Sobre un mapa gris pálido, los asentamientos informales se dibujan de a cientos, ubicados sobre todo alrededor de las grandes ciudades del país. La imagen es escandalosa, pero los números no los son menos. Según un relevamiento realizado por la organización Techo y presentado ayer en el Congreso, una de cada diez personas vive en una villa, asentamiento o barrio popular informal, lo que sólo en las 11 jurisdicciones relevadas representa casi 3 millones de personas.
Techo realizó, con la colaboración de universidades, organizaciones, oficinas gubernamentales y ?fundamentalmente? vecinos de los barrios, un relevamiento que abarcó los territorios de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro y Misiones. La datos, recabados mediante encuestas, permitieron conocer y ubicar en el mapa a 2.432 asentamientos, donde viven aproximadamente 650.685 familias. Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, se estimó que al menos 2.993.151 personas viven allí.
“Estos números continúan mostrándonos que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país. Es un escándalo que a 200 años de la declaración de nuestra independencia existan familias viviendo en estas condiciones”, sostuvo Virgilio Gregorini,director ejecutivo de Techo Argentina.
La definición operativa de asentamiento refiere a un conjunto mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a por lo menos dos servicios básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o cloacas).
Según el informe presentado ayer en el Salón de los Pasos Perdidos y disponible en la web, el promedio de antigüedad de los asentamientos localizados es de 28 años. El 21,7% existe desde hace más de 43 años mientras que el 28,5% tiene entre 43 y 24 años. Es decir, más de la mitad de los asentamientos acumulan un cuarto de siglo en la informalidad.
Servicios
El relevamiento detectó que en 7 de cada 10 asentamientos no hay conexión formal a la red pública de energía eléctrica, mientras que en casi todos ellos (95%) los hogares no cuenta con conexión formal a la red de agua corriente. Las conexiones irregulares de agua alcanzan el 62,9% de los casos, al tiempo que el 21,8% obtiene agua de una perforación o pozo.
Por otro lado, el 98% de los asentamientos carece de cloacas, por lo que la mayoría de los habitantes (68,7%) evacua las aguas residuales en un pozo ciego y el 20,4% de ellos utiliza para ese fin una cámara o un pozo séptico. Asimismo, según detallaron, en el 16% de los asentamientos informales la mayoría de las familias bebe agua de pozo y simultáneamente elimina sus excretas a través de un pozo ciego sin cámara séptica, lo que genera un alto riesgo sanitario.
A esto se le suma que el 60% de los asentamientos se inunda cada vez que llueve y que en el 40% no ingresa el camión de basura. Por otro lado, el 70% de los asentamientos tiene dentro de su barrio o a menos de 10 metros un factor de riesgo (23,3% ribera de arroyo, 16,2% camino de alto tráfico, 15,8% basural, 9,5% torres de alta tensión).
Pocos avances
El informe amplió el terreno contemplado en el primer relevamiento, realizado por Techo en 2013. De todos modos, si se acota la comparación al territorio abarcado tres años atrás se observa que donde se encontraron 2.138 asentamientos y vivían aproximadamente 533.110 familias, se ubican ahora 2.062 asentamientos con 594.970 familias. Es decir, se registra más aglomeración en menos asentamientos (lo que puede deberse también a la fusión de barrios).
Desde la organización señalaron que, en la comparación, han registrado “muy pocos avances”. Sólo 40.800 familias que viven en 136 asentamientos mejoraron su acceso a los servicios básicos u obtuvieron un título de propiedad. Para los investigadores las políticas de vivienda y hábitat corren muy detrás de la problemática.
“Es necesario generar políticas estructurales que actúen sobre las causas que dan lugar a la generación de nuevos asentamientos o el crecimiento poblacional de los existentes ?concluyó Gregorini?, específicamente políticas de gestión, producción y regulación de acceso justo al suelo urbano y rural”.
