El Salón Azul del Senado será escenario este miércoles de una nueva audiencia pública, cuando le toque el turno al académico Manuel García-Mansilla de defender su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsada desde el Gobierno.
Tras el paso del juez federal Ariel Lijo, quien expuso por casi ocho horas, el otro candidato del Poder Ejecutivo asistirá desde las 10 a la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri.
García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno para reemplazar en el máximo tribunal a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre.
Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como "un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional" y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas "se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual".
"Ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia", agregó el Ejecutivo.
Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos. Su postulación encuentra resistencia por sus posturas conservadoras y, particularmente, sus expresiones en contra del aborto legal.
En paralelo, Lijo sigue con la búsqueda del número necesario para ser designado en el máximo tribunal: para alcanzarlo, requiere de la voluntad de una mayoría de dos tercios de los presentes. Para ello, deberá apelar al apoyo de los distintos espacios que integran la cámara.
En el caso de Lijo, los votos no serían uniformes en ninguno de los bloques. En tanto, aún no hay definiciones sobre el apoyo que tendría García-Mansilla, y el Gobierno insiste en la teoría de "los dos o ninguno".
