elecciones es muy grande la cantidad de problemas que se patearon para ese momento. Atrasar el tipo de cambio tampoco es gratis.
Usted tiene un lugar importante en el debate de la Cámara de Diputados. ¿Qué evaluación hace de las últimas leyes votadas en el congreso como la reforma de Ganancias para empresas o la baja de tarifas en zonas frías?
La agenda parlamentaria es el reflejo de la visión económica del Gobierno. La idea es subir impuestos y subsidios. El problema es que ese modelo está agotado. Exprimir a los sectores privados competitivos con impuestos para generar un expansionismo fiscal distribucionista llegó a su fin. Hace 10 años que no crece el empleo privado porque la tasa de inversión está a los niveles más bajos de las últimas décadas, las empresas se van del país, los principales contribuyentes también se van para huir de las garras de la voracidad fiscal del kirchnerismo y entonces no hay más de dónde sacar. Es muy difícil hacer populismo sin recursos.
A usted se le vence el mandato en diciembre de 2021. ¿Será candidato por la provincia de Santa Fe para renovar su banca?
Tengo ganas de ser candidato porque quiero dar el debate de ideas en Diputados y la idea es generar una esperanza a muchos argentinos que creen que este modelo está terminado. Esa va a ser la discusión en el Congreso de los próximos dos años, habrá que ver si la gente me vota, seguramente vayamos a una interna en Santa Fe, ya que hay por lo menos cuatro listas que quieren postularse.
¿Qué visión tiene sobre la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires?
Me da la impresión de que será clave la división del peronismo para que Juntos por el Cambio pueda ganar en la provincia de Buenos Aires. Podría ayudar una eventual candidatura de Florencio Randazzo. Creo que nuestro espacio tiene que llevar una lista competitiva de unidad para dar la pelea en un distrito muy esquivo para nuestra fuerza. En el caso de que haya una interna, lo importante es que sea constructiva. Las internas encarnizadas son perjudiciales. En cambio, las internas civilizadas consiguen un efecto de fortaleza en la unidad política y lo importante es eso: mantenernos unidos.
¿Se imagina un escenario en el que pierdan las elecciones o no tengan la performance electoral esperada?
Es crucial ganar las elecciones para que el kirchnerismo no domine las dos cámaras y pueda profundizar el avance sobre las instituciones. Van destinadas a someter a la Justicia, y las reglas electorales. Todas las señales son claras. No es un prejuicio: está la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal sobre la mesa. El apoyo implícito a determinados regímenes como Cuba, Nicaragua, Venezuela o Rusia tienen un eje en el pensamiento del oficialismo de cómo debe funcionar un país. A veces creo que ese apoyo a estos países tiene que ver con una búsqueda de reciprocidad en ese apoyo a futuro.
¿No le parece un poco peligroso que el debate político se centre en ese tipo de acusaciones, como “están en juego las instituciones” o “vamos a Venezuela''? Porque más allá de las posturas políticas, estamos hablando de que habrá elecciones a fin de año.
Son situaciones distintas en donde esos países, Venezuela o Nicaragua, han tenido una degradación institucional muy grande. En el caso del kirchnerismo es querer controlar todo. Es la antítesis de una democracia liberal republicana. No sólo las cámaras, quieren controlar las empresas, los medios y la Justicia. Además, si se someten a las personas con programas asistenciales como única posibilidad de subsistencia llega el momento en el que el que maneja el Estado maneja la suma del poder y cuando te querés dar cuenta no hay alternativa ni vuelta atrás. Así ha sido en Santa Cruz. Nosotros trabajamos para que eso no pase. No es una campaña del miedo. No queremos despertarnos un día y que eso se haya vuelto realidad.
