En junio de 2026 la Casa Blanca discutió una idea que hasta hace poco parecía marginal.
El gobierno de Estados Unidos tomaría participaciones accionarias en las grandes compañías de inteligencia artificial (IA) y las depositaría en un fondo soberano, luego los rendimientos llegarían a los ciudadanos como dividendos.
La propuesta tuvo padres improbables en el presidente Donald Trump y el senador Bernie Sanders desde la izquierda y así como la propia OpenAI en un documento de política publicado en abril. Cuando un empresario, un socialista y un presidente republicano coinciden en algo conviene preguntarse qué vio cada uno.
Un fondo soberano es un vehículo de inversión propiedad del Estado. Noruega tiene uno alimentado por el petróleo que supera los $2 billones. Alaska paga dividendos anuales a sus residentes desde hace medio siglo con uno similar. La novedad no es el instrumento, sino el activo. Por primera vez un Estado occidental consideró la toma de posiciones en las compañías que producen la tecnología más estratégica de su época, no para financiar jubilaciones sino para algo más profundo.
El motivo verdadero no es fiscal porque el Estado norteamericano entendió que el poder de estas compañías crecerá hasta rivalizar con el suyo. Frente a eso aplicó la lógica antigua de si no puedes vencerlos, únete a ellos. Ser accionista significa sentarse en el directorio, ver los modelos antes que nadie y votar las decisiones que definirán quién manda en las próximas décadas. Esto resulta en gobernanza disfrazada de inversión.
Aquí la aritmética societaria importa y casi nadie la explica.
El capital de estas compañías está disperso entre fondos de inversión, fundadores y empleados que rara vez votan con criterio propio. En ese paisaje fragmentado no hace falta tener la mayoría para mandar. Alcanza con ser el bloque más grande y más coordinado. El Estado actúa como un solo accionista con una sola voluntad. Una pluralidad suficiente le da en la práctica lo que la mayoría le otorga en la teoría. Los controles de exportación de chips, que muchos citan como la gran palanca estatal, son un instrumento tosco en comparación porque prohíben o permiten desde afuera. Así, un lugar en el directorio decide desde adentro.
La historia ya ensayó este experimento y conviene contarlo porque su final fue instructivo. En 1600 la corona inglesa otorgó a un grupo de mercaderes el monopolio del comercio con Asia y nació la Compañía de las Indias Orientales. Durante 150 años fue un negocio privado con bendición estatal, aunque luego se convirtió en otra cosa. Esta compañía reclutó un ejército propio que llegó a duplicar al británico, conquistó Bengala en 1757 y pasó de comerciar con un imperio a administrarlo. Entre tanto, el Estado británico creyó usarla como instrumento barato de expansión. El recurso creció hasta invertir la relación, tanto que en 1772 la Compañía quebró pero el Parlamento la rescató porque ya era demasiado grande para caer. Para favorecerla aprobó en 1773 la Ley del Té, que desató la rebelión de las colonias americanas. Así, una decisión tomada para salvar el balance de una empresa costó un continente. El Estado británico tardó hasta 1858 en recuperar el control directo de la India y solo lo logró después de un motín que incendió el subcontinente.
La lección no es que el Estado deba alejarse de la corporación, sino que la fusión nunca es simétrica por mucho tiempo y se resuelve a favor de quien controla el recurso escaso. En el siglo XVIII era el comercio asiático, hoy es el cómputo y los modelos de IA.
El mecanismo de la inversión es preciso y vale la pena desarmarlo. Apenas el Tesoro posee acciones de una compañía de IA, cada decisión regulatoria adquiere un costo presupuestario directo.
Dividir la compañía por razones de competencia destruye un activo fiscal, al tiempo que exigir más seguridad en los modelos reduce la valuación del fondo que paga dividendos a los votantes. El regulador queda convertido en accionista y el socio no acepta que su empresa pierda.
Estados Unidos ya conoció esa trampa con Fannie Mae y Freddie Mac, las gigantes hipotecarias entrelazadas con el Tesoro que resultaron imposibles de disciplinar hasta que estallaron en 2008. El Estado gana un canal de influencia sobre la compañía y la empresa obtiene una palanca institucional permanente dentro del Estado. La autonomía se paga con gobernanza y esta se paga con autonomía.
Queda el problema de la frontera, nadie sabe qué es una compañía de IA. OpenAI y Anthropic lo son sin discusión, pero Nvidia fabrica los chips, Microsoft posee los centros de datos y Blackstone los financia. Cualquier lista será arbitraria y la discrecionalidad será una fuente de poder. Estar en la lista se traducirá protección implícita, contratos estatales y un escudo contra la quiebra, sin embargo, quedar afuera será equivalente a competir contra rivales que tienen al Estado en el directorio.
Por eso el conflicto que viene no será entre el Estado y las corporaciones sino entre las corporaciones que quieran al Estado adentro y las que no.
Algunas abrirán la puerta con entusiasmo, porque un accionista estatal es la mejor póliza de seguro jamás inventada cuando garantiza rescates, ahuyenta reguladores hostiles y eleva barreras contra los competidores. Otras resistirán porque entienden que el socio estatal nunca se va y que sus prioridades cambian con cada elección. El resultado previsible es un mercado partido en dos castas. Habrá por un lado compañías cortesanas, y por el otro empresas intrusas. Las primeras crecerán al amparo del favor oficial y las segundas enfrentarán al Estado como regulador y competidor al mismo tiempo, porque el Estado normará un sector en el que tiene intereses de cartera. Eso ya tiene nombre en la historia económica, se llama mercantilismo y la Compañía de las Indias Orientales fue su criatura más perfecta.
El desenlace no está escrito. Mientras el Estado conserve el monopolio de los chips avanzados mantendrá la ventaja aún como accionista. El día que las compañías controlen una capacidad que el Estado no pueda replicar ni embargar, la flecha de la influencia se invertirá, con acciones o sin ellas. La participación accionaria no causará esa inversión, sino que la acelerará, porque le dará a la corporación un asiento permanente dentro del aparato fiscal de su propio regulador.
Entre tanto, la frontera entre lo público y lo privado no desaparecerá de golpe. Esta se volverá borrosa primero e irrelevante después. Y la historia sugiere que cuando esa frontera se borra, quien termina gobernando no es el que tiene los votos sino el que tiene la gallina de los huevos de oro.
Las cosas como son.
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