Han pasado más de dos semanas desde que tembló Venezuela y el número de muertos confirmados supera las 3.000 personas, con cerca de 10.000 heridos y, todavía, 50.000 desaparecidos. Cifras aún provisorias y, sobre todo, destinadas a seguir siéndolo. Porque desde hace casi tres décadas el rasgo fundamental del régimen chavista es uno solo: ocultar la verdad.
Quien conoce la historia reciente del país sabe que nunca se llegará a un recuento definitivo. El problema no es logístico sino político. En Caracas se ha vuelto imposible cuantificar cualquier fenómeno: las víctimas de una catástrofe natural, los resultados de las elecciones, la evolución de la economía, incluso las reservas petroleras.
Bajo el chavismo los datos no sirven para describir la realidad sino para proteger y perpetuar el poder. Lo único cierto será la magnitud de los terremotos en la escala de Richter, un dato medido por parte de EE.UU.
Esta negativa a rendir cuentas acompaña al régimen chavista desde sus orígenes. El precedente más emblemático tiene que ver justamente con La Guaira, la misma región golpeada hoy por el sismo.
El 15 de diciembre de 1999, apenas meses después de la asunción de Hugo Chávez, Venezuela estaba convocada a votar el referéndum constitucional destinado a entregarle al chavismo la carta fundamental con la que gobernaría el país durante décadas. En esos días, sin embargo, un diluvio con más de 900 milímetros de lluvia en tres días devastó la costa caribeña. Fue una de las peores calamidades naturales de la historia reciente de América Latina.
Ante una tragedia de esas proporciones, cualquier gobierno hubiese postergado la votación para concentrar todos los recursos en el auxilio. Chávez hizo lo contrario.
A quienes pedían posponer el referéndum les respondió citando a Bolívar: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos obedecer". Las urnas permanecieron abiertas mientras el barro arrasaba pueblos enteros. Todavía hoy se desconoce el número de víctimas. El gobierno nunca ofreció un balance creíble y las estimaciones independientes oscilan entre setecientos y cincuenta mil muertos. Una diferencia de previsiones impresionante que inauguró el método chavista en el manejo de la verdad.
La opacidad se extiende a todos los ámbitos de la vida pública. El ejemplo político más reciente son las elecciones presidenciales de julio de 2024. Nadie sabrá jamás con precisión por cuántos votos perdió Nicolás Maduro frente a Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado. El régimen simplemente mantuvo en secreto las actas electorales y se proclamó vencedor.
Aún más impenetrable es el terreno económico. Ya desde 2014 el Banco Central dejó de publicar con regularidad las principales estadísticas macroeconómicas. Desde entonces Venezuela atravesó la recesión más grave jamás registrada por un país que no está en guerra. Según el Fondo Monetario Internacional, el PBI se contrajo alrededor de dos tercios, mientras el país experimentaba una de las peores hiperinflaciones de la historia económica contemporánea y casi ocho millones de personas emigraban al exterior, dando origen a la mayor crisis migratoria de la historia reciente latinoamericana. Y sin embargo, ni siquiera hoy es posible medir con precisión las dimensiones del colapso.
Lo mismo vale para el petróleo. En teoría, Venezuela posee las mayores reservas del mundo: más de 300.000 millones de barriles. Pero hasta pocos años antes no llegaban a 100.000 millones.
Fue Chávez, mediante una decisión política, quien reclasificó los recursos de la Faja del Orinoco, triplicando de golpe el dato oficial. Desde entonces esa cifra sigue apareciendo en las bases de datos internacionales, mientras la capacidad extractiva del país cayó a mínimos históricos por efecto de la corrupción y la falta de mantenimiento de las instalaciones.
La ausencia de datos confiables obstaculiza incluso el último intento de estabilización financiera. Hasta pocos días antes del terremoto, Caracas venía negociando con los acreedores internacionales la reestructuración de la deuda soberana. El plan preveía un acuerdo con los inversores privados y, posteriormente, con el FMI. Pero la operación se ve extremadamente complicada por un hecho elemental: nadie conoce con certeza ni el monto de la deuda pública ni el valor real del PBI. En consecuencia, hasta la relación deuda/PBI sigue siendo una incógnita. Ahora se habla de una deuda cercana a los US$ 240.000 millones, muy por encima de las estimaciones que circulaban hasta hace pocos meses, que la ubicaban entre US$ 150.000 y US$ 200.000 millones.
También por eso la definición de un plan de reestructuración avanza con extrema cautela. No sorprende que, pese a la reanudación de las relaciones institucionales con el FMI tras siete años de congelamiento, el proceso siga todavía en una fase preliminar.
En un país que ha convertido la manipulación de los datos en un instrumento de gobierno, es difícil imaginar que algún día se publique un balance fiable de las víctimas del sismo.
Así, también la magnitud de esta tragedia corre el riesgo de sumarse al archivo de los grandes misterios del chavismo. Así, la responsabilidad del régimen no se limita a infraestructuras deterioradas, prevención inexistente y demoras en el auxilio, sino que incluye también la decisión sistemática de sustituir la realidad por la propaganda. Para los venezolanos, la esperanza es que esta sea la última tragedia encubierta por las mentiras del régimen.
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