El 23 de julio, España se encamina hacia unas elecciones generales anticipadas que podrían afectar significativamente al marco de la política económica, especialmente a mediano y largo plazo. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE), convocó elecciones poco después de sufrir importantes pérdidas de poder territorial en los comicios regionales y municipales del 28 de mayo.
El objetivo de la convocatoria anticipada era evitar que el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), de centro-derecha liberal-conservador, ganara más empuje electoral antes de los comicios previstos inicialmente para diciembre. Además, Sánchez ha centrado toda su campaña en asustar al votante moderado con el "hombre de saco" de Vox, señalando a dicho partido como poco menos que la reencarnación del difunto Francisco Franco.
Según los últimos sondeos, el PP aventaja por mucho al PSOE, y la brecha parece estar ensanchándose después de que el cara a cara electoral dejara al desnudo la escasa habilidad de Sánchez para contrarrestar los golpes dialécticos del sosegado líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Sin embargo, los sondeos muestran que el PP no alcanzaría la mayoría absoluta en la Cámara Baja, de 350 miembros, lo que significa que necesitará el apoyo de Vox, un partido con postulados y un ideario más claramente escorados a la derecha, para gobernar.
Por el contrario, los socialistas contarían con el apoyo de una red más amplia de partidos regionalistas y de extrema izquierda, lo que significa que, de sumar, podrían formar una mayoría parlamentaria y mantener el control del Gobierno a pesar de obtener menos escaños que el PP.
Un gobierno de coalición entre PP y Vox se inclinaría, sin duda, por políticas más favorables al mercado. En concreto, podría emprender la senda de la tan necesaria consolidación fiscal (la deuda pública de España sobrepasa el 110% del PIB) mediante la contención o reducción del gasto, al tiempo que reduciría los impuestos sobre las empresas, las personas físicas y la propiedad y simplificaría la maraña de normas empresariales, lo que probablemente estimularía la actividad inversora nacional y fomentaría la entrada de inversión extranjera.
Además, podría reformar el sistema de seguridad social para reducir el abultado déficit del sistema de pensiones y reforzar su sostenibilidad financiera, que se ha visto tan afectada por una contrarreforma aprobada por la actual coalición gobernante de izquierda y extrema izquierda.
Un Gobierno liderado por el PP verosímilmente derogaría medidas inspiradas en el populismo fiscal como la suba temporal del impuesto sobre "los más ricos". Además, podría tratar de flexibilizar, aunque de forma no especialmente considerable, la normativa laboral, para dar impulso a la creación de empleo. La tradicional postura pro-mercado del PP podría estimular la inversión empresarial, que ha languidecido desde que el PSOE tomó el poder a mediados de 2018.
Y finalmente, un Gobierno de corte liberal abrogaría la leyes sorbe control de alquileres introducidas por el Gobierno saliente, lo que representaría una verdadero balón de oxígeno para la inversión inmobiliaria y la consecuente baja de los alquileres.
En el frente del desembolso de los fondos de la Unión Europea, un cambio de Gobierno puede traducirse en una revisión de los planes de inversión, actualmente muy sesgados hacia la transición verde. Dicho lo cual, la consecuencia más importante podría consistir en la renuncia a la parte de los fondos UE que no son transferencia sino préstamos, lo que redundaría en un menor endeudamiento del Estado español.
Por el contrario, la continuación de un Gobierno socialista se centraría en la continuación de sus políticas asistencialistas, hostiles al libre mercado y de suba de impuestos. Además, se vería forzado a prolongar la política de transferencias fiscales para regiones como Cataluña y el País Vasco, cuyos diputados serían cruciales para la reelección de Sánchez. La necesidad de cumplir los criterios establecidos por Bruselas para seguir recibiendo dinero del fondo de recuperación de la UE probablemente representarían el único freno a las políticas de gasto en déficit y subsidios generalizados.
De todas formas, independientemente de quién salga ganador en las elecciones, el nuevo Gobierno deberá enfrentar importantes retos.
En el ámbito fiscal, hay que sanear unas finanzas públicas debilitadas por años de gasto alegre.
Además, resulta necesario empezar a trabajar en reformas importantes en varios sectores para dinamizar la productividad, ya que el país va a la zaga de sus competidores europeos en términos de crecimiento de la productividad. Por si fuera poco, habrá que mitigar los efectos más perniciosos de una transición energética impregnada de ideología intervencionista e inspirada en modelos anticuados de ingeniería social.
España se juega mucho en estas elecciones, y con ella la Unión Europea en su conjunto. Después de la victoria de las fuerzas de centro-derecha en Italia y luego en Grecia, el ascenso de un Gobierno de corte liberal-conservador en otro país mediterráneo confirmaría la tendencia hacía un cambio de sentimiento político de los electores del sur de Europa y ayudaría a moldear las políticas europeas, que se parecen cada vez más al producto arrogante de una burocracia fuera de control, en un sentido menos intervencionista y más respetuoso con las iniciativas y las libertades individuales.
