En estos días, el gobierno de Javier Milei tomó la iniciativa en el campo judicial y oficializó, a través del Boletín Oficial, la propuesta de dos nombres para completar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una interpretación sobre la elección de los postulantes plantea que el Gobierno comenzó a asumir un papel activo en el sistema judicial, por donde se estima que, más temprano que tarde, pasarán muchas de sus iniciativas y decisiones políticas y económicas.
Esto se suma a la polémica en torno a la Comisión de Juicio Político. La definición de su presidencia abrió una interna en LLA, protagonizada por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem; la diputada Marcela Pagano, propuesta para encabezar la comisión; y Oscar Zago, exjefe del bloque oficialista.
La propuesta que generó controversia fue la del juez federal porteño Ariel Lijo, uno de los referentes en el fuero de instrucción de Comodoro Py. La intención del Ejecutivo es que Lijo cubra la vacante que existe desde que se jubiló, en 2021, la jueza Elena Highton de Nolasco.
Los respaldos
El oficialismo argumentó que Lijo "tiene competencia y especialidad para la investigación de delitos complejos".
El Ministerio de Justicia recibió avales formales a favor de Lijo, entre los que se encuentran el que mandó la jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1.
Servini destacó los 30 años de Lujo como funcionario judicial y aseguró que "reúne las condiciones y aptitudes para el cargo, por su vasta experiencia, su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho".
Los respaldos también vinieron desde la Cámara Federal Penal de la Capital, quienes lo destacaron como un genuino representante del Poder Judicial.
La comparación implícita aludía a los actuales miembros de la Corte, ya que tanto Horacio Rosatti como Juan Carlos Maqueda vienen del mundo de la política, Ricardo Lorenzetti del ámbito académico y Carlos Rosenkrantz del derecho privado y empresarial.
Las críticas
La postulación de Lijo también generó cuestionamientos en torno a su ejercicio como juez en Comodoro Py.
La CC y el radicalismo lo consideraron parte de la "casta judicial" e hicieron énfasis en la denuncia realizada por Elisa Carrió "por encubrimiento en el caso Siemens, por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF", enfatizaron.
Además, la ONG Poder Ciudadano consideró que "cualquier duda o cuestionamiento sobre la integridad de un candidato puede socavar la credibilidad de la institución y afectar su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y equitativa",
En tanto, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) solicitó al Ejecutivo revisar la nominación e incluir a una mujer en las nominaciones. La falta de equidad de género en la Corte Suprema también fue criticada por el bloque kirchnerista.
La decisión de no contemplar esta cuestión podría complicar el tratamiento de los pliegos en el Senado, donde casi la mitad de las bancas son ocupadas por mujeres. Hay 33 senadoras mujeres y 25 de ellas podrían bloquear la designación de cualquier integrante de la Corte, ya que requieren el voto de dos tercios.
Tras el revés que sufrió el DNU 70/2023 en el Senado, la pregunta es si el oficialismo logrará tejer los acuerdos necesarios para la aprobación de las postulaciones.
