La educación es, por un lado, fundamental para el desarrollo individual de las personas e imprescindible para alcanzar la igualdad de oportunidades. Y, por otro lado, es fundamental para el progreso científico, tecnológico y económico del país.
Sin embargo, hace seis meses que nos enfrentamos a un Gobierno que entiende a la educación pública como un aspecto secundario para alcanzar la libertad de la que tanto habla. Y la realidad es que sin educación no hay posibilidad alguna de libertad.
Meses atrás, la sociedad, con una masiva marcha, debió poner freno a la embestida contra el sistema universitario público y evitar el desfinanciamiento de los gastos de funcionamiento.
Sin ir más lejos, en marzo Javier Milei lanzó un Pacto de Mayo para refundar la tan golpeada Argentina y en ninguno de sus puntos se hablaba de la educación. Fue la presión del ámbito educativo que obligó a modificarlo e incluirla en la lista que finalmente se firmó el 9 de julio.
Y estos son tan solo dos ejemplos de la situación que está viviendo la educación. Hay una decisión política sistemática de negarle a la educación pública los recursos que necesita para funcionar como corresponde.
Las universidades públicas de nuestro país siempre han sido un ejemplo académico para la región, pero hoy se encuentran frente a un desafío. ¿Cómo se pretende brindar una educación de calidad si los docentes y no docentes no reciben un salario digno? Y este es el gran debate que hoy debemos mirar con atención.
Según informa el Anuario 2022-2023 de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, hay un total de 313.504 cargos, distribuidos en 220.660 personas (220.581 son cargos docentes, 28.716 cargos preuniversitarios, 4.539 autoridades superiores y 59.668 cargos no docentes). En términos de cantidad de estudiantes en 2022, si se considera los que corresponden a grado y pregrado, se desprende que en la gestión estatal hay un total de 2.030.633 y en cuanto a nuevos inscriptos hubo 543.041.
Todas esas personas hoy se ven afectadas por una política nacional que no reconoce ni valora la labor de quienes trabajan en las universidades y se niegan a garantizar salarios dignos. Ese recorte trae no solo gravísimas consecuencias para las familias, que obviamente ven su vida personal seriamente afectada ante la crisis que atraviesa el país, sino que esta situación provoca problemas en la calidad de la educación que reciben los jóvenes que estudian en las universidades. ¿Qué país puede pensar en crecer si sus habitantes no están formados para enfrentar los desafíos del nuevo mundo?
Esta situación impacta, además, en el área científica, en la extensión e investigación de nuestro sistema. Del total de investigadores y becarios en el sistema de ciencia y tecnología, alrededor del 74% pertenecen a universidades nacionales. También es importante señalar que casi el 80% de los investigadores y becarios del CONICET pertenecen a universidades nacionales. ¿Qué va a pasar con estos científicos e investigadores? Tal vez sigamos hablando de la famosa fuga de cerebros.
Los incrementos que recibió el personal universitario durante 2024 están muy por debajo de la inflación que informó el Indec. En lo que va de diciembre a mayo los docentes acumularon una actualización salarial del 61,4%. Sin embargo, la inflación en ese período fue del 122,5%.
De acuerdo con datos difundidos por la Universidad de Buenos Aires (UBA), los profesores universitarios perdieron el 42% de su poder adquisitivo. Además, han tenido una actualización inferior al aumento de los sueldos de los trabajadores estatales.
Sumado a esto, el Ejecutivo se niega a negociar paritarias con los sindicatos, un espacio que permitiría promover la transparencia, abordar las preocupaciones laborales de manera constructiva y establecer un marco que contribuya a la estabilidad y la armonía dentro de las instituciones educativas.
Entonces, no podemos dejar de resaltar, una vez más, que esta situación afecta la calidad de la educación que le estamos brindando a nuestra juventud, que es la que en el futuro va a hacer crecer y desarrollar nuestro sistema productivo. No se trata solo de ajustar salarios, sino de reconocer el valor fundamental que tiene la educación superior en la construcción de un país equitativo y próspero. Las universidades son el motor del desarrollo científico y tecnológico, y esta situación repercute directamente en la capacidad del país para innovar y competir a nivel global.
Es necesario un compromiso firme para garantizar que nuestras universidades puedan seguir formando a los profesionales que el país necesita y proporcionándoles las herramientas y condiciones adecuadas para su desarrollo académico y personal.
Ante esta situación, no podemos mirar para otro lado. El sistema universitario necesita una respuesta urgente del Gobierno. Está en juego el futuro de nuestros jóvenes. Está en juego el futuro de nuestro país.
