Por Hernán Caram (*) y Federico Recagno (**)
La ignorancia tiene muchos lugares y rostros. También lleva a riesgos, a miedos, e incluso puede llegar a la violencia y a la autodestrucción.
Los dueños del conocimiento, desde la antigüedad hasta nuestros días, desde los papiros a las pantallas, muchas veces prefieren que ese conocimiento no se extienda. El que sabe siempre tiene ventaja sobre el que no sabe.
Dos acciones concretas definen a la ciudadanía: participar y pertenecer. Y ambas tienen algo en común: conllevan siempre un vínculo activo con alguien más; se realizan en relación al otro, es decir, en comunidad.
Pero para participar y pertenecer se requiere voluntad personal y se necesita información transparente, datos claros, informes públicos, para abordar las problemáticas que afectan a la comunidad. La información permite clarificar el problema, entender su trayectoria, verlo desde distintos ángulos y generar perspectivas que amplían y amplifican el debate.
También es un derecho que permite sostener un monitoreo ciudadano de las políticas gubernamentales. Una ciudadanía informada además de generar una sociedad empoderada, es, también, lo que permite acortar la distancia entre la agenda pública y la agenda política.
Existe una correspondencia significativa entre el acceso a la información y la sensibilización por ciertos temas que se encuentran, o bien, marginalmente en la agenda, o, definitivamente, fuera del radar político.
Para esto es fundamental establecer una orientación clara y definida por parte del Estado y de todos los niveles de gobierno para garantizar el acceso a los datos de gestión y fortalecer la cultura de la transparencia en el diseño e implementación de las políticas públicas.
A través de la información pública, oficial y disponible, nos proponemos conocer la dimensión de recursos que la Administración Pública Nacional (APN) destina al área de acceso a la información pública.
Nos interesa visibilizar el espacio específico dentro de la APN encargada de generar, mantener y perfeccionar los mecanismos de acceso a los datos públicos. Entendemos que esta es una de las funciones más importantes al momento de pensar los modos en que se perfilan, desarrollan y expanden los niveles de compromiso, pertenencia y participación por parte de la ciudadanía.
Primeros pasos a nivel nacional
La ley 27.275, es la del "DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", que tiene por objeto "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública". Y para cumplir con estas metas en el artículo 19 se crea la Agencia de Acceso de Información Pública (AAIP).
La AAIP es un ente autárquico con "autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo", específicamente en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tiene entre sus objetivos garantizar la transparencia activa por parte del Estado y garantizar el acceso a la información pública.
Para el análisis presupuestario de la AAIP, podemos identificar que en 2021, las erogaciones anuales sumaron $93 millones, que representó un nivel de ejecución del 93,3%. Para 2022, el ejecutado llega a $205 millones, casi 74% del crédito vigente ($276 millones). Por último, en el presupuesto 2023, se asignó un crédito inicial de $740 millones, 168% más que el crédito vigente de 2022.
A su vez, en la página oficial de la AAIP, se releva información sobre el funcionamiento del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que tiene por objetivo la "caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional (SPN)", y también la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública. Allí se destaca que, a diciembre 2022:
- La agencia recibió 8.448 "solicitudes de acceso a información" y el promedio de respuesta del SPN es de 13 días hábiles.
- Mientras el Ministerio de agricultura, ganadería y pesca es el que menos tiempo tarda en dar respuesta a las solicitudes (6 días hábiles), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el que más días tarda en responder las solicitudes (129 días hábiles).
- El Ministerio de Economía es el que más solicitudes recibió a lo largo del año, 1.572, seguido por la Jefatura de Gabinete de Ministros con 832 y por el Ministerio de Salud con 825.
Panorama provincial
En la nota ¿Cómo pedir información pública en las provincias?, publicada en el sitio periodístico El Auditor.info, se ofrece una detallada guía a la ciudadanía para acceder a la información pública a lo largo del país. Allí se comprueba que, a pesar de la vigencia actual de una ley nacional que regula y fortalece la transparencia de la información pública, existen importantes diferencias en los métodos, gestión e implementación de los distintos sistemas de acceso a los datos públicos provinciales.
A modo de resumen, observamos que, de las 24 provincias, en 5 (21%) el trámite de solicitud se realiza solo de manera presencial y en 4 no existe un marco legal provincial que determine funciones ni organismos a cargo de la gestión del acceso y sistematización de la información pública.
- Mientras que en 3 jurisdicciones el proceso de acceso se efectúa vía exclusiva por correo electrónico, en 2 se puede aplicar por medio digital y/o electrónico y solo en 3 es requisito ser ciudadano digital de la provincia.
Por último, a nivel nacional, el promedio formal de respuesta ronda aproximadamente los 19 días, sin tener en cuenta las 5 provincias en las que no están determinados los plazos de respuestas.
Estas asimetrías regionales en los procesos de solicitud de información dificultan la efectiva participación ciudadana que requiere siempre de un conocimiento sobre el curso de acción de los distintos niveles gubernamentales. La idea de una democracia es incompleta sin la pertenencia y participación ciudadana. Y precisamente en sintonía con el fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información pública juega un rol indispensable para pensar modos concretos de empoderar a la sociedad.
La ignorancia, a corto o largo plazo, pone en peligro las instituciones y, por ende, a la democracia representativa.
Dijimos que los/las que saben tienen ventaja sobre los/las que no saben. Acceder a la información pública es "saber de qué se trata" y para poder hay que saber.
(*) Investigador
(**) Presidente Fundación Éforo
Referencias
- https://www.argentina.gob.ar/aaip
- https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/solicitudes
- Dato relevado al 05-12-2022
- Nota publicada en el sitio web https://www.elauditor.info/ el 26 de septiembre de 2022.
