Por Federico J. Hirsch Veloso y Clarisa Demattei (*)
Luisa González o Daniel Noboa, entre estos dos nombres está el próximo presidente de Ecuador. Luego de las elecciones presidenciales del 20 de agosto que se realizaron anticipadamente debido a la muerte cruzada decretada por el actual mandatario Guillermo Lasso, los resultados arrojaron la necesidad de un ballotage estipulado para el 15 de octubre con el fin de elegir al nuevo presidente hasta mayo de 2025.
González en la primera vuelta obtuvo el 33% de los votos y es la candidata apoyada por el ex presidente Rafael Correa.
Por otro lado, Daniel Noboa, del partido Revolución Ciudadana e hijo de Álvaro Noboa, el empresario más rico del país, logró el 23% de los sufragios y es el candidato que engloba a la oposición.
Sus primeras propuestas fueron generar empleo dando un impulso a los jóvenes y atraer inversión extranjera. También aludió a militarizar los puertos y fronteras del país para frenar el tráfico de drogas.
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo el debate entre los candidatos, en el que la candidata de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), Luisa González, partía con desventaja ya que según los últimos sondeos de intención de voto Daniel Noboa le saca más de 11 puntos.
Ambos trataron temas como la economía (Noboa prometió la baja de los precios en el sector eléctrico y de los combustibles mientras que González remarcó que propone el fortalecimiento de la dolarización), las políticas educativas (Noboa propuso declarar internet como recurso básico y de acceso universal y la creación de escuelas técnicas y la candidata de la Alianza ADN dijo que devolvería los desayunos escolares) o incluso temas de política exterior a nivel regional como las relaciones con Cuba y con Nicaragua y el posible acercamiento a Estados Unidos.
Sin embargo, el tema principal fue la problemática de la inseguridad debido a que está campaña electoral está absolutamente atravesada por la violencia política y la crisis carcelaria, que se agravó tras el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, apenas unos días antes de la primera vuelta del 20 de agosto, que demostró cómo el crimen organizado permeó no sólo en la sociedad ecuatoriana sino también en las instituciones políticas.
En ese sentido, González aseguró US$ 500 millones para fortalecer la policía y controlar las cárceles, en un contexto en el que más de 400 personas han sido asesinadas estando en prisión, entre ellos dos de los sospechosos de haber asesinado a Villavicencio por parte de grupos que quisieron silenciarlos.
Por su parte, Noboa expuso su plan 'Fénix' que contiene la creación de cárceles en barcos para aislar a los detenidos junto con el establecimiento de una central de inteligencia, entre otras medidas.
Hoy en día Ecuador es uno de los países más peligrosos y con mayores tasas de inseguridad en América Latina, algo impensado hace algunos años. Su ubicación geográfica, entre dos de los mayores productores de droga del mundo, Colombia y Perú, sumado a su salida al Océano Pacífico a través de principalmente el puerto de Manta, cuyo alcalde también fue asesinado este año por grupos de crimen organizado y por último su economía dolarizada, hacen que el narcotráfico haya permeado fuertemente en sus instituciones a tal punto que la crisis de seguridad no solamente sea un tema de política interna sino también ha despertado el interés de Estados Unidos.
En los últimos días se anunció que tropas estadounidenses podrán hacer operativos de corta duración en Ecuador, después de que Quito y Washington firmaran un acuerdo para el envío de fuerzas militares terrestres y marítimas para combatir el narcotráfico. El integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dan Crenshaw, informó a un medio local que el acuerdo se firmó durante la reciente visita del mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso al país del norte.
Bajo un clima de incertidumbre y con un alto porcentaje de indecisos, los ecuatorianos concurrirán a las urnas este fin de semana y en sus manos está la posibilidad de decidir seguir la tendencia de los últimos años hacia la izquierda, bajo la presidencia de González y un potencial indulto al ex mandatario Correa o, por el contrario, inclinarse hacia un presidente que llega al poder denunciando a la política tradicional.
En ese punto, Ecuador podría seguir la tendencia de América Latina en dos sentidos: En primer lugar, que el oficialismo, salvo el caso de Paraguay, no logra reelegirse para un nuevo mandato.
Y, por otro lado, nuevamente se da un caso en donde un candidato que se autoidentifica como outsider logra llegar a la segunda vuelta electoral, como ha sucedido en Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala en los últimos tiempos.
Pero en el caso ecuatoriano se abre un nuevo interrogante vinculado con la seguridad como un tema coyunturalmente propio: ¿Alguno de estos dos potenciales presidentes controlará la situación de violencia descontrolada del país? ¿Tendrá Estados Unidos una participación similar a la que tuvieron en México o Colombia para controlar el narcotráfico? ¿Y cuál podría ser eventualmente ese resultado?
(*) Licenciados en Relaciones Internacionales (UCA)
