El Gobierno Nacional había previsto estar debatiendo la implementación de un nuevo pacto federal para mayo, pero aún no logra consensuar su Ley Bases. Con este problema de timing, el presidente Javier Milei sigue jugando con sus posiciones más intransigentes y algunas posturas más dialoguistas de su gabinete.
A diferencia de una visión difundida sobre las trabas del proyecto de Ley Bases, los gobernadores no son el principal obstáculo a la celeridad en su aprobación. Aunque es claro que hay intereses territoriales que se verían afectados por el proyecto, los hilos de los mandatarios provinciales están enfocados en aumentar las transferencias nacionales y las posibilidades de recaudación que les otorgaría el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.
La oposición al principal proyecto legislativo del oficialismo está ordenada y fundamentada por el eje partidario-ideológico, más que por el territorial. Esto está conectado con el hecho de que el proyecto en su versión actual, más allá del impacto territorial que podría tener alguna de las privatizaciones propuestas, no cuenta con elementos notables de discriminación regional.
En este sentido, el acuerdo con los sectores pragmáticos o cercanos ideológicamente no debería ser muy costoso en términos de las prioridades del oficialismo. Sin embargo, la tardanza en las negociaciones y el hecho de que el presidente haya vuelto a su estilo más confrontativo, permite suponer que el Gobierno no está interesado en una victoria política tanto como en la victoria simbólica que implica no doblegarse "un milímetro" frente a la política tradicional.
Hay tres indicadores que a Milei le quitan las ansias por tener sus Bases; la tendencia negativa de la inflación, la acumulación de reservas y, sobre todo, la resistencia de su imagen frente a la opinión pública. En caso de estimarse que estas tendencias se mantengan a pesar de la caída de la actividad, se podría contemplar la postergación de un pacto federal que pueda cumplir los objetivos estructurales del Gobierno hasta pasadas las legislativas del año que viene.
En este escenario, con una notable intención de voto al oficialismo estarían dadas las condiciones para un acuerdo o fusión con el PRO y apuntar a obtener un escudo legislativo que aumente el margen de propuestas para presentar a un acuerdo federal. Por el contrario, en caso de que el pacto se termine consumando en los próximos meses, son bajas las posibilidades de que se puedan abordar las distorsiones del federalismo fiscal, objeto crónico de las críticas del presidente.
Hoy el Gobierno se puede permitir mantener altos los niveles de confrontación, amenazando con vetar cualquier iniciativa que afecten las arcas públicas, y mantener vivo el miedo a la casta política, responsable principal de la inflación y la recesión. Poco le serviría una cooperación mayoritaria del sistema político que complique la estrategia discursiva que lo exime de la responsabilidad sobre la situación económica actual.
