Desde 2019, América Latina ingresó en una fase de tensión social explícita. En algunos casos, eran tensiones preexistentes que, por algún gatillo o gota que rebalsó el vaso, se hicieron explícitas. Llegaron a “la calle”. Hoy, el foco es Cuba, pero hace poco era Colombia, que inundó las calles tras un anuncio impositivo del presidente Iván Duque.
Antes, Perú, Ecuador y hasta el prolijo Chile cayó en la volteada. Esa tensión se replica en otros países, en su mayoría emergentes (pero no únicamente). En Sudáfrica, por ejemplo, hasta ayer murieron más de 70 personas por enfrentamientos violentos tras la detención del expresidente Jacob Zuma.
La pospandemia augura tensiones en alza. A veces, los episodios se contienen y no reverberan. Quedan ahí. A veces siguen, con implicancias electorales o nuevas políticas de contención.
En Chile, además de todo eso, el proceso iniciado hace algunos años desembocará en una nueva Constitución, con amplios efectos de todo tipo. Los económicos, desde ya, serán parte del paquete. Algunos lamentan que no quedarán vestigios del exitoso modelo chileno aunque otros, más sensatos, reflexionan que tan exitoso no era.
“Las protestas impulsadas por las consecuencias económicas de la pandemia van en aumento, con consecuencias económicas potencialmente duraderas. Las protestas pueden ser catalizadores de reformas políticas y cambios sociales. Pero, ¿qué impacto tienen en la economía?”, se preguntan Metodij Hadzi-Vaskov, Samuel Pienknagura y Luca Ricci en una nota publicada en el sitio web del FMI.
Según el último Indice de Paz Global, el número de disturbios, huelgas generales y manifestaciones antigubernamentales en todo el mundo ha aumentado en un asombroso 244% en la última década. Los bloqueos y los temores de contagio forzaron una pausa temporal. Pero en prácticamente todas las regiones del mundo, los manifestantes están regresando.
Las causas van desde la frustración por el manejo de la crisis por parte de los gobiernos hasta el aumento de la desigualdad y la corrupción, factores que tienden a aumentar las tensiones y disparidades existentes y han provocado disturbios sociales como consecuencia de pandemias anteriores.
“Utilizando el Indice de Malestar Social Informado (RSUI), un índice desarrollado por el personal técnico del FMI basado en la cobertura de la prensa, encontramos que los costos económicos a corto y mediano plazo del malestar social pueden ser bastante grandes, especialmente en los mercados emergentes y las economías en desarrollo”, agregan los autores.
En el corto plazo, señalan, una nueva ola de malestar podría afectar la recuperación.
En su documento de trabajo, Hadzi-Vaskov, Pienknagura y Ricci estiman el impacto macroeconómico de los disturbios sociales durante el período 1990-2019. Además, identificaron los disturbios sociales y los clasificaron en tres categorías, según la causa subyacente del detonante: político, socioeconómico y mixto.
Un ejemplo del mundo real: las manifestaciones que siguieron a la elección del expresidente de México, Enrique Peña Nieto en 2012 o las elecciones presidenciales de Chile en 2013. Ambos redujeron las trayectoria esperada del PIB ante de que se gatille el conflicto.
En comparación, las protestas de julio de 2019 en la Hong Kong y las protestas de los “chalecos amarillos” de 2018 en Francia provocaron una reducción del PIB de alrededor de un punto porcentual.
“Estos efectos sobre el PIB parecen estar impulsados ??por fuertes contracciones en la manufactura y los servicios y el consumo. Nuestros hallazgos también sugieren que el malestar social afecta la actividad al reducir la confianza y aumentar la incertidumbre”, señalan los autores del informe.
El impacto adverso de los disturbios suele ser mayor en países con instituciones débiles y espacio de políticas limitado. “Por lo tanto, se espera que los países con fundamentos débiles antes de la pandemia sean los que más sufran si el descontento social se convierte en malestar”, agregan.
El impacto económico de los disturbios también difiere según el tipo de evento: las protestas motivadas por preocupaciones socioeconómicas dan como resultado contracciones más pronunciadas del PIB en comparación con las asociadas principalmente con la política y/o las elecciones.
Las manifestaciones provocadas por una combinación de factores socioeconómicos y políticos, no muy diferente a lo observado en Túnez y Tailandia a principios de 2021, tienen el mayor impacto.
Las protestas públicas pueden ser una expresión importante de la necesidad de cambiar las políticas. “Los gobiernos deben escuchar y responder, pero también deben tratar de anticipar las necesidades de las personas con políticas destinadas a brindarles a todos una oportunidad justa de alcanzar la prosperidad. Impulsar el empleo, contener el impacto a largo plazo de la crisis y proteger a los que se han quedado atrás deben seguir siendo prioridades. Para garantizar el éxito y evitar conflictos, una investigación reciente del personal técnico del FMI señala que las reformas requieren un amplio diálogo social sobre el papel del Estado y cómo financiar de manera sostenible las presiones presupuestarias”, señalan.
De lo contrario, los costos económicos de la pandemia (ya muy altos) “probablemente se verán agravados por los de los disturbios subsiguientes”.
