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Escala la tensión política por el salario básico universal

Los sectores que demandan un SBU definirán un plan de lucha el miércoles. El Gobierno se opone porque no cierran las cuentas.

Silvina Batakis junto Alberto Fernández, al momento de su jura como ministra.
Silvina Batakis junto Alberto Fernández, al momento de su jura como ministra.
11-07-2022
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Por Ludmila DiGrande

El Salario Básico Universal (SBU) fue una iniciativa del Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos y desde hace varios días que se encuentra en el centro del debate.

  • El proyecto presentado al Congreso en mayo de este año, y aún no tratado en comisiones, busca ampliar el sistema de seguridad social a través una prestación no contributiva equivalente a una Canasta Básica Alimentaria por adulto (alrededor de $14.000) destinada a los sectores más vulnerables.

En base a las estimaciones elaboradas por el Frente Patria Grande, la iniciativa demandaría un costo fiscal neto de 0,7% del PIB ($300.000 millones) y aproximadamente 7 millones de personas se verían beneficiadas. "El SBU cubriría al 27% de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada", señaló el último informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (Occep) en el que participa el diputado nacional y uno de los impulsores del proyecto, Itaí Hagman.

El proyecto exige en contraprestación la finalización de los estudios primarios y/o secundarios, la realización de talleres de formación profesional y capacitación laboral, de Profesionalización del Trabajo Doméstico o desarrollo de actividades socio comunitarias y por otro lado, exceptúa a aquellos que ya sean beneficiarios de algunos programas sociales, como el Potenciar Trabajo, el Progresar o Tarjeta Alimentar.

A diferencia de lo que se conoce como ingreso universal o renta básica, lo propuesto en Argentina se plantea como un ingreso segmentado para determinado sector de la población, y no como un ingreso periódico sin contraprestación para todos los habitantes o ciudadanos de un territorio.

Al tiempo que el proyecto cuenta con el aval de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y una parte de la coalición oficialista; la nueva ministra de Economía Silvina Batakis declaró: “Es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace mucho tiempo. Necesitamos discutir estos temas pero la verdad es que ni siquiera está resuelto en países que son más desarrollados”.

Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, desestimó el jueves, en una de sus habituales conferencias de prensa, la implementación del SBU: “Todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con el proyecto”.

A raíz de estas declaraciones, el dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, otro impulsor del proyecto, le contestó casi con lógica libertaria: “Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”.

Además, anunció una protesta para el miércoles a través de su cuenta de Twitter: “El 13/7 salimos con asambleas en todos los barrios y espacios de trabajo del país para definir medidas concretas de lucha y conquistar aumentos de sueldos y jubilaciones, el salario básico universal y aguinaldo para los cooperativistas”.

En relación al financiamiento, el economista Jorge Colina, en exclusiva con este medio, afirmó que implementar el SBU implica un aumento del déficit fiscal dado que “no hay forma de financiar esto con impuestos ya que la gente no tolera más la presión fiscal ni tampoco con deuda porque el mercado dejó de renovar deuda del Tesoro”.

Mientras que Hagman aseguró que es posible sin emitir ni aumentar el déficit. “Una parte importante del financiamiento de esta política, aproximadamente la mitad, surge de inversiones que el Estado ya realiza. Por eso se trata de simplificar la política social. Hoy existen muchos programas superpuestos e incluso contradictorios entre sí. La otra parte puede surgir de reorientar el gasto. Nosotros estimamos que una parte del ahorro por los subsidios energéticos que dejarán de otorgarse ante la corrección de tarifas, puede ir a financiar este tipo de política. Nuestra propuesta no implica ampliación del déficit fiscal, ni financiamiento monetario”, dijo Hagman.

¿Quiénes lo podrían cobrar?

  • Las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras agrarias y de casas particulares.
  • Cobrarán el 50% del SBU los monotributistas de categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de la misma.
  • No serán alcanzados por el SBU quienes perciban rentas de suelo o capitales (primera y segunda categoría del Impuesto a las Ganancias).
  • Los trabajadores temporarios o permanentes de prestación discontinua (Ley 26.727), cuyo ingreso bruto no supere el límite de la categoría A del monotributo, continuarán percibiendo el SBU mientras dure la relación laboral.

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