En abril de 1984, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Ronald Dworkin, uno de los más importantes filósofos del derecho, dictó una conferencia titulada: "¿Puede un Estado liberal subvencionar las artes?".
Allí, entre otras cosas, afirmó que "la elección entre el arte y lo demás no significa optar entre el lujo y la necesidad; la grandeza y el deber. Somos herederos de una estructura cultural y tenemos el deber, por una simple cuestión de justicia, de dejar esa estructura por lo menos tan rica como la encontramos".
Algo parecido dijo el actor argentino Jorge Marrale, en representación de la SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, en el Salón Azul del Senado, en el plenario de comisiones que trataba el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Advirtió que lo aprobado en Diputados ponía en peligro, no solo al sector audiovisual, sino a todo el entramado cultural argentino. "Lo que hace más de 40 años con gobiernos de muy diversos signos políticos fue una política de Estado, hoy parece ser moneda de cambio".
Por su parte, su colega Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual, advirtió que "a la hora de pensar la modificación que se está planteando con el RIGI, allí hay una serie de beneficios para las inversiones que en el área de la producción cultural serían gravosas. Hace años venimos pidiendo que se atienda al sector cultural como industria".
Por cierto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está generando polémicos debates en torno a la razonabilidad de sus políticas de fomento. Los beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros y la asimetría que se establece entre diferentes empresas son, entre otras cuestiones, aspectos sumamente controvertidos.
Al respecto, el sector audiovisual volvió a estar presente en la discusión pública aportando nuevas miradas, que van más allá de la defensa de los organismos del área, tales como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música o el rechazo a la privatización de los medios públicos. Ahora aparece en escena la sustentabilidad del ecosistema audiovisual.
Por caso, el investigador Martín Becerra señaló que la digitalización de las actividades económicas permite a las empresas multinacionales, de manera más pronunciada en el caso de las Big Tech, deslocalizar sus actividades, evitando así tributar en los países donde operan productiva y comercialmente, como sí lo hacen todas las otras empresas que teniendo su actividad en Argentina sí contribuyen al fisco.
Luego, agrega que además de las ventajas previstas para los grupos económicos más poderosos, hay más semejanzas entre el RIGI de Milei y el sistema que, de facto, favorece a las Big Tech eximiéndolas de contribuciones tributarias o reduciéndolas a un aporte marginal: en ambos casos sus beneficiarios principales son conglomerados abocados fundamentalmente a actividades extractivas (naturales en un caso, de datos personales en el otro).
Asimismo, Becerra cita el paper "Economía digital y tributación", de Anahí Amar y Verónica Grondona, publicado por Cepal, quienes señalan que los diversos servicios digitales suelen tener presencia económica significativa en muchos mercados, pero excepcionalmente tienen presencia física, por lo que quedan fuera del alcance de la tributación en muchas jurisdicciones en las que operan regularmente.
En verdad, la razonabilidad del sistema económico y tributario del universo audiovisual ha sido permanentemente debatido.
Por caso, el esquema tradicional por el cual las radios y los canales de TV abierta y de pago financian a la industria cinematográfica, musical y teatral ha generado fuertes polémicas en torno a la justificación de esos subsidios cruzados.
Sin perjuicio de ello, y sin un debate previo, los cambios introducidos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y a la Ley Argentina Digital 27.078 a través de diferentes decretos dictados por el presidente Javier Milei han modificado un tanto este esquema.
Por su parte, las empresas Telecom Argentina, DirecTV y Telefónica Movistar y las asociaciones Cabase (ecosistema de Internet), Cacpy (cableoperadores pymes) y Fecosur (cooperativas telefónicas de la zona sur) presentaron en las Jornadas Internacionales de la ATVC y Cappsa celebradas en 2022 el Manifiesto de la Industria TIC, que incluye una lista de propuestas para el desarrollo de la conectividad en Argentina.
Entre ellas, se propuso equilibrar el marco normativo para nivelar las condiciones de juego entre las plataformas de streaming extranjeras y los operadores regulados, que implique una reducción y simplificación de las obligaciones vigentes.
Más específicamente, pretenden imponer a las mencionadas plataformas la tasa que alimenta el Fondo de Servicio Universal y destinar esos recursos al despliegue de redes en localidades pequeñas y al acceso a conectividad de segmentos de la población vulnerables.
En este orden de ideas, la importancia y complejidad del esquema económico y tributario del ecosistema comunicacional demanda una discusión autónoma y específica, que va más allá del debate general que se está desarrollando en el Senado en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del proyecto de Ley Bases.
No obstante ello, aunque sea parcial y limitadamente, bienvenido sea que esta cuestión aparezca en escena y pueda discutirse.
