En el marco de la causa penal que inició el Banco de Nación la Nación Argentina (BNA) contra el grupo Vicentin para evitar el vaciamiento de la empresa, el juez federal Julián Ercolini ordenó el embargo preventivo de bienes inmuebles de Algodonera Avellaneda, una de las compañías que integra el grupo de la cerealera.
La decisión adoptada ayer por el magistrado se realizó “sin afectar el normal giro comercial de la empresa, que continuará con su posesión”, con lo cual Vicentin podrá seguir con sus operaciones habituales, pero con el impedimento de transferir cualquiera de los bienes embargados por la justicia federal.
Así, Ercolini prohibió la venta o transferencia de diferentes bienes muebles de Algodonera Avellaneda, entre los cuales se encuentran 13 vehículos, entre camionetas, camiones y tractores, así como otras maquinarias agrícolas.
El reclamo judicial del BNA apuntó, desde el comienzo de la gestión a cargo del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, a recuperar los más de U$S 300 millones de deuda que mantiene el grupo Vicentin con el banco por créditos otorgados durante el bienio 2018/19.
Hecker: "Todo indica que hubo estafa"
En una entrevista concedida al DiarioAr, Hecker se mostró “optimista” con la posibilidad de recuperar el dinero que adeuda la cerealera. “Yo soy optimista. Creo que sí. Estamos haciendo todo lo necesario para recuperar la plata. De hecho, eso es lo principal: recuperar el dinero. ¿Para qué? Para dar créditos. Tenemos, desde el punto de vista legal todos los frentes abiertos para defender nuestros créditos y hemos establecido vinculaciones con productores, con los sindicatos, con otros bancos, con los bancos extranjeros, como para mancomunar las acciones siempre en el marco de buscar los acuerdos necesarios para el beneficio común”, dijo el banquero.
Según Hecker, “todo parece indicar” que hubo una estafa contra el principal banco del país. “Si uno tenía fuertes sospechas, el balance del 2019 largamente ocultado, presentado con todos los plazos vencidos, termina siendo un hecho escandaloso. Con un informe de una auditoría externa que renuncia, que era KPMG, y que no responde a las dudas que suscita el propio balance. La verdad es que distintos estudios que se han hecho dan cuenta de que hay un agujero de por lo menos unos US$ 800 millones que no se sabe a dónde fueron. A mi entender son $ 1.000 millones los que se han fugado del país. El balance muestra bienes de cambio que no se han transformado en productos, ni en dinero, ni en nada. Han desaparecido. Se evaporaron”, señaló.
