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Sigue el caos en Chile: protestas cada vez más violentas y denuncias por tortura contra Carabineros

27 noviembre de 2019

El gobierno de Chile emplazó hoy a Carabineros para que, en una semana, responda a las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante la represión del estallido social que lleva más de un mes, después de que Human Rights Watch (HRW) agregara presión con una nueva denuncia, y mientras las calles vuelven a llenarse de manifestantes.

La administración del presidente Sebastián Piñera dio un ultimátum a Carabineros para que explique su responsabilidad en los hechos de uso excesivo de la fuerza y abusos en detenciones, en las masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, informó que se encargó a la dirección de Carabineros "revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias".

El documento, requerido en un plazo de una semana, deberá incluir "propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y sanciones que correspondan", explicó Recabarren en rueda de prensa, según la agencia de noticias EFE.

https://twitter.com/_Cesar_Munoz/status/1199390629928812546

Esta acción del gobierno se conoció horas después de que HRW divulgara un duro informe que sostiene que efectivos de Carabineros cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluidas lesiones por arma de fuego, torturas y violencia sexual, en línea con el reporte presentado la semana pasada por Amnistía Internacional.

Asimismo, el documento de HRW coincidió con el anuncio hecho hoy mismo por la Fiscalía sobre el inicio de 2.670 investigaciones penales contras las fuerzas de seguridad, por causas similares.

Desde el gobierno de Sebastián Piñera detallaron que 14 carabineros fueron imputados este mes por un fiscal, por el presunto delito de torturas contra manifestantes, y más de 1.000 sufrieron lesiones desde que comenzó el estallido social.

Tras dos días de huelga general progresiva convocada por la Mesa de Unidad Social (MUS), el gobierno de Piñera busca retomar la iniciativa política abriendo la ronda de diálogo con ese bloque opositor, que reúne a más de 150 organizaciones sociales.

La invitación del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, realizada el viernes pasado, se dirigió al bloque sindical del MUS, que está integrado por otros cinco espacios (feministas, ambientalistas, educativo, poblacional y académico), en una nota donde subraya la necesidad de que la reunión sea "a la brevedad posible, para comenzar un diálogo y en este camino, que es una tarea de todos".

"Esperamos que la reunión sea esta semana. Nosotros lo propusimos para después de las movilizaciones. A partir de mañana, estamos disponibles", expresó el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, que declinó precisar el nombre de los asistentes: "Está cerrado quién va a ir a la reunión, pero no lo vamos a decir antes", se limitó a decir, según el portal El Desconcierto.

Luis Mesina, vocero de la agrupación No+AFP (colectivo contra el sistema jubilatorio de capitalización individual) , que también integra la MUS, señaló que el grupo presentará en la reunión un documento "no negociable" que fue "producto del debate que hicieron los sindicatos a lo largo del país".

El documento, titulado "Pliego de los y las trabajadoras de Chile", expone 10 puntos en torno a los cuales el grupo quiere abrir la discusión: un salario mínimo nacional de $500 mil pesos (US$ 650), efectivo derecho a huelga, jubilaciones mínimas equivalentes al salario mínimo, canasta de servicios básicos protegidos, una modificación tarifaria al sistema de transportes, entre otros.

Entre los puntos más relevantes, señala el dirigente, figura "una nueva Constitución elaborada a partir de una Asamblea Constituyente".

Este punto, acordado por un grupo de legisladores el pasado 15 de noviembre, aún aguarda definiciones sobre la "letra chica" (paridad de género en la Asamblea Constituyente, cupos a pueblos originarios y quórum de aprobación), además de concitar el rechazo de un porcentaje significativo de los manifestantes que lo consideran un acuerdo "cupular".

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