Hoy comenzó la Cumbre por la Democracia convocada por el presidente Joe Biden. En su discurso inaugural advirtió sobre los retrocesos para la democracia que se observan en varios países entre los que incluyó el suyo citando como ejemplo el asalto al Capitolio el 6 de enero. Es un dato positivo que Estados Unidos ponga al compromiso con la democracia al frente de su estrategia de política exterior porque las credenciales del país en esa materia fueron dañadas luego de la presidencia de Trump.
El expresidente todavía no reconoce la derrota con lo cual siembra dudas sobre la transparencia del proceso electoral de Estados Unidos y durante su mandato se acercó a dictadores y minimizó la importancia de los derechos humanos.
Por cierto que la convocatoria de Biden tiene el objetivo de aislar a Rusia y a China cuyo gobierno pretende demostrar la superioridad de su sistema político para la resolución rápida de los problemas. Para lograr ese objetivo el criterio para cursar las invitaciones, que llegaron a 110, fue bastante laxo.
Siempre que se arma una lista hay discriminación a partir de los criterios que se establezcan. En la lista de invitados de Biden están todos los parientes cercanos, pero también algunos que son primos lejanos de la democracia. Según el informe del Carnegie Endowment for International Peace que tiene su sede en Washington, el 69% de los participantes, entre ellos Argentina, pueden considerarse libres mientras que el 28% solo lo son parcialmente y 3% directamente no los son.
De acuerdo al estudio de Carnegie, Argentina tiene argumentos muy sólidos para formar parte de la cumbre y lo mismo surge del índice de libertad que elabora Freedom House, una institución muy respetada.
Considerando a la región, Argentina tiene mejores notas que Brasil y México en materia de funcionamiento del sistema político y de libertad de expresión, rubro en lo que también supera a Chile.
A nivel global, Argentina queda por detrás de Canadá y los países de Europa Occidental, pero supera claramente a los demás.
Los índices demuestran que en Argentina se respeta la libertad de expresión, que las elecciones son limpias y sus resultados reconocidos por todos los participantes. Y a que a pesar de la grieta, hay lo que se conoce como “patriotismo institucional”, el compromiso por parte de todos los actores políticos para que el sistema democrático funcione adecuadamente.
