Por Alessandro Falagario y Paolo Rizzo
Las medidas implementadas a nivel mundial para detener el avance de la pandemia han afectado al narcotráfico. Las organizaciones criminales de Latinoamérica han sido obligadas a realizar varios cambios de gestión interna y a variar su propia oferta. De hecho, sus actividades se han visto complicadas por el aumento de los controles policiales y la reducción de la movilidad humana.
Considerado el deseo de mantener activos sus negocios, las bandas criminales han sido obligadas a invertir en territorios menos explorados en lugar del tráfico de drogas, el contrabando, la extorsión y el control del paso de migrantes a través de las fronteras. Además, los precios que cobran los contrabandistas de personas (“coyotes”) y los proveedores de drogas han aumentado sensiblemente durante el último año, ya que se ha hecho más difícil cruzar las distintas fronteras.
La pandemia ha provocado, por ejemplo, el surgimiento de un mercado negro de equipos médicos y medicamentos. Se han detectados robos de suministros médicos como mascarillas, desinfectantes de manos e incluso equipos de detección de coronavirus. Han aumentado los delitos cibernéticos, al igual que el fraude financiero en línea, dado también el aumento de las transacciones virtuales. El uso de servicios como el sexo en línea y los sexcams, muchos de ellos controlados por redes organizadas, ha aumentado considerablemente. Asimismo, otra tendencia detectada ha sido el desarrollo de la entrega a domicilio de bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas y servicios de prostitución.
Por un lado, las bandas criminales han tenido que hacer frente a restricciones de transporte y un aumento de controles para hacer cumplir las cuarentenas. Pero, por otro lado, las fuerzas de seguridad pública se han concentrado en los centros urbanos favoreciendo las actividades del crimen organizado en zonas rurales más desatendidas.
En muchas de las zonas más vulnerables de América Latina, el crimen organizado ha obligado a la población local a respetar el confinamiento, haciendo cumplir las normas de comportamiento público. Además, ha entregado paquetes de ayuda y otras necesidades a los más necesitados ejercitando así un control adicional sobre los territorios en los que operan. Es decir, que el crimen organizado ha suplantado el papel del Estado.
En Brasil, los traficantes de drogas del Comando Rojo (Comando Vermelho - CV) en la favela “Ciudade de Deus” de Río de Janeiro han ido de puerta en puerta y han utilizado altavoces para imponer toques de queda, amenazando a los residentes con violencia si salieran de sus casas fuera de las horas designadas.
Según las Naciones Unidas, en Bolivia, las turbulencias políticas a finales de 2019 y los retos relacionados la propagación del Covid-19 han limitado la capacidad de las autoridades estatales de controlar el cultivo de coca, lo que podría dar lugar a un aumento de la producción. La contemporánea reducción de las oportunidades de distribución, debido al confinamiento, indica que los mercados locales podrían estar almacenando drogas. El aumento de la producción podría dar lugar a un exceso de oferta de drogas, lo que podría llevar a un aumento de la disponibilidad de narcóticos de bajo costo.
Organizaciones como FARC en Colombia, las Pandillas MS13 y Barrio18 en El Salvador o el cártel de Jalisco en México han tenido la oportunidad de consolidar el control, ganarse a los ciudadanos y cultivar el apoyo. Aparecieron, además, vídeos de individuos armados que entregaban ayuda con su logotipo en los bultos que entregaban. El crimen organizado ha desarrollado aún más su “rol social”, desempeñando en el contexto de la pandemia, como distribución de bienes y servicios a las comunidades vulnerables, teniendo capital político y legitimidad con las poblaciones locales.
El crimen organizado se ha adaptado rápidamente al nuevo escenario socioeconómico causado por la pandemia. En paralelo, la crisis económica ha limitado la capacidad de los Estados de frenar la producción de drogas. Además, los gobiernos disponen ahora de menos fondos para programas de lucha contra el crimen y han perdido el control de los territorios que más han sido afectados para la pandemia.
Pero no se trata de una guerra perdida. El primer paso es tomar conciencia de la gravedad de la renovada amenaza representada por el crimen organizado. Pero, sobre todo, el Estado necesita volver a ejecutar su poder en todo el territorio. Al fin y al cabo, las poblaciones locales piden seguridad, orden, resolución de disputas y condiciones para generar empleo. En pocas palabras, servicios que puedan generar una alternativa ante los grupos criminales.
